(NOTI-RIO) El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, reafirmó su postura frente a las recientes acciones de desalojo en la Zona Andina y aseguró que en la provincia “no hay lugar para la usurpación ni la impunidad”. Según destacó, los procedimientos se llevaron a cabo de manera ordenada y bajo el estricto cumplimiento de fallos judiciales que respaldaban la restitución de los predios a sus legítimos propietarios.
Desde el Gobierno provincial informaron que las acciones fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales. En ese sentido, Weretilneck subrayó que “la ley se respeta” y que su gestión no permitirá “ocupaciones ilegales ni el avasallamiento de derechos”.
El mandatario también se refirió a ciertos sectores que, según indicó, “pretenden imponer sus propios términos desafiando al Estado y a la Justicia”. En este contexto, advirtió que en Río Negro la propiedad privada será protegida y que las usurpaciones no serán toleradas en ningún caso.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, por su parte, destacaron la labor de las fuerzas de seguridad en los operativos, asegurando que los desalojos se llevaron a cabo con respeto y garantizando la seguridad de todas las partes involucradas.
Fallos judiciales y desalojos en la Zona Andina
Las intervenciones recientes permitieron desactivar dos ocupaciones de tierras protagonizadas por activistas mapuches. Uno de los casos más relevantes fue el de la comunidad Quequemtrew, que había tomado un predio cercano a El Bolsón. El Tribunal de Impugnación ratificó una sentencia de mayo de 2024, donde se estableció que la usurpación quedó acreditada debido a que los ocupantes ingresaron sin autorización y obstruyeron el uso del terreno.
En otro hecho significativo, el Tribunal Oral de Bariloche condenó en mayo de 2024 a cinco integrantes de la Lof Buenuleo por usurpación de tierras, ordenando el desalojo de un predio de 92 hectáreas al pie del cerro Ventana. Entre los condenados figuran Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman y Nahuel Maliqueo. La Justicia determinó que el lote había sido vendido legalmente seis años antes, pero los ocupantes reivindicaban su permanencia basándose en una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitida en 2020, la cual reconocía la ocupación tradicional de la comunidad sobre 481 hectáreas en Bariloche.
Un mensaje contundente: “La ley se hace cumplir”
Weretilneck insistió en que “no hay excusas ni discursos que puedan justificar la ocupación ilegal”. Rechazó los argumentos basados en la espiritualidad o la cultura y recalcó que la base de la convivencia pacífica es el respeto a las normas. “No se trata de símbolos culturales, sino de hechos, sentencias firmes y el cumplimiento de la ley”, afirmó el gobernador.
A través de su cuenta en la red social X, Weretilneck concluyó: “El Gobierno provincial hizo valer la ley con firmeza, garantizando que estos desalojos se realicen con orden y seguridad, protegiendo los derechos de todos los rionegrinos. La impunidad no es una opción. En Río Negro, el Estado hace cumplir la ley y no cede ante la ilegalidad”.
