El Gobierno Nacional introdujo modificaciones significativas en la Ley Nacional de Turismo (25.997) con el objetivo de fomentar nuevas inversiones y redefinir el papel del Estado en la actividad turística. Los cambios fueron oficializados a través del Decreto 216/2025, publicado en el Boletín Oficial, e implican la disolución de programas clave y una reorientación de las funciones de la Secretaría de Turismo.
Las principales reformas: menos intervención estatal y más impulso a la inversión privada
(NOTI-RIO) Entre las modificaciones más relevantes, el decreto establece la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística (Artículo 1), un organismo encargado de coordinar la política pública entre distintas entidades. Además, se elimina el Programa Nacional de Inversiones Turísticas (Artículo 2), que financiaba proyectos turísticos con fondos estatales.
El Ejecutivo justificó estas decisiones argumentando que el Estado debe limitar su intervención en el sector y permitir que las inversiones se desarrollen bajo una lógica de mercado. “Es necesario organizar los recursos turísticos con agilidad para responder a los cambios del mercado, eliminando interferencias que alteren la dinámica del sector privado”, señala el decreto.
En este marco, el Artículo 3 sustituye los deberes de la Autoridad de Aplicación, estableciendo que su función será:
- Fijar políticas nacionales de turismo para fomentar la inversión y la planificación federal.
- Promover la imagen turística del país a nivel nacional e internacional.
- Coordinar el cumplimiento de normativas y reglamentos vinculados al turismo.
- Impulsar acuerdos internacionales para incentivar la llegada de turistas.
- Administrar el Fondo Nacional de Turismo y fomentar la capacitación del sector.
Por otro lado, el Artículo 4 redefine las facultades de la Secretaría de Turismo, que ahora podrá:
- Coordinar acciones con provincias y municipios para desarrollar corredores y productos turísticos.
- Gestionar infraestructura turística a través de concesionarios privados.
- Promover incentivos a la inversión turística, facilitando la llegada de capitales nacionales y extranjeros.
- Celebrar convenios con entidades públicas y privadas para fomentar la actividad.
- Diseñar campañas de marketing y promoción del turismo sin generar costos para el Estado.
Además, el Artículo 5 invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a asumir un rol más activo, otorgando beneficios impositivos y crediticios al turismo de manera similar a los incentivos que recibe la industria.
Impacto en las provincias turísticas: ¿oportunidad o riesgo?
Las reformas generan un escenario de incertidumbre para las provincias con alta dependencia del turismo, como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Misiones y la Patagonia. Hasta ahora, los fondos estatales destinados a infraestructura, promoción y financiamiento de proyectos turísticos han sido una herramienta clave para dinamizar la actividad en diversas regiones.
Al trasladar la responsabilidad de los incentivos al sector privado y a los gobiernos provinciales, se abre un interrogante sobre la capacidad de estas jurisdicciones para sostener las inversiones necesarias. Si bien la desregulación podría atraer capitales privados, algunos sectores advierten que las regiones con menor desarrollo podrían quedar en desventaja si no cuentan con recursos propios para incentivar el turismo.
Desde el sector empresarial, la medida es vista con cautela. Mientras algunos operadores turísticos consideran que la menor intervención estatal permitirá mayor competitividad, otros advierten que la falta de financiamiento público podría afectar la promoción de destinos emergentes.
Un nuevo modelo de gestión turística
En línea con la política de desregulación impulsada por el Gobierno, el Decreto 216/2025 deroga varios artículos de la Ley Nacional de Turismo (Artículo 6), eliminando disposiciones sobre financiamiento de obras, subsidios y planificación estatal.
El cambio en la ley marca un giro en el modelo de gestión del turismo en Argentina, desplazando al Estado de su rol de financista y apostando por el impulso de la iniciativa privada. Resta por verse cómo afectará esta reestructuración a las economías regionales y si el sector privado podrá absorber el vacío que deja el Estado en el financiamiento y promoción de la actividad.
