(NOTI-RIO) El Poder Judicial de Río Negro intensificó los talleres en colegios secundarios tras el aumento de amenazas de tiroteos. Una jueza penal advierte: desde septiembre, la responsabilidad penal baja a los 14 años.
El mensaje en el baño del colegio. El audio de WhatsApp que circula entre compañeros. La “broma” que se viraliza. Lo que para muchos adolescentes es un juego o un desafío, para la ley es un delito con consecuencias penales concretas.
Eso es precisamente lo que el Poder Judicial de Río Negro está saliendo a explicar, escuela por escuela, en un contexto donde la provincia ya registró 120 casos de amenazas en las últimas semanas.
Desde marzo, la Escuela de Capacitación Judicial intensificó los talleres que venía desarrollando en colegios secundarios. La iniciativa no nació como respuesta al clima actual, tiene ya varios años de recorrido, pero el caso de San Cristóbal, en Santa Fe, y la posterior ola de situaciones similares en distintas provincias aceleraron la demanda. Hoy, los equipos del Poder Judicial no dan abasto.
Lo que los chicos no saben
La jueza penal de Roca, María Gadano, que participó de varios de estos encuentros en el Alto Valle, es directa: “Los chicos no tienen idea de las implicancias de las cosas que hacen”.
Y agrega que esa falta de información no es solo de los adolescentes. Los adultos, docentes, padres, también suelen desconocer dónde está el límite legal.
El punto central que se trabaja en los talleres es la diferencia entre lo que se percibe como una travesura y lo que encuadra como amenaza.
Dejar un mensaje escrito, publicar algo en redes o mandar un texto por WhatsApp puede constituir un delito. No hace falta que haya intención real de cumplirlo.
Y las consecuencias son personales. “No responde mamá ni papá”, subrayó Gadano. La responsabilidad penal hoy alcanza a partir de los 16 años.
Pero hay un dato que pocos conocen: en septiembre próximo ese umbral baja a los 14, por los cambios normativos previstos.
Cómo funcionan los talleres
Antes de cada encuentro, el equipo judicial se reúne con los directivos del colegio para entender la realidad particular de cada institución.
Después trabajan directamente con grupos de estudiantes, seleccionados por cada establecimiento según sus propias necesidades.
La dinámica no es una clase magistral. Hay una estructura de contenidos mínima, pero el taller se mueve según las preguntas de los chicos. “Va hacia donde ellos preguntan”, explicó Gadano.
Y la respuesta, según describió, sorprende: “Cuando se sienten en un ámbito de escucha, hablan y plantean muchas cosas”.
En varios casos, los estudiantes siguieron el intercambio una vez terminada la actividad y pidieron nuevos encuentros.
La demanda llega también de docentes, directivos y familias, no solo de alumnos.
El límite del sistema
El problema es que el equipo judicial tiene un techo. Los talleres se dictan fuera del horario laboral para no afectar el funcionamiento de la justicia, y aun así la capacidad es insuficiente frente a la cantidad de solicitudes. “Nos encantaría llegar a todos, pero no podemos”, reconoció la jueza.
Para Gadano, la clave está en entender que esto no lo puede resolver un solo sector. “No se resuelve solo desde la Justicia o desde Educación, sino en conjunto”, afirmó.
Lo que buscan, más allá de transmitir información, es abrir una puerta. “Con que un chico llegue a su casa y plantee una duda o una pregunta, ya es un paso adelante”, cerró la magistrada.
