El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) de Río Negro ha presentado denuncias formales por presuntas maniobras fraudulentas que involucran tanto a un médico de Río Colorado como a una afiliada de General Roca. Según informó la titular de IPROSS, Marcela Ávila, en una entrevista con Radio Viedma, las acciones fueron detectadas gracias a auditorías internas, y responden a prácticas que habrían generado un importante perjuicio económico para la obra social.
La primera denuncia se centra en un médico que prescribió a afiliados de IPROSS medicamentos de alto costo destinados, en realidad, a personas no cubiertas por esta obra social. En específico, se trata de toxina botulínica, un medicamento cuyo precio oscila entre los 732.000 y 932.000 pesos, y que se administra habitualmente cada seis meses.
Los casos de prescripción fraudulenta fueron detectados en la localidad de Río Colorado, donde un médico, valiéndose de su rol como prestador de IPROSS, prescribió toxina botulínica (botox) a afiliados de la obra social, aunque el medicamento estaba destinado a personas no cubiertas por el sistema.
Ávila detalló que en tres casos confirmados, el medicamento se recetó a terceros sin derecho a la cobertura. Para justificar estas recetas, el profesional habría adulterado historias clínicas, un elemento que complicaría aún más el caso. Las prescripciones se registraron entre julio y agosto de 2023 y, al detectarse la irregularidad, IPROSS procedió a realizar la denuncia.
“Pudimos detectar que al menos hay 3 casos. Estas situaciones ocurrieron durante el mes de julio y agosto del presente año, y fueron rápidamente detectadas”.
“Supimos que hay otras tres prescripciones más, de las cuales no podemos dar certezas que hayan ocurrido lo mismo, pero ante las tres prescripciones detectadas, que no correspondían, incluso con adulteración de la historia clínica, porque para prescribir esta medicación tiene que, a través de la historia clínica, fundamentar la necesidad de la misma para el afiliado”, explicó.
Por otro lado, se investiga también el caso de una afiliada de General Roca que habría falsificado facturas con el fin de obtener reembolsos por tratamientos de su hija, quien es afiliada obligatoria de IPROS debido a su discapacidad. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, esta afiliada habría presentado 13 facturas apócrifas, de las cuales se detectaron irregularidades en los CAE (códigos de autenticación electrónica) y en la autenticidad de los CUIT de los supuestos prestadores. IPROSS abonó los montos correspondientes a estas facturas antes de descubrir las falsificaciones, lo que motivó otra denuncia ante las autoridades judiciales.
La responsable de IPROSS subrayó la importancia de estas acciones legales como parte del compromiso de la obra social con la transparencia y la responsabilidad en la administración de los recursos. En este sentido, Ávila destacó que, desde octubre de este año, IPROSS implementó un sistema actualizado de carga de facturas para reembolsos, lo cual permitirá una auditoría en línea y mayor precisión en la validación de facturas y prestaciones. Este sistema beneficiará a unos 2.000 afiliados que mensualmente reciben reintegros, especialmente personas con discapacidad que requieren de tratamientos e insumos específicos.
Estas denuncias reflejan la necesidad de controles más estrictos y avanzados en el sistema de prestaciones de la obra social, y dejan en evidencia los riesgos de posibles fraudes en los servicios de salud pública. La investigación continúa, mientras que IPROSS asegura que continuará reforzando sus mecanismos de auditoría para garantizar el correcto uso de los recursos destinados a sus afiliados.
