El 11 de julio de 2007, el presidente Néstor Kirchner se sentó al lado de su ministra de Economía, Felisa Miceli. Era la primera aparición pública de ambos juntos después de haber trascendido que en el baño de la funcionaria en el Palacio de Hacienda había sido encontrada una bolsa con dólares.
El tercero en esa mesa era el joven Sergio Massa, titular de la Anses. Hacía poco tiempo que el Gobierno había abierto la posibilidad de que los aportantes pudieran volver al sistema de reparto. El anuncio fue concreto: la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que hoy vuelve a estar en el centro de la polémica.
“El Fondo busca que nunca más en la Argentina, para cerrar las cuentas públicas, se use el descuento a jubilados”, dijo Massa. Pocos meses después, a esa creación fueron a parar las carteras de activos (acciones o bonos) de las AFJP.
Pasaron poco más de 15 años y de aquellas palabras tan enfáticas no quedó nada. El ahora ministro de Economía se apresta a pegar otro zarpazo a una parte de las reservas del mismo Fondo que él creó. La decisión no es un tiro letal para el régimen previsional argentino, que se entienda. Sucede que el sistema ya está desequilibrado y es insostenible desde hace tiempo. Pero claro, este es un golpe más y certero contra la confianza que debe expresar un sistema de ahorro a largo plazo como el jubilatorio. Un sopapo más.
Técnicamente, la medida es simple. De la cartera total de activos de ese fondo, la decisión del Gobierno es que una parte, bonos pagaderos en dólares, sean canjeados por otros que se cancelan en pesos. Directo: entregar moneda estadounidense y recibir billetes argentinos. Se podría llamar pesificación o canje forzoso de esa parte de la cartera.
Ahora bien, la pregunta más importante es qué impacto tiene esta medida sobre los ingresos de los jubilados. Y la respuesta es trágica: el sistema previsional tiene tantos problemas estructurales que el canje forzoso es una cachetada en medio de una paliza de knock out.
El FGS fue creado meses antes de la estatización del sistema de capitalización conocido por las siglas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). “En la Argentina, nunca más los haberes de los jubilados serán rebajados por impericia o falta de previsión en el manejo de las cuentas públicas. Los jubilados no pueden volver a ser la variable de ajuste de cuestiones fiscales”, dijo Miceli entonces. Hoy, volvieron a ser aquella variable.
Desde ese momento, el FGS fue usado políticamente, por aquel oficialismo, pero también por la oposición -incluido Massa cuando lo era- para criticar alguna medida de la Anses. Se convirtió en una entelequia que servía como dardo para todo fin discursivo. “Hay $211.340 millones en el fondo de garantías de ANSES que se pueden destinar a los jubilados y no se está haciendo”, escribió Massa en su cuenta de Twitter en julio de 2017. Sabía perfectamente que ese fondo poco puede hacer para mejorar la vida de cada vez más jubilados, la mayoría de ellos, sin haber completado los aportes.
A los números. De acuerdo con el último informe presentado por la actual titular, Fernanda Raverta, que corresponde al segundo semestre de 2022 -lenta Raverta para eso de rendir cuentas-, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS era de $6,11 billones, “lo cual representó un aumento de $362.000 millones, 6,3% respecto a fines del trimestre anterior”. Ahora bien, vale recordar que en ese semestre fue del 17,3%, con lo cual que haya crecido sólo 6,3% implica que en términos reales cayó. En ese período, la tasa de devaluación fue de 12,8%. Dicho de otra manera, perdió en pesos y en dólares contra el bimestre anterior.
Ese último reporte dice que en el año creció 45,2%. Durante ese período, como el dólar aumentó 30,9%, se podría decir que subió en moneda estadounidense. Pero claro, la inflación de 12 meses (desde junio 21 a junio 22) fue de 68%. Las cuentas no le dan a Raverta.
