(NOTI-RIO) En una decisión sin precedentes, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó a la Municipalidad de Allen, encabezada por el intendente Marcelo Román, reintegrar el 50% de las tasas municipales cobradas en 2023. La sentencia, que marca un revés significativo para la gestión municipal, también evidencia una serie de irregularidades administrativas que involucran tanto al Ejecutivo como a la expresidenta del Concejo Deliberante, Valeria Bezic.
Un Conflicto Institucional que Terminó en la Justicia
El origen del conflicto se remonta a la resolución 01/2024, cuando Bezic avaló un veto del intendente Román sin respetar el procedimiento legislativo correspondiente. Esta maniobra irregular derivó en su destitución y en un posterior enfrentamiento político e institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal.
En respuesta a estas acciones, el Concejo aprobó una ordenanza que obligaba al Ejecutivo a recalcular las tasas municipales, una medida que buscaba corregir el cobro indebido a los contribuyentes. Sin embargo, la intendencia llevó el caso a la justicia, argumentando que el Concejo se había extralimitado en sus competencias al intervenir en cuestiones tributarias, que son atribución del Ejecutivo.
El Fallo del Superior Tribunal y sus Consecuencias
El Superior Tribunal de Justicia rechazó la postura del intendente, ratificó la validez de la ordenanza y declaró nulo el accionar tanto del Ejecutivo como de la entonces presidenta del Concejo Deliberante. Además, la resolución impone una carga financiera adicional para el municipio, que deberá afrontar más de $2.000.000 en honorarios legales, al haber sido condenado en costas.
Este fallo no solo confirma la ilegalidad de las decisiones adoptadas por la gestión de Marcelo Román, sino que también expone responsabilidades políticas en el manejo de los recursos públicos, generando un impacto negativo en las finanzas municipales y en la confianza de la ciudadanía.
Impacto Político y Económico
La decisión judicial deja en evidencia un escenario de desprolijidad institucional dentro del municipio de Allen, con consecuencias directas para las arcas municipales y los contribuyentes que ahora deberán ser resarcidos.
En el plano político, este revés judicial compromete la imagen de la gestión de Román, cuyo liderazgo queda cuestionado ante un fallo que lo obliga a corregir su política fiscal y administrativa. A su vez, refuerza el rol del Concejo Deliberante como contralor de las decisiones del Ejecutivo y sienta un precedente clave en la relación entre los poderes municipales.
El desafío ahora será para la gestión municipal, que deberá definir cómo afrontará la devolución de los fondos a los vecinos de Allen y qué medidas tomará para evitar futuros conflictos de este tipo.
