El Senado convirtió en ley el proyecto que determina que el acoso callejero es una forma de violencia contra la mujer, y dio media sanción a otro que establecela ilicitud de la violencia política. Respecto de la primer iniciativa, los legisladores presentes aprobaron de manera unánime la modificación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para así incluir la tipificación de esta conducta.
En concreto, el proyecto establece penas contra las ofensas a las mujeres que tengan lugar “en espacios públicos o de acceso público, transportes y centros comerciales” y la define como “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo”.
“La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de acoso sexual callejero por parte de varones que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo“, afirmó la presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, Norma Durango, a la hora de fundamentar su voto.
De esta manera, el acoso callejero comenzará a formar parte de artículo 6 de la ley, el cual define las distintas formas a través de las cuales se manifiestan los distintos tipos de violencia contra la mujer. La violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstetricia y mediática son las que ya se encuentran contenidas en el mismo.
La iniciativa, presentada por la entonces diputada Diana Conti, había sido aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2017. Y las últimas cifras publicadas acerca del tema confirman que la problemática no cede.
De acuerdo a un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina sobre la seguridad personal de las mujeres y el transporte público, en 2017 del total de personas que expresó haber sufrido dos o más situaciones de acoso callejero en el último año el 89% son mujeres.
Más aún, el Observatorio Ni Una Menos indicó que el 100% de las mujeresexperimentaron algún tipo de acoso a lo largo de sus vidas.
Respecto del acoso callejero en concreto, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias por acoso sexual callejero en la Justicia porteña crecieron más de 50% en 2018 con respecto al año anterior, mientras que las vinculadas a exhibiciones obscenas aumentaron más de 40%.
El proyecto aprobado establece también la implementación de una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres.
También “insta a las fuerzas de seguridad a actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos”.
En tanto, la iniciativa referida a la violencia política define a la conducta como aquella que “mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres.
La mayoría de las mujeres hemos sufrido o presenciado violencia política. Estamos buscando ser escuchadas con la misma fuerza que son escuchados los varones”, indicó la senadora de Cambiemos Gladys González sobre la propuesta, también modificatoria de la ley 26.485, y que será enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación.
El Senado aprobó el financiamiento político
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que habilita a las empresas a realizar aportes de campaña, pero el peronismo no logró incorporar a los sindicatos como sujetos habilitados.
Con 47 votos a favor y 2 en contra, la Cámara alta aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que las empresas podrán realizar aportes de campaña (algo prohibido por la normativa actual) por hasta el 2% de los gastos habilitados.
La iniciativa se aprobó con los votos de Cambiemos, el bloque Justicialista y bancadas provinciales, mientras que Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda, del interbloque Río-Sur, se expresaron en contra y el kirchnerismo se ausentó.
Durante la votación en particular, Cambiemos se opuso al artículo que impulsó el justicialismo para excluir a los sindicatos del listado de personas físicas y jurídicas que tienen prohibido aportar a las campañas electorales, de manera que hubieran quedado habilitados para hacerlo.
Sin embargo, por tratarse de una ley electoral se requiere una mayoría de 37 votos para su aprobación y la bancada justicialista sólo consiguió 25.
Al ser rechazado ese artículo, se sometió a votación el dictamen de Cambiemos que mantiene la prohibición sobre los sindicatos y el Bloque Justicialista optó por votar a favor para garantizar la mayoría de 37 votos y evitar que el proyecto saliera sin el artículo referido a las prohibiciones.
No obstante, un grupo de legisladores justicialistas se opuso a esta alternativa: Daniel Lovera,José Mayans, José “Nato” Ojeda y Mario Pais votaron en contra del artículo propuesto por el dictamen de Cambiemos.
El debate
El justicialista Dalmacio Mera fue el miembro informante del proyecto y destacó: “Con Diputados hemos consensuado que es necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, con el tope del 2% para que ninguna fuerza pueda ser cooptada o necesite de dicho aporte”.
Por su parte, la oficialista Inés Brizuela y Doria sostuvo que “la democracia no tiene precio pero tiene un costo y hay una necesidad de fortalecer los sistemas de control de financiamiento”.
El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo a su turno que “cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública”.
El jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, consideró que “quizás no es la mejor ley, pero es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, estar bancarizado” y sostuvo que sin este sistema, los empresarios “terminan todos en la causa cuadernos, donde también se refleja lo que es el aporte ilegal”.
Solanas y Odarda justificaron su voto en contra del proyecto al señalar que la habilitación para que las empresas puedan aportar significa “la privatización de la política” y afirmar que “a la democracia la tiene que financiar el pueblo: es la única forma de tener un país soberano e independiente”.