Ahora bien, qué significa ese Fondo en términos reales frente al peso presupuestario de la jubilación. Según el boletín estadístico de la Anses correspondiente al primer semestre de 2022, existían entonces 7.386.150 beneficiarios con un haber medio total por beneficiario de $53.086. Si ese importe se multiplica por 13, que representa los 12 sueldos más el aguinaldo, el peso anual del sistema jubilatorio para 2022 era de 4,70 billones de pesos.
Como el FGS tenía alrededor de $6,1 billones, pues en términos absolutos ese dinero alcanzaba el 30 de junio de 2022 para 16 meses de beneficios. Eso era todo. Dicho de otra forma, el tamaño del sistema deja pequeño ese fondo que de ninguna manera podría solucionar los problemas de los jubilados, actuales o futuros. Pero claro, como en términos nominales en una cifra billonaria, pues la política la usó desde su creación para graficar un discurso con poco asidero real.
Quizá valga la pena recordar, además, qué fue lo que quedó vigente después de aquella tan recordada estatización de las AFJP. A diferencia del anterior, que cada uno aportaba a su cuenta individual y se forjaba una jubilación de acuerdo a lo que sume a su bolsa [igualmente había una porción que se destinaba a un sistema solidario] este es diametralmente opuesto.
El reparto jubilatorio es otra cosa. Todos aportan a una misma cuenta y ese dinero se distribuye entre todos los jubilados. Es decir, el esquema teórico es que los aportes previsionales de los trabajadores activos se reparten entre los pasivos. Como se dijo, teórico. Según datos de Oscar Cetrángolo, economista, profesor de Finanzas Públicas e investigador en de la UBA y el Conicet, “hace algunos años, antes de la pandemia, el financiamiento contributivo era el 55% del total de gasto previsional de la Nación”. Es decir, los trabajadores activos aportaban poco más de la mitad de lo que se necesitaba para pagar todas las jubilaciones.
Pero ese porcentaje empezó a caer y se estima que la proporción se revirtió. Actualmente, 55% se saca de impuestos con afectación específica y 45% con los aportes y contribuciones. Sea cual sea el número actual, es claro que el gasto en previsión social depende de los impuestos y, muy marginalmente, del FGS.
Por caso, un golpe más certero que este al sistema previsional es la ampliación del beneficio a cada vez más personas sin aportes. De hecho, la última moratoria aprobada en el Congreso hace un par de semana ahondará más aún el problema, ya que 800.000 nuevos beneficios se sumarán a una bolsa donde los trabajadores formales que aportan son cada vez menos proporcionalmente.
Ahora Massa y compañía van por unos bonos de la cartera total del FGS. Dicen que entregarán bonos duales que aseguran grandes rendimientos en pesos. El lector podrá pensar qué haría si estuviese en una situación como la que se impuso ahora: entregar papeles en dólares por otros en moneda local.
Pero claro, en esto de decir una cosa y hacer otra, el oficialismo vaya si sabe. El 30 de octubre de 2020, el Congreso sancionó la ley 27.574, llamada Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Allí se estableció que el FGS debía priorizar aquellas inversiones con impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía local.
La Argentina reescribe su historia, y a diferencia de lo que sucede en otros países donde el tiempo se encarga de alguna enmienda, acá son los propios protagonistas los que arrancan la hoja y la reemplazan por una totalmente diferente.
El Gobierno publicó dos decretos que habilitan el canje de bonos en dólares a pesos
El Gobierno difundió en la noche de este miércoles el texto de un decreto de necesidad y urgencia a través del cual obligará a los organismos públicos a desprenderse de su tenencia de bonos denominados en dólares, tanto aquellos con legislación extranjera (globales) como con legislación local (AL). Luego acompañó esa normativa con otro DNU.
El primer documento, identificado como 163/2023, consta de apenas cuatro artículos donde el más relevante resulta el primero. Allí se sostiene: “Los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas en el marco de los Decretos Nros. 622 del 17 de septiembre de 2021, 576 del 4 de septiembre de 2022 y 787 del 27 de noviembre de 2022 serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la SECRETARÍA DE FINANZAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA, ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.
