La política habitacional y las dificultades para poder avanzar en los planes de vivienda proyectados son los aspectos sobresalientes del conjunto de temas tratados en la última asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda que sesionó en Jujuy con participación rionegrina.
Uno de los puntos estuvo ligado con el análisis de la Ley Nacional Nº 27.271, que creó los instrumentos de préstamo, ahorro e inversión en Unidades de Vivienda (Uvis), cuya principal función es la de captar el ahorro de personas físicas y jurídicas o de titularidad del sector público y destinarlo a la financiación de largo plazo en la adquisición, construcción o ampliación.
Sus objetivos generales son estimular el ahorro, promover el crecimiento económico y el empleo a través de la inversión de viviendas.
El presidente del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), Jorge Barragán, expuso su mirada crítica en ese marco de deliberaciones. El funcionario explicó a “Río Negro” luego de ese encuentro que la gente no siempre puede hacer frente a un crédito, y las empresas no cuentan con suficiente capacidad de endeudamiento. Indicó que la repercusión obtenida de la Nación a su inquietud, es que “se insistirá con el modelo nacional”.
A esa preocupación se suman las proyecciones para la política habitacional que implican unos 14.000 millones para el Plan Techo Digno, que significan 11.000 unidades para todo el país. Barragán reveló que el 40% se los lleva la Provincia de Buenos Aires con lo cual “quedan para distribuir 6.000 en todo el país, y de ese total a Río Negro (sólo) le quedan 300”.
Un tercer aspecto abordado por la asamblea fue la construcción sustentable de viviendas buscando generar ahorro energético.
En ese sentido, el titular del IPPV anticipó que la Nación “nos dará lugar” para reconocer un costo mayor de las viviendas que se construyen en la cordillera y que cuentan con material de aislamiento (cementado y aberturas más herméticas) distinto al que se emplea en otras zonas de la Provincia. Durante las deliberaciones, el secretario de Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, habló de la posibilidad de construir viviendas sociales con madera, con un cupo mínimo de un 10%, añadiendo que las provincias tienen que sumarse a estas decisiones políticas para “bajar el déficit habitacional”. Sobre este punto, Barragán indicó que por ahora significa un gesto de voluntad porque se requiere de un certificado de aptitud nacional por la tipología de vivienda, a excepción que se puede usar como alternativa los cielorrasos de “machimbre”.