El proyecto legislativo habilita el uso de armas electrónicas no letales en consonancia con la norma nacional
El bloque de legisladores del ARI CC presentó un proyecto de Ley con el objetivo de autorizar a la Policía de la Provincia de Río Negro a emplear armas no letales en el ejercicio de sus funciones de prevención, detección y control del delito. La iniciativa tiene el mismo articulado que la Ley nacional que permite el uso de pistolas conocidas como “Taser”.
La propuesta establece que solo podrán utilizar armas electrónicas no letales aquellos funcionarios debidamente instruidos y capacitados para su uso específico. Estas armas se emplearán cuando otros medios no violentos resulten ineficaces, principalmente para inmovilizar a personas que representen un peligro inminente para sí mismas o para terceros, así como en situaciones de legítima defensa propia o de terceras personas, y para evitar la comisión de delitos de acción pública.
Entre las circunstancias que se considerarán como peligro inminente se encuentran las conductas amenazantes que pongan en riesgo la integridad física del agente o de terceras personas, así como las conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque. Además, se contempla el uso de armas no letales en situaciones donde el número de agresores o la imprevisibilidad del ataque impidan el cumplimiento del deber o la defensa propia.
El proyecto establece que tras el uso de estas armas, se procederá a preservar la memoria interna del material utilizado para efectuar el control administrativo correspondiente.
Los fundamentos del proyecto resaltan la necesidad de proporcionar a las fuerzas policiales herramientas adecuadas para cumplir su función sin poner en riesgo la vida de los agentes ni de terceros. Se argumenta que el actual armamento letal con el que cuentan los policías genera dudas en su utilización, especialmente ante la posibilidad de represalias judiciales.
Se sostiene que el uso de las pistolas Taser permitirá una actuación policial más eficiente y evitará graves consecuencias, al tiempo que se destaca que estas armas son utilizadas en numerosos países alrededor del mundo con resultados satisfactorios.
El proyecto de Ley busca brindar a la Policía de Río Negro una herramienta intermedia entre la fuerza letal y la ausencia de respuesta, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana de manera efectiva y respetando los derechos fundamentales.
Proyecto de ley propone revisar la atención médica gratuita a extranjeros
El Bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos de Río Negro presentó un proyecto de ley que propone establecer un arancel en la atención y servicios médicos del sistema de salud pública para los extranjeros clasificados como “residentes transitorios” o “residentes precarios”.
Los fondos recaudados se destinarían a un Fondo especial con el objetivo de financiar la atención y servicios de salud pública, adquirir y mantener equipamiento médico, ofrecer capacitaciones y financiar programas sanitarios.
El proyecto argumenta que, a lo largo de la historia, Argentina proporcionó atención médica gratuita en sus instituciones de salud pública a todos, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Sin embargo, señala que los ciudadanos argentinos no siempre reciben la misma reciprocidad en países vecinos, incluso en situaciones de urgencia.
Según la propuesta “no busca negar la atención médica a los extranjeros, sino replantear la gratuidad de la misma. Se trata de no regalar nuestros recursos a aquellos extranjeros que se abusan de esta política tan benévola, y usan nuestro servicio de salud para atenderse gratis, porque a ellos también, en sus propios países, les cobran por atenderse”.
El proyecto de ley solo afectaría a los extranjeros categorizados como “residentes transitorios” o “residentes precarios”, según lo establecido por la Ley Nacional N° 25.871. La residencia precaria se otorga mientras se tramita la residencia (temporal o permanente) y tiene una duración de tres meses.
Además, el texto del proyecto destaca que provincias como Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Neuquén ya han presentado iniciativas similares. Por su parte, Chubut, si bien no cobra por la atención pública a extranjeros, ha establecido un Convenio con la República de Chile para que el país vecino se haga cargo de pagar las contraprestaciones por los ciudadanos chilenos que se atienden en Esquel, Lago Puelo o Río Pico, entre otras localidades.
