La bronca que provocó el kirchnerismo entre quienes sufrieron en carne propia sus métodos para combatir a la disidencia política provoca en estos días un nuevo perjuicio: muchas personas con indiscutible trayectoria democrática no están pudiendo analizar el proceso de detenciones de dirigentes del gobierno anterior y reemplazan esa ausencia de reflexión por una ruidosa y extraña celebración. Es muy humano lo que les ocurre: ven caer al enemigo que, hace poco, era poderoso y amenazante. Tal vez por eso sea oportuno abrir preguntas sobre un punto que es nodal para cualquier democracia.

Amado Boudou es el nuevo integrante de la larga lista de detenidos vinculados al Gobierno anterior y que, antes de él, ya integraban Milagro Sala, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Víctor Manzanares, José María Nuñez Carmona, César Milani, Claudio ‘Mono’ Minnicelli, José López, Armando Pérez Gadín, Omar ‘El Caballo’ Suárez y Juan Pablo ‘Pata’ Medina.

A primera vista, para muchas personas puede parecer la concreción de un sueño: en el país donde nadie nunca va preso por corrupción, finalmente, las cosas están cambiando. Personajes que hace muy poco tiempo eran muy poderosos ahora están entre rejas. Es muy difícil discutir esta percepción. Y, ojalá, quién dice, tengan razón.

Sin embargo, en todo este razonamiento, existen algunos puntos problemáticos. El primero de ellos es que todas estas personas detenidas, de acuerdo a la ley, son inocentes. Es probable que, si el proceso contra ellas continua, dejen de serlo. Pero, para eso, se requiere una condena. La libertad de un ser humano es un valor central para cualquier democracia. Por eso, su detención solo debe ser producto de una condena de un tribunal colegiado y, solo en casos muy excepcionales, producirse en etapas preliminares de un proceso.

En los casos de presos kirchneristas la excepción pasó a ser algo habitual. Todos son apresados sin condena previa.

El segundo problema radica en quiénes toman las decisiones. Acaba de llegar a las librerías El libro negro de la Justicia, una magnífica investigación de Gerardo ‘Tato’ Young. Sus páginas son estremecedoras. Allí se cuenta cómo durante los últimos 25 años, los jueces federales de primera instancia, casi sin excepciones, formaron parte de un sistema que garantizó la impunidad de los poderosos, a cambio de enriquecerse. Quienes debían vigilar, eran cómplices. Y así pasó lo que pasó. Parte del mecanismo consistía, cada tanto, en detener a los caídos en desgracia o apuntar contra opositores.

Si se convalida esta seguidilla, puede ser que esos jueces federales hayan incrementado su poder hasta el infinito: desde ahora, podrán detener a quién quieran, sin necesidad de que nadie les pregunte demasiado. Hoy es Boudou. ¿Quién será mañana? ¿Están seguros quienes festejan hoy que el clima actual durará para siempre? ¿Y entonces? ¿Quién celebrará cuando uno de los federales detenga a quien le ordene un poder de signo inverso al actual? ¿Se entiende por qué, en lugar de celebrar, tal vez haya que recuperar la capacidad de pensar?

Hay en este momento un debate evidente entre quienes interpretan las detenciones de kirchneristas como si se tratara de un virtuoso proceso de reparación y quienes denuncian que, en realidad, solo se trata una persecución de opositores que, al mismo tiempo, cumple un rol disciplinador de todo el sistema de poder. Es difícil saldar esa discusión en tiempo récord. Sin embargo, algunos ejemplos ayudan a entender cómo se podrían realizar las cosas, de tal manera que toda la sociedad se sienta tranquila.

El primero de esos ejemplos es la causa por la tragedia de Once. En solo tres años y medio, ese expediente recorrió desde los primeros requerimientos del fiscal de primera instancia hasta las condenas del tribunal Oral. En todos esos pasos, se concluyó lo mismo: que poderosos empresarios y funcionarios del gobierno anterior eran culpables. Todo eso ocurrió durante el gobierno que era acusado, no luego de un cambio de poder. Nadie fue detenido en ese período. En pocas semanas más, se conocerá la sentencia de Casación. Si, como todo sugiere, es confirmatoria, los acusados irán a la cárcel. Y nadie podrá alegar que se trató de una persecución. Sería, lisa y llanamente, la justicia en acción.

