(NOTi-RIO) La causa judicial por presuntas irregularidades en el programa federal de viviendas Techo Digno en Río Colorado volvió a sumar una nueva dilación durante la audiencia de control de acusación contra el exintendente Carlos Alberto Pilotti.
El juez de juicio Oscar Gatti rechazó planteos de la defensa, pero finalmente dispuso suspender la audiencia hasta que un juez revisor analice uno de los cuestionamientos presentados por el abogado defensor.
El expediente investiga al exjefe comunal por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública en concurso real con peculado, vinculados al manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales durante su gestión entre 2011 y 2015.
Qué investiga la causa
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos están vinculados a convenios firmados entre el municipio de Río Colorado y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en el marco del programa habitacional.
La fiscalía sostiene que Pilotti habría autorizado pagos y certificaciones de obra que no se correspondían con el avance real de los trabajos.
Uno de los convenios investigados es el ACU 1137/2013, firmado en julio de 2013, que contemplaba la construcción de 104 viviendas con infraestructura de agua y cloacas.
Según los fiscales, las irregularidades habrían generado un perjuicio patrimonial equivalente al 0,38% de la obra, que en valores de abril de 2016 representaba $245.985,63, cifra que actualizada a julio de 2024 asciende a $19.004.871,29.
La acusación sostiene además que el exintendente habría favorecido a la empresa ECA S.A., encargada de la ejecución de la obra, mediante certificaciones que superaban el avance real de los trabajos.
El presunto delito de peculado
La fiscalía también imputa a Pilotti el delito de peculado, al considerar que durante su gestión habría retirado dinero de las cuentas destinadas al programa habitacional y lo habría utilizado con un destino distinto al previsto.
En uno de los casos investigados, se señala que el exintendente habría sustraído $235.000 de una cuenta del convenio para pagar a la empresa constructora contra certificación de obra.
Esa suma, actualizada, equivale hoy a aproximadamente $34,7 millones.
Además, la acusación menciona que al finalizar su mandato, en diciembre de 2015, aún permanecían en la cuenta del programa más de $21 millones de fondos nacionales sin rendir, lo que según la fiscalía incumplía las obligaciones establecidas en los convenios con el Estado nacional.
Los cuestionamientos de la defensa
Durante la audiencia, el abogado defensor Damián Torres solicitó la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio al sostener que la acusación fiscal incorporó documentación -como certificaciones de obra, facturas y montos- que no figuraban en la formulación de cargos original.
Según el defensor, esos elementos constituirían hechos nuevos que deberían haber motivado una reformulación de la acusación, lo que a su entender afecta el derecho de defensa.
También cuestionó la imputación por peculado y sostuvo que la diferencia técnica entre el avance de obra real y lo certificado sería de apenas 0,38%, porcentaje que consideró insuficiente para justificar un proceso penal.
La decisión del juez
El juez Oscar Gatti rechazó los planteos de nulidad al considerar que no se modificó el objeto procesal de la causa y que la fiscalía sólo incorporó documentación para precisar los hechos investigados.
En relación con otro planteo de la defensa -que cuestionaba la competencia de la justicia provincial por tratarse de fondos nacionales- el magistrado también lo desestimó.
Según explicó, la jurisprudencia establece que una vez que los recursos enviados por Nación ingresan al patrimonio municipal, cualquier presunto uso indebido corresponde investigarlo en la justicia provincial.
Sin embargo, la audiencia quedó suspendida luego de que la defensa solicitara una revisión judicial sobre la imputación del delito de peculado, debido a que en otro tramo del mismo expediente un fallo previo había adoptado un criterio diferente.
Un proceso que lleva años
La causa forma parte de la llamada “megacausa Techo Digno”, que investiga el uso de fondos nacionales para viviendas en distintos municipios de Río Negro y que involucra a varios exintendentes de diferentes partidos políticos.
El proceso judicial lleva más de una década de investigación y ha tenido múltiples demoras y planteos de las defensas.
En el caso de Río Colorado, el control de acusación es el paso previo para determinar si el expediente será finalmente elevado a juicio.
Por ahora, el avance del caso quedó nuevamente en suspenso hasta que un juez revisor defina el planteo presentado por la defensa sobre la calificación legal del delito de peculado.