Con un resultado ajustado, el oficialismo consiguió hoy convertir en ley la prórroga al régimen de incentivo a las inversiones en construcción, una iniciativa cuya aprobación había sido expresamente solicitada al Congreso por el ministro de Economía, Sergio Massa, el jueves pasado.
El proyecto, que justamente tiene como autor al ex titular de la Cámara de Diputados, recibió 35 votos afirmativos y 26 en contra.
La significativa cantidad de rechazos obedeció a la decisión de Juntos por el Cambio de darle la espalda al proyecto.
En la Cámara de Diputados, el interbloque opositor había votado dividido, ya que el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, era el otro impulsor de la propuesta para estimular las inversiones inmobiliarias.
En la votación cuatro senadores oficialistas figuraron como ausentes: Cristina López Valverde, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá y Guillermo Snopek.
El jujeño, curiosamente, estuvo presente en la sesión, pero se ausentó al momento de la votación.
Con estas ausencias, el Frente de Todos estaba en dificultades para asegurar el quórum, pero la oposición permaneció en las bancas, pese al rechazo al proyecto.
Los cuatro senadores monobloquistas que no pertenecen ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio contribuyó con el oficialismo votando a favor.
Se trata de Alejandra Vigo (Córdoba Federal), Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones), Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina).
La senadora formoseña María Teresa González recordó que “este proyecto tuvo media sanción el 5 de mayo en Diputados y deviene de un dictamen previo de la Ley 27.613 que llegó como mensaje del Poder Ejecutivo a la Cámara baja”.
“Se convirtió en Ley en el 2021 en febrero tras su aprobación en esta Cámara”, agregó, y señaló que durante el poco tiempo en que la ley estuvo operativa dio buenos resultados.
La senadora oficialista comentó que al acercarse el vencimiento del plazo de vigencia, referentes de la UOCRA y de la Cámara Argentina de la Construcción pidieron que se prorrogue el régimen de incentivos a la construcción.
González destacó que la iniciativa permite “continuar con el repunte en la industria de la construcción como motor dinamizador de la economía; la generación de nuevos empleos registrados y capacitados; también el aumento de la recaudación a través de una regularización impositiva; el ingreso genuino de divisas que en la situación en la que estamos es lo más urgente”.
El Senado dio media sanción por 51 votos a favor y 10 en contra -del bloque Pro y el sanjuanino Roberto Basualdo, aliado de Juntos por el Cambio- un proyecto que establece un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales.
Una de las autoras del proyecto, la oficialista Silvina García Larraburu expresó que este es “un día de festejo y alegría” porque esta iniciativa “cristaliza un reclamo histórico de los combatientes de incendios forestales”. Recordó que el primer proyecto lo presentó en el año 2017, y representó en 2019 y 2021. “Pasaron unos cuantos años, lamentablemente muchos incendios, muchos combates, pero creemos que hoy vamos a estar dando justicia”, sostuvo.
La rionegrina reveló que el texto contó con “aportes fundamentales de varias provincias” y en el que también tuvieron “un rol fundamental las autoridades de Parques Nacionales y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié”.
La legisladora detalló que en su provincia alcanzará a “más de 230 brigadistas especializados”, quienes ponen “un enorme esfuerzo personal y de salud”. “En diciembre estuvieron semanas combatiendo, prácticamente durmiendo solo dos o tres horas”, mencionó y precisó que este régimen tendrá una incidencia en aproximadamente 850 personas.
“El combate se da de manera personal, cuerpo a cuerpo con las llamas, y las zonas muchas veces son de difícil acceso”, destacó García Larraburu al mostrar imágenes en el recinto. “Son héroes nuestros brigadistas”, afirmó.
El otro impulsor de este régimen, el radical Mario Fiad, argumentó que “por la peligrosidad de esta profesión resulta necesario establecer este régimen previsional anticipado”. “El riesgo, la alta exigencia física, psíquica, emocional pone a los trabajadores brigadistas ante la presencia de amenaza constante, además del fuego, de gases tóxicos, altas temperaturas y riesgos extremos de las geografías”, explicó.
El jujeño señaló que en su provincia son “62 los brigadistas que actualmente están desempeñándose en territorio” y “ninguno de ellos hoy podría acceder a esta jubilación por falta de edad”. Por eso, “esta medida concreta y reconoce derechos”.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González, graficó lo que representan los incendios en el país. Al recordar lo ocurrido en Corrientes, repasó que “se quemaron más de un millón de hectáreas” lo que es “equivalente a una pérdida económica de más de 80 mil millones de pesos; afectando el 40% de la producción de arroz, la citricultura, la yerba mate, que perdió el 50% de su producción, la ganadería, la forestación y la infraestructura”.
Pero al argumentar la posición en contra de su bloque, el Pro, la bonaerense enfatizó en la importancia de ofrecerles a los brigadistas la provisión de herramientas y capacitación, pero “no prometerles cosas que no vamos a poder cumplir y eso creo que estamos haciendo hoy”. “El sistema previsional argentino representa el 40% del gasto público y está colapsado, es inviable”, resaltó y sostuvo que “este sistema es incapaz de sostener generaciones futuras; lo que estamos prometiendo hoy es incertidumbre”.
González apuntó que “el sistema previsional tiene un déficit de tres puntos del PBI, donde el 55% de los jubilados responde a algún régimen especial. Hay 207 regímenes especiales”. Por lo que pronosticó que “no habrá recursos para pagarles en el futuro o cobrarán una miseria”.
“Estoy sorprendidísima”, arrancó la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, en el cierre del debate. La kirchnerista le recordó a González que ella había firmado el dictamen “favorablemente” en comisión. “Es difícil de entender como hacen para decir una cosa y hacer otra. Es frustrante”, cuestionó. “Es un proyecto de consenso y en el recinto escuchamos que es una mentira. Por ahí si gobierna el signo político de la senadora no le van a pagar, pero el peronismo le va a pagar las jubilaciones a los brigadistas, eso se lo puedo garantizar. Nosotros siempre pagamos las jubilaciones”, lanzó.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social exclamó: “¡La verdad que hay que oponerse a este proyecto, eh!”. Al señalar que son menos de 900 personas las que accederán, la senadora dijo que “no alcanzan los ceros para sacarle el costo fiscal”.
“Vaya lindo mensaje para los brigadistas que van a poner la vida, el pecho y el cuerpo al fuego. Es hermoso el mensaje. Es increíble escucharlo, no lo puedo asumir. No puedo creerlo”, agregó sobre la oposición del macrismo.
Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que este “era un tema que tenía consenso. Estamos sorprendidos”. “No comparto los argumentos que dijo sobre que Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) cuidaban a los jubilados”, le salió al cruce a Gladys González. Y le enrostró: “Nosotros les entregamos un sistema superavitario y lo dejaron con un déficit de 600 mil millones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 67 mil millones de dólares y lo entregaron con 32 mil millones”.
Puntos centrales de la iniciativa
El proyecto involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo al personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira el proyecto de ley es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del SNMF y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.
Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.
Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por éstos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.