El segundo ejemplo es el Lava Jato. Si alguien quisiera, podría divertirse con el Juego de las 7 diferencias, entre lo que ocurre en Brasil y lo que sucede acá. En Brasil, han sido detenidos dirigentes de todos los partidos políticos. Acá, solo de uno. En Brasil, caen detenidos empresarios de primer nivel. Aquí, solo políticos o, en todo casos, empresarios integrados al poder político anterior. En Brasil, los jueces no son sospechosos de frenar o acelerar procesos judiciales según el clima político o su necesidad de supervivencia. Acá ocurre exactamente lo contrario.

El método para que la Justicia finalmente impere en la Argentina puede ser rápido, paciente, abarcativo, y por lo tanto, creíble: es el camino que sugiere el proceso por la tragedia de Once. O puede instalarse un método más expeditivo y, por llamarlo de alguna manera, más venezolano. “Viva la República”, tuiteó hoy Carrió. ¿Seguro que esto es la República? ¿Un vicepresidente espantoso detenido por una justicia espantosa?

El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad en conducir este proceso por un camino razonable y democrático y no por el que celebran aquellos que quieren sangre. Lo mismo le cabe a intelectuales, abogados y dirigentes políticos liberales que apoyaron a Cambiemos porque imaginaban una democracia más abierta y respetuosa: detener a una persona sin condena previa debe ser una excepción y se está transformando, peligrosamente, en una regla. Comerse a los caníbales, era la vieja expresión que ideó Jorge Luis Borges.

En octubre del año 2014, Amado Boudou fue procesado por primera vez. En ese contexto, tuve la oportunidad de entrevistarlo para la señal Todo Noticias, junto a Marcelo Zlotogwiazda. Fue una entrevista notable por el contexto. Hasta ese momento, Boudou solo iba a 678, donde decía todo lo que se le ocurría mientras sus entrevistadores asentían amables, como esos perritos de los autos que mueven la cabeza hacia arriba y hacia abajo.

Mientras preparábamos la nota, le dije a Zloto:
-No entiendo por qué nos da esta nota. Está hasta las manos. Salvo que tenga alguna carta oculta o que se sienta demasiado omnipotente. Si preguntamos bien, va a quedar muy en evidencia que es un ladrón.

Al salir de la nota, no tuve dudas: Boudou era culpable.

No solo eso. En abril de 2012, pocas semanas después del 54%, un juez decidió allanar a Boudou por primera vez. El entonces vicepresidente hizo un escándalo. Respaldado por Cristina Fernández, se presentó ante las cámaras, y logró que apartaran de la causa al fiscal, al juez y que renunciara el Procurador General de la Nación. Tal vez ese día, de oficio, Lijo podía haberlo detenido: el vicepresidente, a la vista de todos, obstruía el desarrollo del proceso en su contra. Pero, en ese momento, Boudou tenía poder. Y los jueces federales de la Argentina, como bien lo enseña el libro de ‘Tato’ Young, no avanzan contra los poderosos.

Boudou debería ir preso, al igual que la mayoría de los que están condenados. Pero la democracia impone reglas muy precisas para que eso ocurra. Y no son las actuales. De la misma manera, el gobierno debería emprender un agresivo proceso de reforma judicial, para que sean personas respetables, idóneas e independientes las que conduzcan este proceso.

No es lo que está sucediendo.

En el año 2005, el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín escribió una hermosa novela llamada La conspiración de la fortuna. En una de sus páginas, advierte: “Primero fue el rumor de que el nuevo Gobierno quería un personaje del viejo para meterlo en la cárcel y echarlo a las furias del ágora, alimentadas por el Gobierno mismo. Luego vino el linchamiento en forma, con todos los agravantes de la consigna y la compra de los linchadores. Era un viejo rito nacional. Cada cierto tiempo, después de una revuelta fallida, de un motín o de un cambio de Gobierno, el país y sus gobernantes sentían la necesidad de quemar un puñado de infidentes en la hoguera de la indignación pública. Los dueños del poder daban así una prueba de rigor contra el abuso, con bajo costo para ellos y alto para sus rivales… Entre más castigos ejemplares había, más insuficientes parecían los castigos, entre más muestras de rigor daban los Gobiernos, más sospechas de culpables impunes había en el aire. Una vez que se suelta, la inquisición pública tiene más sed de culpables que de Justicia, pero su rabia no lleva a la Justicia sino a la manipulación”.

