En la Legislatura de Río Negro, los diputados Lucas Pica y Facundo López, del bloque oficialista Juntos Somos Río Negro (JSRN), presentaron un proyecto para modificar integralmente el Código Procesal Administrativo vigente. La iniciativa busca adaptar la normativa a los avances tecnológicos y a las recientes reformas legislativas en el ámbito judicial de la provincia.
Entre los puntos destacados de la propuesta se incluye la introducción de la notificación electrónica de demandas y sentencias al Estado provincial, la posibilidad de hacer opcional la audiencia preliminar, y la adopción completa del régimen recursivo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, se contempla la incorporación de un nuevo Capítulo XI enfocado en las Ejecuciones Fiscales.
El proyecto también incorpora ajustes basados en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y elimina cláusulas transitorias, considerando que el fuero está completamente implementado en todo el territorio provincial.
La necesidad de esta reforma surge del análisis llevado a cabo por la comisión encargada de revisar el Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia. Desde la creación del Código Procesal Administrativo en 2016, se han introducido diversas normativas procedimentales, como la regulación de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, el Código Procesal de Familia, modificaciones integrales a la ley de Procedimiento Laboral, y el Código de Procedimiento Minero.
En los fundamentos presentados, se destaca la experiencia durante la emergencia sanitaria por COVID-19, periodo en el cual el Superior Tribunal de Justicia ha implementado normativas para la digitalización de expedientes judiciales, incluyendo el sistema PUMA en los fueros Laboral, Civil y de Familia. Este sistema avanzado permite la gestión simultánea de expedientes digitales sin restricciones horarias, agilizando significativamente los procesos judiciales.
El desarrollo de esta herramienta eficiente y adaptable subraya la necesidad de ajustar el Código Procesal Administrativo para integrar estos avances tecnológicos y mejorar la eficacia del sistema judicial en Río Negro.
Entre los aspectos más destacados de la reforma, se propone la incorporación de la notificación de la demanda y la sentencia al Estado provincial en forma electrónica, la posibilidad de que la audiencia preliminar sea opcional, la remisión total al Código Procesal Civil y Comercial en lo que concierne al régimen recursivo y la inclusión del Capítulo XI referido a las Ejecuciones Fiscales.
Además, se propician ajustes al texto en función de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, y se eliminan las cláusulas transitorias en la medida que se encuentra ya implementado el fuero en todo el territorio provincial.
La necesidad de reformar la ley surge del debate de la comisión que analiza la reforma del Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia.
Los autores plantean la reforma de la ley en un contexto de actualización de la normativa procesal administrativa, ya que desde su creación en 2016 se han sancionado diversas normas procedimentales, como la que regula los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, el Código Procesal de Familia, la modificación integral a la ley de Procedimiento Laboral y el Código de Procedimiento Minero.
En los fundamentos se destaca lo sucedido en el contexto de emergencia sanitaria derivada del COVID 19, donde el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro se ha visto en la obligación de dictar diversas normas que propenden a la digitalización de los expedientes judiciales, complementado con la implementación del sistema PUMA en los fueros Laboral, Civil y de Familia.
Este sistema, desarrollado con tecnologías de última generación, permite a sus operadores trabajar los expedientes digitales en forma simultánea sin restricción de días u horarios. La presentación de escritos no requiere de la presencialidad de los intervinientes externos a los organismos de trámite. La información de gestión es colectada a través de registros y marcas y la protocolización de sentencias se realiza en forma automática, tornándose una herramienta sumamente eficiente y ágil, para quienes la utilizan, debiéndose adecuar la redacción del Código Procesal Administrativo.