El DNU, que deberá ser refrendado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, lleva la firma de Alberto Fernández y de todo el Gabinete de ministros nacional.
El segundo documento, el 164/2023, refiere a la operatoria y dispone que las entidades alcanzadas “deberán proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses”.
En paralelo, establece que “las ventas o subastas serán llevadas a cabo por la entidad que determine el MINISTERIO DE ECONOMÍA bajo los términos y condiciones que este disponga, por cuenta y orden de los organismos antes referidos”.
En su artículo 4°, indica que las “Jurisdicciones, Entidades y Fondos del Sector Público Nacional que participen en las operaciones” tendrán que “suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos a ser emitidos por el Tesoro Nacional”, por un importe efectivo “equivalente al 70% del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses”.
Las medidas entraron en vigencia formalmente con su publicación en la edición de este jueves del Boletín Oficial.
Apremiado por la falta de reservas y la inflación, el Gobierno lanzó un combo de normativas para concentrar el manejo de los bonos en dólares en manos del sector público y contener la escalada del dólar. Así, el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, obligará a los organismos públicos a desprenderse de su tenencia de bonos denominados en dólares, tanto aquellos con legislación extranjera (globales) y con legislación local (AL).
Se estima que hay más de 100 organismos del Estado con un stock de bonos denominados en dólares por un valor nominal de US$ 35.000 millones. En en ranking destacan el Banco Central y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
La idea es que el sector público canjee sus bonos globales ley extranjera (GD) con el Tesoro a cambio de instrumentos en pesos y, por otra parte, venda Bonares (AL), que usan las empresas para hacerse de CCL.
Por los bonos globales que reciba de los organismos públicos entregará bonos a definir: dólar link o en pesos ajustables por CER. Será por el equivalente a US$ 4.000 millones.
Por otra parte, Economía aspira a colocar en el mercado más bonos en dólares ley argentina y concentrar junto con el Banco Central el control del resto de los bonos AL. “De esta manera, Mecon va a contar con capacidad de actuar en el mercado de dólares financieros sin afectar las reservas”, dijeron en Economía.
Ocurre que los Organismos Públicos deberán vender los bonos en dólares ley argentina para darle más liquidez al mercado de dólar contado con liqui. Como venderán contra pesos, aspiran a absorber unos 2 billones de pesos. Esos pesos luego serán entregados al Tesoro, a cambio de un bono en pesos. Con los billetes que reciba, Economía financiará el déficit fiscal sin acudir a la emisión monetaria. En términos de Economía, “vamos a reducir la circulación de pesos en 2 billones”.
En el Palacio de Hacienda creen que la decisión de deslistar los globales reducirá la deuda externa en dólares y mejorará su valor. Massa recompró US$ 520 millones -principalmente de GD30- para contener los dólares financieros, pero en marzo su cotización retrocedió hasta un 12% y la semana pasada el FMI exigió el freno de esas operaciones con reservas. También habría abortado el crédito repo, aunque sin impedir aparentemente el nuevo plan.
Las Alycs podrán operar con bonos AL
Otra medida clave será el levantamiento de las restricciones sobre las sociedades de bolsa (Alycs) para operar con bonos AL y se “dolaricen” al CCL, un dólar que surge de la compra venta de bonos y que este martes cerró casi en $ 400. Hoy, las Alycs tienen límites sobre el volumen que pueden operar con cable y también un plazo mínimo, conocido como “parking”, por el cual los títulos deben permanecer en cartera antes de ser liquidados.
La apuesta en Economía es que la mayor oferta de AL afloje la presión sobre el contado con liqui, un mercado cuyo promedio diario ronda los US$ 25 millones. Para ello, habrá resoluciones de la CNV, el Banco Central y la Superintendencia de Seguros. Y se espera que haya subastas públicas para que participen los privados. Los funcionarios lo analizarán este miércoles por la mañana con bancos, sociedades de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguro.