México y la Argentina son dos países muy diferentes. Pero, al final del día, somos todos seres humanos: nos gusta ver en picada a un enemigo, aplaudir con ingenuidad procesos complejos, vengarnos de heridas pasadas y creer que se resuelven problemas históricos, aun cuando tal vez se estén creando otros más graves.

Por Ernesto Tenembaum

Los millones que La Mancha de Rolando facturó en shows oficiales con Boudou de vice

La banda liderada por Manu Quieto fue la cortina musical del kirchnerismo y particularmente del ex vicepresidente. La militancia le abrió las puertas a la facturación en distintos programas y festivales oficiales. El rol de De Vido y La Cámpora. La caja millonaria del Ministerio de Cultura. Ahora, algunos integrantes de la banda son asesores ad honorem del diputado provincial Ottavis. Conocé las cifras en esta investigación.

 

Los usó como su primera respuesta política. Cuando en 2012 estalló el escándalo del caso Ciccone, la reaparición pública del ex vicepresidente Amado Boudou fue en un escenario, guitarra en mano, junto a La Mancha de Rolando, la banda de rock que se transformó en unsímbolo de la militancia artística K. Fue en Calafate, en un megashow organizado por la intendencia, la Fiesta del Lago, y transmitido por la TV Pública. Entonces Boudou no habló sobre la imprenta ni sobre sus socios Alejandro Vandenbroele o José María Núñez Carmona. De hecho, no habló de nada, pero igual dio una respuesta: al lado de Manuel Quieto, el cantante de la banda, mostró una remera con la leyenda “Clarín miente”.

El dislate del ex vice de aparecer tocando algunos acordes junto a la banda no era algo nuevo: La Mancha de Rolando había elevado su perfil y participado en un sinnúmero de shows de la campaña electoral 2011 que consagraría a Boudou como vicepresidente de la reelecta Cristina Fernández de Kirchner. El propio candidato, entonces, esperó los resultados electivos en los mitológicos estudios Del Cielito, que fueron comprados por la banda. Aquel acompañamiento, en teoría militante y gratuito -ya que no se consignó, al menos, en los gastos de campaña- devino con el tiempo en un negocio redondo para la banda: Mientras Boudou estuvo en la Rosada, La Mancha de Rolando facturó, al menos, 4.812.009 pesos con 84 centavos en concepto de shows auspiciados y organizados por el gobierno nacional en diferentes puntos del país y siempre de entrada gratuita. Es decir, un promedio de 1,2 millones de pesos por cada año de Boudou vicepresidente.

Los datos son oficiales. #BORDER accedió a la facturación de la banda tras presentar una batería de pedidos de acceso a la información pública presentados entre diciembre y enero pasados ante el Ministerio de Cultura de la Nación, ahora a cargo de Pablo Avelluto. El pedido tuvo una intención clara: La Mancha de Rolando no fue una banda musical más que mostró afinidad con el discurso oficial. Fue casi la banda sonora orgánica del poder K y como tal, subyacía la duda de si la militancia implicaba y el apoyo político también beneficios desde el Estado. Por ello desde #BORDER decidimos recurrir al uso de una herramienta legal para conocer los números de esta historia.

