El intendente David Mendoza y el municipio local, en forma solidaria, deberán resarcir a una empleada municipal por una suma que supera los dos millones y medio de pesos, más intereses y costas legales. Así queda establecido en el fallo de la Cámara Segunda del Trabajo, de General Roca integrada por la Gabriela Gadano, María del Carmen Vicente y Edgardo Juan Albrieu.
El mencionado fallo da respuesta a dos causas vinculadas. La primera de ellas, iniciada por el ejecutivo municipal en contra del propio Concejo Deliberante, se plantea la nulidad de las ordenanzas 20 y 24 de 2014, ambas normativas emanadas del legislativo municipal. La otra causa fue iniciada por la trabajadora municipal, con el patrocinio del abogado Rubí Zuain, en contra del intendente Mendoza, a titulo personal, y del municipio local, en forma conjunta.
En esta última, la demandante reclama un resarcimiento por tres items diferentes:
- Un pago retroactivo de 80.000 pesos que ya había sido acordado en 2014, con participación del Gremio y la secretaría de Trabajo de la provincia, para un grupo de trabajadores que habían sido despedidos en forma irregular, al inicio de la gestión de Mendoza a cargo del ejecutivo municipal. Estos trabajadores, que además fueron reintegrados a sus tareas, fueron indemnizados en su totalidad, con la única excepción de la demandante.
- Una diferencia de haberes existente entre lo percibido por la agente municipal, desde su designación en el año 2014 y el monto correspondiente al sueldo de la categoría en que revistaba y para la cual se encontraba designada por ordenanza municipal.
- En el tercer reclamo, la agente municipal solicita un resarcimiento en concepto de daño moral, al considerarse víctima de una sistemática persecución y discriminación laboral, por parte del intendente Mendoza, a través de distintas acciones que motivaron, incluso, una presentación en el INADI. Estas acciones le habrían provocado una afección a su salud física y psicológica que la cámara consideró comprobada en la causa, a través de pericias profesionales.
- En este último punto se extiende largamente la sentencia y en el que se aplica el mayor porcentaje de resarcimiento. En este tramo, el Tribunal se pronuncia firmemente en contra del accionar de Mendoza y le impone el pago, a título personal, de una suma cercana al millón de pesos y, al Municipio, de una suma similar en forma solidaria.
- Esta sentencia, que ya se encuentra firme al cumplirse los plazos legales sin haber sido apelada, impone además el pago de costas legales por la suma de 943.900 pesos y el pago de las cargas sociales correspondientes a las diferencias de haberes, por lo que el costo final para la parte perdidosa alcanza una suma cercana a los cuatro millones de pesos que deberán ser afrontados por el municipio y por Mendoza.