(NOTI-RIO) Los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional atraviesan momentos de gran preocupación debido a la posibilidad concreta de un recorte del 30% en la planta de personal. Además, crece el rumor sobre una eventual fusión del organismo e, incluso, su posible desaparición. La incertidumbre ha llevado a los empleados a mantenerse en asamblea permanente en defensa de sus puestos de trabajo.
La política de privatización impulsada por el Gobierno nacional ha puesto en la mira los corredores viales, entre ellos las rutas nacionales 5 y 188. La provincia de La Pampa, identificada como el distrito 21 de un total de 24, cuenta con 150 agentes encargados de la administración y mantenimiento de más de 1.600 kilómetros de red vial. Sin embargo, el sector viene denunciando un progresivo desfinanciamiento desde la asunción del presidente Javier Milei.
Fabricio Cabral, secretario general del gremio de Trabajadores Viales, manifestó su preocupación por las medidas que el Ejecutivo está implementando y señaló que la gestión del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, transmite una sensación de incertidumbre. “Parece que ni él mismo sabe lo que va a suceder”, afirmó en diálogo con Diario Textual.
Privatizaciones y falta de inversión
Cabral recordó que la ruta nacional 5 ha estado concesionada por más de dos décadas, con variaciones en el control de dichas concesiones. “En su momento se creó Corredores Viales, un ente que rechazamos y denunciamos porque interfería con las funciones que, por ley, corresponden a Vialidad Nacional”, explicó el dirigente. Aseguró que privatizar o concesionar tramos viales no garantiza su correcto mantenimiento y ejemplificó con el caso de la ruta 5, que se mantiene en las mismas condiciones desde hace años. “Hemos tenido que intervenir en señalización y accesos ante la falta de respuestas de las concesionarias”, sostuvo.
En cuanto a la ruta 188, que atraviesa La Pampa desde el límite bonaerense hasta su empalme con la ruta nacional 35, Cabral denunció que se encuentra en estado de deterioro. “Cuando la recibimos hace dos o tres años, estaba en condiciones deplorables. Recientemente tuvimos que encargarnos del señalamiento, bacheo y mejora de la calzada”, detalló. Además, criticó la política de concesiones: “No controlan el estado de los caminos, sólo cobran peaje y despojan a Vialidad Nacional de herramientas para fiscalizar”.
Falta de financiamiento y posibles recortes
Por ley, Vialidad Nacional recibe una parte de la recaudación del impuesto al combustible y del Impuesto PAÍS, recursos destinados al mantenimiento vial. No obstante, Cabral denunció que, desde la asunción de Milei, se ha retenido cerca del 60% de estos fondos, lo que equivale a unos 350 mil millones de pesos. “Economía nunca transfirió el dinero y desde el Gobierno han expresado que no les interesan las rutas”, señaló.
Los rumores sobre un ajuste en la planta de personal de Vialidad Nacional se han intensificado. Se habla de una reducción del 30% del personal y una posible reestructuración mediante decreto. Incluso, se baraja la eliminación de la ley 505, que regula el organismo desde hace casi un siglo, lo que podría derivar en su disolución. “Estamos ante tiempos muy complicados”, advirtió un trabajador del distrito de Santa Rosa.
Para este año, Vialidad Nacional deberá operar con el presupuesto de 2022, aprobado en 2023, lo que limita severamente su capacidad de acción. A esto se suma la posibilidad de que el Gobierno avance en la privatización de tareas como el bacheo y el corte de pasto, una medida que podría vaciar progresivamente las funciones del organismo. De concretarse, advierten los gremios, el desarrollo y la infraestructura del país quedarían a la deriva.
