(NOTI-RIO) En una jornada marcada por la tensión en las calles, la “rosca” de pasillos y la mirada atenta de la Casa Rosada desde los palcos, el oficialismo logró dar un paso fundamental en su agenda extractivista.
Con un tablero que marcó 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado le dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), enviando un mensaje claro a los mercados y a las provincias cordilleranas: la prioridad es la inversión minera.
El dato político que sacudió el recinto no fue solo la victoria de La Libertad Avanza (LLA), sino la fragmentación del peronismo. La “libertad de acción” otorgada por el interbloque de José Mayans permitió que figuras de peso como la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac se alinearan con el Gobierno nacional.
Para estos senadores, el “derrame” económico en sus provincias primó sobre la disciplina partidaria opositora, dejando en evidencia que, cuando se trata de recursos naturales, el federalismo de las provincias mineras suele ser el puente más corto hacia el consenso con el Ejecutivo.
Presencia estelar y “papelitos” de último momento
La importancia que el presidente Javier Milei le asignó a esta reforma quedó sellada con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el tramo final del debate flanqueada por Martín Menem y el ministro Diego Santilli. Desde los palcos, el “triángulo de hierro” monitoreó un poroteo que, aunque holgado, no estuvo exento de escándalos.
La polémica estalló pasadas las 15:30, cuando la oposición denunció que se estaban introduciendo cambios “entre gallos y medianoche”.
Un papel con modificaciones al dictamen circuló por las bancas mientras los oradores ya estaban en pleno uso de la palabra. “Es un feudalismo ambiental”, bramó el pampeano Daniel Bensusán, comparando la maniobra con las reformas laborales más polémicas de la historia reciente.
Dos modelos de país en pugna
El debate dejó expuestas dos visiones irreconciliables:
- El eje oficialista (LLA, PRO, parte de la UCR y PJ minero): Defendieron la “modernización” de la ley bajo el lema “cuidar no es prohibir”. Sostuvieron que el marco vigente era un freno arbitrario al desarrollo y que las provincias, como dueñas originarias de los recursos, deben decidir sobre su territorio.
- El eje opositor (UP y aliados ambientales): Denunciaron una “reforma ideológica y servil” al mercado global. El rionegrino Martín Soria fue uno de los más duros, acusando al Gobierno de buscar una “Argentina primarizada” para beneficiar a socios externos, poniendo en riesgo el 50% de las reservas hídricas del país.
Hacia el final, el discurso de Patricia Bullrich —en un rol central de cierre— terminó de politizar la sesión al llamar a terminar con la “lógica ridícula y retrógrada” de elegir entre ambiente y economía, proyectando ingresos por exportaciones mineras que superarían los 14.000 millones de dólares para 2029.
Los puntos clave: ¿Qué cambia realmente en la Ley de Glaciares?
El texto que ahora pasa a la Cámara de Diputados introduce modificaciones estructurales que flexibilizan el estándar de protección actual. Estos son los ejes principales de la reforma:
- Redefinición del Objeto de Protección: Ya no se protegen todos los glaciares y geoformas periglaciares por el solo hecho de existir. Ahora, la protección se restringe a aquellos que “cumplan funciones hídricas comprobadas”, funcionando como reservas estratégicas o recarga de cuencas.
- Subordinación Constitucional: Se incorpora una pauta que supedita la ley al criterio de “uso racional de los recursos” (Art. 41 de la Constitución), lo que abre la puerta a interpretaciones legales a favor de la explotación económica.
- Inversión de la Prueba (Principio Precautorio): Si bien todo glaciar en el Inventario Nacional se presume protegido, la nueva norma permite que la autoridad ambiental provincial verifique si una geoforma carece de función hídrica para liberarla de la prohibición de actividad minera o petrolera.
- Poder de Decisión Provincial: Las provincias recuperan la facultad de determinar, mediante evaluaciones de impacto ambiental propias, si un proyecto altera de manera “relevante” el ambiente. Esto otorga a los gobernadores la llave final para autorizar emprendimientos en áreas antes vedadas.
- Flexibilización de Prohibiciones: Las actividades prohibidas (minería, hidrocarburos, industrias) solo se mantendrán sobre los glaciares que la autoridad local haya identificado explícitamente con función hídrica.
- Nuevo Rol del IANIGLA: El instituto científico seguirá a cargo del Inventario Nacional, pero su actualización dependerá ahora de un flujo de información constante y obligatorio desde las provincias hacia la Nación, descentralizando el control técnico.
