(NOTI-RIO) El verano en la región patagónica, caracterizado por temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas, ha traído consigo un aumento de incendios forestales con graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades locales. La provincia de Río Negro, junto a Chubut, Neuquén y Santa Cruz, enfrenta una temporada crítica que refleja la complejidad de los desafíos asociados al cambio climático, la gestión de recursos y la falta de inversión estatal.
El Impacto de los Incendios en la Patagonia
Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los incendios arrasaron 7.747 hectáreas de bosque andino-patagónico. Chubut fue la provincia más afectada, acumulando el 90% del área quemada, mientras que Río Negro, Neuquén y Santa Cruz también sufrieron daños significativos. Las causas detrás de esta devastación son múltiples: desde fenómenos naturales, como tormentas eléctricas intensificadas por el cambio climático, hasta negligencias humanas, como fogatas mal apagadas.
En localidades de Río Negro, como El Bolsón, el recuerdo de incendios devastadores en Las Golondrinas, Lago Puelo y Cuesta del Ternero refuerza la necesidad de una respuesta rápida y efectiva. El intendente Bruno Pogliano ha enfatizado la importancia de garantizar la llegada de aviones hidrantes para el “primer ataque” a los focos ígneos. A pesar de recientes inversiones en infraestructura, como la adecuación del aeródromo local por un valor de 40 millones de pesos, persisten dudas sobre la disponibilidad de recursos aéreos, que dependen del apoyo nacional.
Marco Legal y Políticas para el Manejo del Fuego
Desde 2013, la Ley 26.815 regula el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SNMF), buscando una respuesta coordinada entre las provincias y la Nación. Sin embargo, en la práctica, la gestión de este sistema ha enfrentado críticas por la falta de fondos y recursos. Para 2025, el presupuesto asignado al SNMF, según el proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei, asciende a 28.000 millones de pesos, una cifra considerada insuficiente para mantener las capacidades operativas necesarias.
El recorte presupuestario ha impactado en la adquisición de herramientas, equipos y en la formación de unos 500 brigadistas que enfrentan el fuego en condiciones extremas. En los primeros nueve meses de 2024, solo se ejecutó el 39% del presupuesto, limitando gravemente la capacidad de respuesta rápida.
En 2020, la Ley de Manejo del Fuego fue modificada para prohibir durante 30 a 60 años el uso de suelos afectados por incendios para negocios inmobiliarios y actividades comerciales que no existieran antes del siniestro. Esta medida busca desalentar incendios intencionales con fines especulativos. Sin embargo, sectores agropecuarios y ciertos legisladores buscan derogarla, argumentando que impone restricciones excesivas y atenta contra las competencias provinciales.
Desafíos en Río Negro y Acciones Locales
Río Negro, al igual que otras provincias patagónicas, ha reforzado sus medidas locales de manejo del fuego. Aunque los esfuerzos locales se han centrado en la prevención, como la prohibición de quemas de desechos forestales en Chubut o la adquisición de equipos especializados en Neuquén, la dependencia de recursos nacionales, particularmente para el despliegue de medios aéreos, sigue siendo un punto débil.
La zona cordillerana de Río Negro enfrenta un riesgo elevado debido a las sequías prolongadas y el material vegetal seco, condiciones que facilitan la propagación de incendios. La preparación y respuesta efectiva ante estos eventos no solo requiere infraestructura y equipos, sino también una planificación integral que garantice la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades locales.
El Contexto Histórico y la Necesidad de Políticas Sustentables
La historia reciente de la Patagonia ha estado marcada por incendios forestales recurrentes, que cada año exponen las debilidades de un sistema que carece de recursos suficientes. La falta de inversión en protección ambiental y el recorte presupuestario para programas de prevención y manejo del fuego ponen en jaque los compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental, como los acuerdos de París y Escazú, recientemente cuestionados por el gobierno de Milei.
Para las comunidades locales y las autoridades provinciales, el desafío de proteger los ecosistemas y la seguridad de la población frente a los incendios forestales no es solo un problema de recursos, sino también de voluntad política y cooperación entre todos los niveles del Estado.
