Río Negro tendrá un régimen de testigos protegidos
Fue sancionada hoy en la Legislatura de Río Negro una ley que crea el régimen de testigos protegidos en la Provincia para resguardar a las personas que pudieran aportar o aporten información o pruebas en hechos delictivos que por su gravedad en la organización y/o comisión, causen conmoción a la comunidad o a sus instituciones, pudiendo incluirse en el régimen las víctimas del proceso.
Las medidas necesarias para la protección de estas personas serán requeridas por las partes del proceso penal al Juez de trámite, quien resolverá de manera fundada.
El Juez dispondrá la protección de las personas cuando por las características de la investigación se presuma la existencia de peligro cierto para la vida o integridad física de las personas o de su grupo familiar conviviente. El Juez interviniente podrá disponer todas las medidas que estime necesarias para preservar la identidad de los testigos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de resguardar la contradicción en el proceso.
La aplicación de las medidas especiales de protección de personas de que se trate, deberán durar el menor plazo posible en función de las circunstancias que le dieron origen y no podrán exceder de la oportunidad en que recaiga sentencia judicial firme en la causa correspondiente. Estas medidas podrán igualmente cesar en cualquier etapa del proceso por pedido del Juez de la causa.
Excepcionalmente y con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y por pedido de las partes o de oficio, el Juez podrá prorrogar fundadamente el plazo de aplicación de estas medidas, o disponer nuevas.
Los testigos protegidos deberán ser custodiados y resguardados en su integridad psicofísica todas las veces que deban concurrir a estrados a prestar declaración testimonial. En casos excepcionales podrá tomarse declaración en un lugar distinto de aquél recurriendo, en caso necesario, a procedimientos audiovisuales que permitan garantizar el derecho de defensa y la contradicción.
Además, la ley establece la creación del Fondo Permanente del Programa de Protección a Testigos, por la suma de 500 mil pesos, el cual tendrá como destino la ejecución de las medidas ordenadas por el juez interviniente, modificándose el mismo conforme a la normativa vigente. El fondo dependerá del Superior Tribunal de Justicia, o de quien este determine, conforme reglamentación que regule su ejercicio y mecanismo de actualización.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, votado en única vuelta, fue informado en Cámara por la legisladora Tania Lastra (JSRN), quien sostuvo que la iniciativa mejora el sistema de protección de testigos vigente, entendiendo que su articulado pregona por el resguardo de garantías contenidas en la Constitución Nacional y tratados internacionales de mismo rango, oportunamente ratificados e incorporados al plexo normativo basal, y permite además un adecuado ejercicio y control del programa, determinando límites y pautas claras tanto para la administración como para el administrado.
Aclaró que si bien se enuncian distintas medidas de protección, el Juez podrá disponer las que estime necesarias para el caso en concreto y siempre que se verifiquen condiciones mínimas pero de insoslayable cumplimiento. Entre estas, las condiciones de admisión y permanencia en el programa, la declaración jurada de someterse al régimen de protección y las restricciones personales que ello implica, y las condiciones de exclusión del sistema de protección de testigos.
“Todo esto ante el entendimiento de que la protección de testigos es un derecho del sujeto y de la parte que lo propicia, pero su ejercicio debe ser regular y adecuado a normativa clara y precisa. Además la ley limita la cantidad de testigos protegidos que pueden someter a dicho régimen, entendiendo el carácter excepcional del régimen”, expresó.
La legisladora afirmó que el proyecto “lleva claridad y certeza a la protección de
testigos en el ámbito provincial, lo que redundará en un beneficio para el avance y la resolución de causas penales graves”.
Aprueban creación del “Registro Provincial de Condenados por delitos contra la Integridad Sexual”
Se aprobó hoy en primera vuelta en el Parmento rionegrino la creación del Registro Provincial de Condenados por delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), que contendrá la información provincial y nacional de condenados por delitos contra la integridad sexual.
Entre sus objetivos, el registro prevé brindar la información a los Jueces y al Ministerio Público Fiscal sobre los condenados por delitos de carácter sexual juzgados en el ámbito de Río Negro y de otras jurisdicciones provinciales, fundada en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba para evaluar la reincidencia de un procesado.
El legislador Ariel Rivero (FpV), impulsor de la iniciativa junto a Alejandro Marinao, detalló en el recinto los alcances del proyecto. Explicó que el registro incluirá también información de los condenados por delitos contra la integridad sexual de otras jurisdicciones provinciales y que deberá ejecutar medidas de vigilancia y seguridad sobre condenados que se encuentren bajo el régimen de libertad condicional y sobre condenados que usufructúen del derecho de arresto domiciliario o estén sometidos a una condena condicional.
En el ReProCoIns se consignarán huellas dactilares, fotografías, historial criminal, cicatrices, señales, tatuajes, grupo sanguíneo, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales valorativos del historial delictivo de los condenados por delitos. Asimismo se debe garantizar el acceso en forma fluida a la información bajo la orbita del Registro Nacional de Reincidencia, de manera tal que cruzar esos datos con los contenidos en el RePriGAS.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro es la autoridad de aplicación del ReProCoInS.
El Instituto de Asistencia a Presos y Liberados de Río Negro tendrá a cargo de las medidas de vigilancia y seguridad de los condenados. Deben comprobar periódicamente y elevar un informe al ReProCoInS sobre: lugar de residencia, trabajo a que se dedica y conducta que observa.
El establecimiento penal, en donde se encuentra alojado el interno comunica al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y al ReProCoIns la salida de todo condenado por razones de cumplimiento de condena, libertad condicional o salida transitoria, dentro de los dos (2) días corridos, de producido el hecho. En un mismo sentido, comunica su salida no autorizada o evasión.
Además, el proyecto aprobado por unanimidad contempla la creación del Registro provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (RePrIGAS), para almacenar y sistematizar la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que es obtenida de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos.
La realización del examen genético y la incorporación de la información al RePrIGAS se efectuarán únicamente por orden judicial. El juez ordena de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética y su inscripción en el registro.
Las constancias obrantes en el RePrIGAS, son de contenido reservado y sólo pueden ser suministradas a Jueces y miembros del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en el Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código Penal, con el objeto de contribuir a la investigación judicial.
La información genética almacenada no puede ser retirada de los registros bajo ningún concepto y sólo es dada de baja por caducidad de la misma.
En el recinto, el legislador Facundo López (JSRN) coincidió con el miembro informante del FpV, Ariel Rivero, en que el registro será una herramienta eficaz para trabajar en la prevención de estos delitos y que, entre otras ventajas, permitirá acelerar los procesos penales. Sin embargo planteó reparos hacia algunos artículos sobre “cuestiones cercanas a la incostitucionalidad”, que pidió sean atendidas entre primera y segunda vuelta. Por su parte, Soraya Yauhar (UCR) expresó que el registro es una herramienta de avanzada en cuanto a la protección de derechos, y Javier Iud (FpV) adhirió a las consideraciones de los distintos legisladores que manifestaron su acompañamiento al proyecto.
