(NOTI-RIO) NUn conflicto político que parecía parte de las habituales disputas entre bloques legislativos terminó escalando a la Justicia y podría sentar un precedente clave en la política de Río Negro.
La controversia gira en torno a la banca del legislador roquense César Domínguez, quien dejó el partido Primero Río Negro para integrarse a La Libertad Avanza, decisión que derivó en una presentación judicial para que pierda su lugar en la Legislatura.
El caso, que ya está en manos del juzgado Electoral provincial, podría redefinir una discusión histórica en la política argentina: si las bancas pertenecen al partido o al dirigente electo.
Domínguez llegó a la Legislatura en representación de Primero Río Negro, el espacio político que lidera el exintendente de Campo Grande Ariel Rivero y que durante la campaña electoral se identificó con el ideario libertario impulsado a nivel nacional por Javier Milei.
Sin embargo, tras el proceso electoral y con la consolidación de La Libertad Avanza (LLA) como estructura partidaria formal en varias provincias, el legislador decidió alinearse con ese nuevo espacio político.
Ante ese movimiento, la conducción de Primero Río Negro presentó una acción judicial reclamando la banca.
El argumento central se apoya en la Constitución de Río Negro, que establece que las bancas legislativas pertenecen a los partidos políticos que presentan las candidaturas, no a las personas que las ocupan.
La mirada de la Justicia Electoral
El expediente es analizado por el juez electoral Carlos Da Silva, quien deberá resolver si el legislador puede continuar en su cargo pese al cambio de pertenencia partidaria.
En el proceso también intervino el fiscal electoral Hernán Trejo, quien emitió un dictamen (no vinculante) que introduce un matiz relevante en el debate.
Según su análisis, no existiría una ruptura ideológica evidente entre el partido por el cual fue electo Domínguez y el espacio al que decidió incorporarse, ya que ambos comparten la referencia política al presidente Milei y a la agenda libertaria.
En ese sentido, el fiscal consideró que no se observa una violación clara de la plataforma electoral original, un argumento que podría favorecer la continuidad del legislador en su banca.
Un fallo que puede marcar precedente
Más allá de la resolución inicial, en los ámbitos políticos y judiciales ya se da por descontado que el caso terminará en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tendrá la última palabra.
La decisión será observada con atención porque podría establecer un precedente institucional sobre la interpretación del artículo constitucional que regula la representación legislativa.
En otras palabras, el fallo definirá si el criterio debe ser estrictamente partidario -la banca pertenece al partido- o si se admiten interpretaciones más flexibles cuando existen coincidencias ideológicas entre los espacios involucrados.
El trasfondo político: bloques, recursos y poder
El debate no es menor dentro de la dinámica legislativa. En Río Negro, como en otras provincias, los cambios de bloque son frecuentes y muchas veces responden a reacomodamientos políticos posteriores a las elecciones.
Pero esos movimientos también tienen consecuencias concretas. Cada bloque reconocido oficialmente en la Legislatura recibe presupuesto para funcionamiento, estructura administrativa y asesores, por lo que las divisiones partidarias impactan directamente en la organización y en los recursos del Parlamento.
En este contexto aparece otro proceso político en marcha: el grupo de legisladores vinculados al exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello, que se alejaron del PRO, busca que se les reconozca formalmente un nuevo bloque denominado Cambia Río Negro.
Entre quienes impulsan ese armado aparecen Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, con la intención de sumar también a los legisladores Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich, todos provenientes del espacio macrista.
La disputa que hoy enfrenta a Primero Río Negro con La Libertad Avanza revive una discusión que atraviesa la política argentina desde hace décadas: el llamado “transfuguismo político”, es decir, el cambio de partido de dirigentes electos.
En la mayoría de los casos, esas situaciones se resuelven en el terreno político, entre negociaciones y reproches públicos. Pero esta vez el conflicto llegó a los tribunales y la resolución judicial podría redefinir las reglas del juego para futuros reacomodamientos políticos en la provincia.
Si la Justicia falla a favor de la fuerza que reclama la banca, el mensaje será claro: los partidos son los verdaderos dueños de la representación legislativa. Si, por el contrario, se valida la continuidad del legislador en su nuevo espacio, se abrirá la puerta a interpretaciones más amplias sobre la autonomía política de los representantes.
El fallo del juez Carlos Da Silva, previsto para la segunda quincena de marzo, será apenas el primer capítulo de una disputa que promete impactar de lleno en la arquitectura política de Río Negro.