Organizaciones e instituciones que han acompañado durante muchos años el reclamo de justicia de la familia Solano por el asesinato de Daniel, en noviembre del 2001, advierten que a casi dos meses y medio de la culminación del juicio que concluyó en siete condenas a prisión perpetua para los policías de la fuerza provincial, la causa se encuentra aún sin sentencia firme. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene que pronunciarse sobre los recursos de casación presentados por los defensores de los policías condenados y hasta que esto no suceda permanecerán en libertad.
Quieren expresar que es inaudito que el Ministro de Seguridad y la cúpula de la Policía de Río Negro, no hayan avanzado en separar efectivamente de la fuerza a los culpables de este aberrante crimen, quienes hasta el día de hoy siguen formando parte de la institución policial con una suspensión preventiva.
Tienen el convencimiento de que el problema no son los recursos judiciales, los cuales forman parte de las garantías constitucionales, sino que la justicia debe actuar con celeridad y más aún cuando se ve implicado el propio Estado en el crimen juzgado y condenado.
Vale tener muy presente que durante el desarrollo del juicio los propios acusados, y hasta incluso otros miembros de la fuerza policial, intentaron amedrentar a testigos y familiares de la víctima buscando instalar la impunidad. Y hoy, ya condenados, siguen en libertad, poniendo en riesgo los procesos judiciales y sosteniendo el pacto de silencio. Ese pacto que esconde el destino final del cuerpo de Daniel Solano junto con la complicidad empresarial y política.