De no mediar imprevisto, el juicio por la desaparición y homicidio del joven trabajador salteño, Daniel Solano, tendría como fecha de inicio el mes de febrero del año próximo. El proceso demandaría cuatro meses en los que declararán más de 250 testigos.

La información fue brindada por fuentes judiciales consultadas por este medio y confirmada por el abogado de la querella, Sergio Heredia.

Esta semana se supo que la ex Cámara Segunda del Crimen de Roca que tramita la causa bajo el código procesal anterior al que esta en vigencia.

“Reservaron 4 meses de audiencias que comienzan el 15 de febrero del 2018 y llegan hasta mayo. Previendo entre 4 ó 5 testigos por día ante un total de entre 260 o 270 testigos que están previstos. Esto último puede variar porque las partes pueden desistir de algunos. Pero en principio es lo que esta ofrecido”.

Lo que hizo la Cámara junto con la Oficina Judicial fue reservar esos 4 meses para que a ese tribunal no le programen juicios importantes en ese mismo período previendo que van a estar abocados casi exclusivamente al caso Solano.

La confirmación de la fecha reservada dependerá de lo que suceda de acá a esa fecha.

El principal condicionamiento es que las partes terminen de hacer su ofrecimiento de pruebas, que están abocadas en ese proceso. En caso de que se haya demoras las partes en el ofrecimiento de pruebas, “la idea es empezar el 15 de febrero”, adelantaron.

Se calcula que las partes terminaran de ofrecer prueba antes de diciembre, previo al inicio de la feria judicial.

La Cámara está integrada por los jueces María Melina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín como presidente del tribunal. Mientras que la fiscalía está a cargo de Teresa Giufrida, aunque no se descarta que también constituya la parte acusadora el fiscal Andres Nelli.

“Hay un procesamiento firme, y el requerimiento de elevación a juicio fundado en indicios suficientes, testigos y otros elementos de prueba que así lo avalan para llevar a los imputados a juicio y lograr una condena, más allá de los resultados que arroje la medida de la querella”, comentó fiscal.

En este proceso, que es la causa principal, dado que a partir de ella se han desprendido más de una veinte más, serán juzgados un total de siete policías.

Tras conocerse la decisión de la justicia de avalar la bajada al jagüel, un profundo pozo de entre 80 y 100 metros, para buscar los restos del joven desaparecido Daniel Solano, el fiscal Daniel Zornitta brindó detalles de cómo se llevará a cabo la pericia.

Desde el Ministerio Público Fiscal se pidió, para ejecutar lo ordenado por el Juez de garantías Roberto Gaviña, la intervención de Gendarmería Nacional para asegurar el predio. Además trabajará el Cuerpo de Antropólogos Forenses de la Corte Suprema de la Nación, y el Gabinete de Criminalística de la Regional IV.

“Tal como indica el art. 55 del Código Procesal Penal vigente desde el 1 de agosto, nosotros ejecutamos y controlamos una prueba que ofrece la querella que representa a la familia Solano. Es por ello que los fondos para solventar a la empresa que hará la diligencia, los provee esa parte”, aclaró Zornitta. Respecto al control de la ejecución de la medida de prueba se limitará el ingreso y egreso de personas al lugar.

“Se llevará a cabo una nueva audiencia para informar al Tribunal quién va a ser veedor tanto de la defensa como de la querella y también se dictará una orden de allanamiento para poder ingresar al campo La Manuela”, explicó el fiscal. “Una vez allí, se hará una base para instalar una especie de torre de perforación, ya que no bajará ninguna persona al pozo”, agregó. Toda la remoción del material se hará de manera mecánica.

Cabe mencionar que con el acompañamiento de la Oficina Judicial se hará un registro audiovisual de lo que ocurra los días que dure el procedimiento.

La causa principal se lleva adelante ante la ex Cámara Criminal Segunda de Roca y serán juzgados siete efectivos policiales. Tres como presuntos coautores del delito de “desaparición forzada de personas en concurso real con vejaciones”; otros tres como presuntos “partícipes primarios” en el delito de desaparición forzada de personas y el último como presunto “partícipe secundario” por los delitos de “desaparición forzada de personas”.