El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la “ley ómnibus”. Se denomina “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
A continuación, los puntos principales del mega-proyecto que contiene 664 artículos:
- Declaración de Emergencia Pública. Artículo N°3: “Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Además, le delega al Ejecutivo facultades legislativas dispuestas en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
- Privatización de Empresas Públicas: Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino y AySA, son algunas de las 41 empresas públicas que el Poder Ejecutivo planea que pasen a manos de privados.
- Movilidad de las prestaciones. Artículo N°106: “Suspéndase la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias. Facúltase al Poder ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los
criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega. - Régimen de Regularización de Activos. Artículo N°130: “los sujetos residentes y no residentes podrán adherir al presente”. Se trata de un blanqueo de capitales para ciudadanos argentinos residentes o no.
- Impuesto sobre los Bienes Personales. Artículo N°166: “Créase el presente Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, la cual opera el 31 de diciembre de 2027.
ARTÍCULO 167. Sujetos alcanzados. Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en Argentina en los términos de los artículos 116 a 123 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por adherir al REIBP”. - Primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Artículo N°451: derogación de las PASO.
- Ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23: se trata del polémico DNU que el presidente Milei anunció la semana pasada.
El proyecto se denomina “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” y fue entregado este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.
El texto, de 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.
Prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.
También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto
proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.
En esa línea, continuó: “Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
Los cambios que establece la ley ómnibus que Milei envió al Congreso
– Prevé la derogación de las PASO, la implementación de la boleta única de papel, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
– Habrá un blanqueo de capitales: la medida dará vía libre para regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos.
– Se incluye una nueva y amplia moratoria de deudas tributarias, con el nombre de «Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social».
– En este aspecto también introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
– También incluye el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad.
– Además declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. “Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, dice el texto. Además, le delega al Ejecutivo facultades legislativas dispuestas en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
– También modifica la Oficina Anticorrupción.
– Incorpora además en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calle; en especial para los organizadores.
– El proyecto propone arancelar las universidades públicas a los extranjeros sin residencia permanente, es una de las reformas educativas que propone la ley ómnibus. El proyecto del gobierno de Javier Milei fue presentado hoy en el Congreso.
– Entre las modificaciones que plantea la ley ómnibus enviada esta tarde por el gobierno de Javier Milei al Congreso, figuran cambios en el Código Civil y Comercial. Se implementa lo que se conoce como «divorcio exprés».
– El proyecto propone a su vez legalizar la reventa de entradas en eventos deportivos.
– La norma propone fijar en 15% las retenciones para todas las exportaciones, al tiempo que exceptúa a un grupo de economías regionales, y le impone una alícuota diferenciada de 8% al sector vitivinícola y al aceite esencial de limón.
– El presidente Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de «Ley Ómnibus», que entre uno de sus puntos, permite la circulación de vehículos autónomos en todo el territorio nacional con un software que sea autorizado por el Poder Ejecutivo y establece la modalidad de peajes inteligentes en las rutas que no obstaculicen el tránsito vehicular.
– Delega facultades que son propias del Congreso al Poder Ejecutivo por un plazo de dos años, prorrogable al declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
– El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».
– La medida, de aprobarse, permitirá ingresar productos importados para uso personal sin pagar impuestos.
– El proyecto impulsa los juicios por jurados en materia penal y establece que los magistrados deberán usar toga negra y martillo para la conducción de los debates, al igual que sucede en países como Estados Unidos.
– También hay modificaciones para la Ley 27.611 de Mil Días, aprobada en diciembre de 2020, junto con la 26.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La mención a la Constitución Nacional de 1853
«Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.
En esa línea, continuó: «Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».
En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales».
- Emergencia pública. Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.
- Privatización de las empresas públicas. El Gobierno busca generar “mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”. En ese sentido, se constituirán sociedades anónimas, “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
- Política de calidad regulatoria. La medida tiene como objetivo la simplificación, digitalización y desburocratización administrativa, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos administrativos, para obtener regulaciones eficientes para la competitividad de los mercados, la creación de empleo y todo cuanto contribuya a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a la consiguiente reducción de los índices de pobreza”.
- Control interno de la administración. El Poder Ejecutivo “podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.
- Actividad política y función pública. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas, y los espacios institucionales de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, textos, símbolos o imágenes con fines o que supongan una promoción político partidaria o personal.
- Reorganización económica. Entre las medidas, se permite la reventa de entradas deportivas. Serán “sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación”.
- Bioeconomía. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará, en todo el territorio del país, el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal. Ese régimen comprenderá los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos higiénicos, sanitarios y ambientales de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo en cualquier parte del territorio del país o a la exportación.
- Seguridad y Defensa. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, establece el proyecto.
- Juicios por jurado. La medida pide que se apruebe el Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal.
- Sistema electoral. La reforma política incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
- Niñez y familia. Buscan “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”.
- Educación. Proponen un examen para todos los estudiantes al final de la secundaria, la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela y una mayor evaluación de los docentes, entre otros cambios en el sistema educativo. También habilita el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente.
- Por otro lado, el Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
- Uno de los puntos que llamó la atención de los diputados de la oposición fue la inclusión, casi al final del proyecto, de un artículo que “ratifica” el mega decreto de necesidad y urgencia N°70, que igualmente será abordado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
En sus fundamentos, el proyecto señala que “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”.
En esa línea, plantea que esta crisis se originó por “haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada”.
“La crisis económica de los últimos años dio lugar a la introducción de una innumerable cantidad de restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales, en especial los de comerciar, trabajar y ejercer industria lícita. La proliferación de restricciones limita severamente la competencia en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados tanto en el mercado interno como en los mercados externos, a la vez que grava injustificadamente el ingreso real de los ciudadanos. Tales distorsiones afectan la competitividad internacional de la economía argentina, perpetúan sus desequilibrios estructurales, limitan sus posibilidades de crecimiento y afectan los principios de justicia y equidad”, agregaron.