En tiempos del kirchnerismo, la ex ministra Teresa Parodi y el ex secretario Jorge Cosciafueron los encargados finales de pagar los servicios de la banda amiga de Boudou. En las respuestas oficiales, obligadas por ley, además, se desprenden otros detalles. Para cobrar cachets, la banda recurrió a diferentes sociedades, integradas por miembros de la banda y/o su ex mánager Cristian Faga. Los primeros pagos informados se hicieron a través de la firma Vicente Producciones SRL, durante 2011 y 2012. En 2013 recurrieron a Contenidos Musicales Argentinos SRL. Y desde 2014 hasta el final del kirchnerismo, facturaron a través de Igor Argentina SRL. En la mayoría de los expedientes informados por ley a #BORDER desde Cultura de Naciónlas contrataciones se especifican como “reconocimiento de gastos”. Según fuentes administrativas consultadas, la metodología consistían en que la banda primero tocara y luego presentara la factura, evitando así licitaciones o compulsas, una modalidad que la actual gestión de Cultura dio de baja. Así, La Mancha de Rolando era elegida a dedo y ubicaba en muchos shows en los que la logística corría por parte de los municipios donde se realizaban. Con este sistema, los pagos habrían logrado salir con mejor velocidad que en los estándares habituales del Estado. De hecho, en el ambiente musical, otras grupos de mayor distancia con el oficialismo solían requerir la gestión de los integrantes de La Mancha de Rolando para destrabar pagos. Esos “gastos” en rigor, serían el cachet de la banda, que en 2012, rondaba entre los 50 y 80 mil pesos, aunque varias facturas superaron esos valores con el tiempo, hasta los 150 mil.   Sin bien los 4,8 millones de pesos son una cifra considerable para una banda que, al menos durante kirchnerismo, pocas veces tocó en shows privados, la suma sería apenas una fracción que pudo reconstruirse con expedientes oficiales. El paso del tiempo, la desprolijidad administrativa y la maraña burocrática conspiraron contra el acceso a la información. Desde Cultura informaron a #BORDER sobre 23 contrataciones a favor de La Mancha de Rolando por 30 shows especificados.

Los primeros dos expedientes datan de 2007, en el marco de un programa denominado “Música en las Cárceles” y de 2010, para la celebración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, un acto celebrado en Plaza de Mayo, que tuvo un sinnúmero de artistas en escenario, con shows destacados de Charly García y Calle 13. Entonces Boudou era ministro de Economía y el edificio de la AFIP fue cubierto con una bandera que rezaba “Con Néstor y Cristina”. La Mancha de Rolando cobró por su presencia en aquel acto, pero el monto de esta contratación y de la del 2007 no pudieron ser desarchivados hasta el cierre de esta nota. Estos dos expedientes no cuentan con montos explicitados, y no serían los únicos huecos en la ruta de la facturación. En 2011, la banda amiga de Boudou fue contratada en el marco del programa “Café Cultura”, por dos presentaciones en otro festival oficial llamado“Maravillosa Música”, en Córdoba y Misiones, y para la “Fiesta Patria Popular”, que fue el acto oficial de la reasunción de Cristina reelecta, en la que se la vio en el escenario junto a Florencia Kirchner, Boudou y su entonces novia Agustina Kampfer. Allí la banda tocó su hit “Arde la ciudad”, el tema por el que ya había intimado a Mauricio Macri para que no lo usara en su campaña electoral porteña. Por aquel show en Plaza de Mayo, el grupo liderado por Manu Quieto facturó $60.500 y por ese año, $215.950.

Para 2012, La Mancha de Rolando consiguió fechas en festivales oficiales como “Costanera Rock”, en Villa María, Córdoba; “Verano 2012”, en San Clemente del Tuyú y en Pinamar, en la costa bonaerense tan afín a Boudou, y otra fecha de “Maravillosa Música”, en Esquel, Chubut. Todo pagado por Cultura de Nación, por $284.126,84 pesos. Ese año estalló el escándalo Ciccone que puso en la mira judicial a Boudou. Pero su banda siguió tocando.

2013 fue un gran año para La Mancha de Rolando. Con los shows pagados por el Gobierno nacional obtuvo $1.876.933, la mayoría por el programa “Festivales Para Todos” que llevó a la banda a tocar en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Jujuy, Corrientes, dos veces en La Pampa y otras dos en Tierra del Fuego. Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, la costa bonaerense y dos veces en Corrientes fueron las fechas oficiales que facturó la banda durante 2014, por el programa “Festivales para Todos”. Además sumó una fecha en Santa Fe, por otro plan oficial, el “Igualdad Cultural”, que era organizado en conjunto por Cultura y por el Ministerio de Planificación, comandado por Julio De Vido. Los datos oficiales por este año revelan una facturación de la banda por $1.175.000.