El juez federal Claudio Bonadio procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.
Fuentes judiciales informaron a NA que además, el magistrado trabó un embargo en contra del actual diputado nacional por 1000 millones de pesos. En la misma resolución fueron procesados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
También fueron procesados los ex integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. A estos últimos y los exsecretarios de transporte le fijó embargos sobre sus bienes de hasta 900 millones de pesos.
Adrián Maloneay, abogado del exministro, informó a través de un comunicado que “es evidente que este procesamiento responde a las continuas presiones y demandas persecutorias contra De Vido formuladas por el Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, el letrado sostuvo que “en el apuro por mitigar los efectos de lo ocurrido la semana pasada, se lo procesa por hechos por los que todavía deben declarar otras 200 personas”.
A De Vido y demás procesados les fijó la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse el primer día hábil de cada mes, y concurrir a Comodoro Py para notificarse de la medida y el embargo dentro de las próximas 72 horas.
Se imputa a los exfuncionarios el “haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente de 609.326.186,25” de pesos.
Además, “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”.
En ese sentido, el juez los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema “destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, según concluyó el juez.
Según la resolución del juez, “en el 82 por ciento de los casos las auditorías de la CNRT detectaron que las empresas recorrían un kilometraje inferior al que se estaba declarando hasta ese momento para el cálculo del subsidio”.
Hasta tanto las empresas se sometieran al control de la tarjeta SUBE y un GPS en casa unidad, los subsidios se entregaban de dos formas: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial del de la puesta a venta en el mercado.
“El Secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal, que fue luego mantenido por los siguientes Secretarios”, según Bonadio.
La falsedad en los kilómetros recorridos fue gracias a que en una resolución de 2003 la secretaría de transporte fijó que sólo se haga a través de declaraciones juradas sin ningún tipo de control.
Bonadío determinó que las auditorías arrojaron la falsedad de datos así como el direccionamiento en el otorgamiento de subsidios a determinadas empresas, y que pese a ello los exfuncionarios no realizaron la denuncia correspondiente.
“De ese modo, se terminaban entregando sumas de dinero y cupos de gasoil a precio diferencial superiores a los que correspondían”, agregó.
“El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por su parte, abusando del cargo que ocupaba, permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo. En efecto, las entregas ilegales de subsidios eran dispuestas por la Secretaría de Transporte de la Nación, que entre los años 2003 y 2012 dependía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y los kilometrajes eran convalidados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado que también actuaba en la órbita del mismo ministerio”, añadió en su fallo.
Los subsidios tildados de irregulares fueron otorgados a las líneas 17, 22, 29, 39, 41, 42, 47, 59, 61, 62, 64, 67, 79, 86, 92, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 129, 133, 134, 140, 141, 150, 160, 163, 165, 193.
Inlcuso, el juez remarcó que en el caso de la empresa “Transporte Interprovincial Rosarina S.A.”, durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 “se le otorgaron cupos de gasoil a precio diferencial sin que prestara servicio alguno”.
En ese sentido, la semana pasada el juez dispuso citar a 251 empresarios de las distintas líneas a raíz de haber recibido estos subsidios: fueron 403.193.117,2 entregados en dinero y unos 205.376.919,61 en litros de gasoil a precio diferencial entregados.
“Esto corrobora que no se trataba de hechos aislados, sino que existía un sistema de corrupción”, concluyó el juez.
AFSCA: procesaron a Sabbatella por irregularidades en el reparto de subsidios por
$ 10 millones
El juez federal Luis Rodríguez procesó al extitular de la ex AFSCA Martín Sabbatella por presuntas irregularidades cometidas en la entrega de subsidios por parte de ese organismo en orden a los $ 10 millones a distintas organizaciones comunitarias.
La sospecha es por la entrega de $ 9.906.010 en subsidio durante su gestión al frente de la AFSCA, y que fueron canalizadas sin previamente realizar valuación de proyectos ni análisis de gastos.
Tras la imputación del fiscal Carlos Stornelli, la investigación apunta también a que ese dinero podría haber sido desviado para las campañas políticas de Sabbatella como candidato a vicegobernador bonaerense en las elecciones de 2015.
La denuncia fue hecha por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel de Godoy, y en la investigación también fue procesada Andrea Conde, quien era directora de Proyectos Especiales del organismo oficial.
Los subsidios fueron entregados a cuatro organizaciones: Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Asociación Civil Cine en Movimiento, de Morón, Cooperativa de Trabajo Activa Limitada, y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral.
En su dictamen, el fiscal Stornelli consideró que “la formación de la comunicación popular se confundió con la difusión de política partidaria”.
La fiscalía evaluó que en el caso de los subsidios otorgados a FARCO, no figura petición del foro, ni llamado a concurso, ni evaluación del proyecto, ni un análisis de presupuesto que justifique la erogación de fondos.
El procesamiento es por defraudación por administración fraudulenta y embargos por diez millones de pesos tal cual firmó el juez Rodríguez.
Por su parte, el líder del espacio “Nuevo Encuentro”, criticó la decisión de la Justicia y fustigó al macrismo: “El plan de Macri es que en esta campaña electoral no se discuta el presente sino el pasado. Quieren esconder la dura realidad que viven los argentinos y argentinas con fallos y resoluciones absurdas contra quienes formamos parte del Gobierno anterior”.
En un comunicado, el exintendente de Morón afirmó que la causa es “impulsada por el propio Gobierno”. “Nos acusaron, primero, por tratar de que Clarín cumpla la ley y, ahora, porque apoyamos, fortalecimos y fomentamos al sector comunitario de la comunicación.
Imputaron a la precandidata Fernanda Vallejos por no declarar empleos públicos
El fiscal federal Federico Delgado imputó a la primera precandidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos, por supuesta “omisión maliciosa” debido a que no habría informado en su declaración jurada de 2014, al ingresar a la Cámara de Senadores, otros dos trabajos que supuestamente tenía en el Ministerio de Economía y en la Cámara de Diputados de la Nación.
“Daremos impulso formal a la investigación”, resolvió Delgado en el dictamen que presentó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien le pidió que se requiera la declaración jurada cuestionada y “cada uno de los documentos que registran los actos administrativos a través de los cuales se habría designado a Fernanda Vallejos para los cargos”, según el texto al que accedió Télam.
Vallejos fue denunciada a raíz de una investigación de un portal de Internet “Borderperiodismo.com” por el abogado José Magioncalda -de la organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional- y, ahora, el fiscal la imputó y dio impulso a la investigación en su contra.
“Debemos distinguir dos dimensiones de los hechos, por un lado la existencia o no de incompatibilidades; por otro, la omisión de información en la declaración jurada que hace a la falsificación de la información que esa declaración precisamente persigue constatar”, advirtió el fiscal.
Delgado sostuvo que debe investigarse si Vallejos omitió informar en su declaración jurada y, por otro lado, “si estaba prohibido ocupar en forma simultánea los cargos que Fernanda Vallejos habría ocupado, lo cual deberá ser evaluado en las instancias administrativas pertinentes y eventualmente en la justicia criminal con la mediación de los dictámenes técnicos correspondientes y/o el testimonio cualificado de expertos en la materia”.
“Este último camino es más largo y no obsta al avance en relación a la hipótesis que es clara y distinta que Fernanda Vallejos habría ocultado información y así falsificado su declaración jurada”, concluyó.
Además, Delgado pidió que, una vez “constatada la hipótesis delictiva”, se convoque a Vallejos a declaración indagatoria.