(NOTI-RIO) El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, ha recibido una nueva embestida judicial: la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó su “inmediata captura” al considerar el riesgo de que el exmandatario pueda “frustrar los fines del proceso”. Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de “peculado” y “negociaciones incompatibles”. Esta sentencia, apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se encuentra aún firme, lo que le había permitido mantener su libertad.
Sin embargo, los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, integrantes de la Cámara de Casación, decidieron revertir la resolución anterior y dictaron la prisión preventiva. La medida se basó en el análisis de apelaciones fiscales y la citación de “tratados internacionales” que obligan a Argentina a intensificar su lucha contra la corrupción, investigando y castigando estos delitos con rigor. Los camaristas señalaron que hubo “maniobras” que retrasaron el cumplimiento de la condena, apuntando a un posible desconocimiento deliberado de los recursos judiciales para dilatar el proceso.
La condena de Urribarri incluye a otros exfuncionarios de su gestión, como Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Juan Aguilera, exdirector de administración, quienes también enfrentan penas de prisión. Este caso representa un hito en la justicia entrerriana al poner bajo la lupa la corrupción de altos cargos, marcando un precedente para los próximos procesos similares.
Denuncia contra el intendente de Trelew por presunto acoso sexual y abuso de poder
En otra causa que ha captado la atención pública, el actual intendente de Trelew, Gerardo Merino, enfrenta una denuncia por presunto acoso sexual y abuso de poder presentada por una empleada municipal. Los hechos, que habrían ocurrido entre agosto de 2023 e inicios de 2024, implican además una serie de episodios de hostigamiento laboral.
Según la denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Trabajo, la empleada relató un primer episodio de acoso en agosto de 2023, cuando Merino, aún siendo intendente electo, la convocó a su domicilio en una chacra en las afueras de Trelew. Durante esa reunión, presuntamente relacionada con temas laborales, la mujer sostiene que fue víctima de una agresión física y comentarios intimidantes. La situación habría continuado con mensajes inapropiados vía WhatsApp y acercamientos no deseados en actos públicos.
La denunciante ha solicitado medidas de protección ante el temor de posibles represalias y presentó como respaldo capturas de mensajes y documentación previa sobre hostigamiento laboral. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal debe evaluar los elementos presentados para determinar si hay pruebas suficientes que justifiquen el inicio de una causa penal formal. Hasta el momento, ni el intendente Merino ni su entorno han ofrecido declaraciones públicas sobre la denuncia.
Estos dos casos ponen de manifiesto la necesidad de un sistema judicial que no sólo actúe con firmeza ante delitos de corrupción y abuso, sino que garantice un proceso transparente y justo para todos los involucrados.
