(NOTI-RIO) Mientras se aguarda la firma del decreto presidencial de Javier Milei para despedir a 1.600 trabajadores y reducir un 30% la planta operativa, el titular de Vialidad Nacional (VN), Marcelo Campoy, ha tomado una medida drástica que paralizaría por completo el organismo. Mediante una nota interna dirigida al cuerpo gerencial y a los jefes de distrito, ordenó la cancelación de todos los contratos de obra en curso, sin importar su grado de avance.
Justificación oficial: restricción presupuestaria
La administración libertaria argumentó que la supresión de obras y trabajos de mantenimiento se debe a las “restricciones presupuestarias significativas” que enfrentará el organismo este año. En la comunicación oficial, Campoy señala la necesidad de “arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión”, incluyendo aquellos vinculados a rutas a privatizar y los correspondientes a la Red Vial Concesionada.
Ante la situación financiera, se establece que las obras cuyo avance resulte inviable deben ser finalizadas y cerradas. Para evitar conflictos administrativos y judiciales, la resolución ordena gestionar la terminación de obras mediante acuerdos de rescisión y “encuadres de ajuste en recepción provisoria”, de acuerdo con el estado de ejecución de cada proyecto.
El ajuste diseñado por Sturzenegger
La cancelación de las obras forma parte del plan de ajuste impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su estrategia incluye la eliminación de funciones y atribuciones de VN a través de la derogación de la Ley 505/58, que define al organismo como una entidad autárquica con capacidad de gestión pública y privada.
Inicialmente, Sturzenegger había propuesto fusionar VN con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en un nuevo ente bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis “Toto” Caputo. Sin embargo, esta opción fue descartada tras objeciones legales y administrativas de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte.
Reducción de personal y protestas sindicales
Como parte del ajuste, VN prevé reducir su plantilla de 5.400 a 3.800 empleados en una primera etapa. Esta medida ha generado una fuerte reacción del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que convocó a la “Marcha Vial Nacional” para el próximo lunes. La movilización partirá del Congreso y llegará hasta las oficinas de Vialidad Nacional y los ministerios de Economía y Desregulación.
Graciela Aleña, titular del STVyARA, denunció que el Gobierno busca desmantelar VN y suspender el mantenimiento de rutas nacionales para luego justificar la privatización del sistema vial, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
Conflictos en el Distrito 1: la dupla libertaria bonaerense
En el Distrito 1 de VN, que abarca la provincia de Buenos Aires, empleados han declarado como “personas no gratas” a las autoridades designadas por la administración libertaria: el titular del distrito, Martín Luis Augusto, y la jefa de Administración, Vanesa Viviana Gioia. Ambos llegaron al organismo en 2023 bajo la dirección de Marcelo Campoy, quien responde al subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, cercano a Karina Milei.
Augusto, ex fabricante de macetas y actual productor agropecuario, fue concejal en Cañuelas por Cambiemos antes de unirse a La Libertad Avanza. Gioia, por su parte, fue presidenta del bloque de concejales de LLA en Esteban Echeverría y es esposa de Carlos Curestis, jefe de la bancada de senadores bonaerenses libertarios.
Impacto nacional y consecuencias
La cancelación de contratos afecta obras clave en todo el país, incluyendo la polémica rotonda de Choele Choel, en Río Negro. La medida ha generado una creciente incertidumbre en el sector de la construcción y obra pública, así como en las provincias que dependen de estos proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial.
Con un panorama de protestas, despidos y parálisis de obras, el ajuste en Vialidad Nacional se convierte en un nuevo foco de conflicto dentro del plan de reestructuración del Gobierno libertario.
