(NOTI-RIO) Lo que comenzó como un comunicado de prensa opositor publicado en un portal provincial terminó esta mañana con una escalada institucional sin precedentes en la política local.
El intendente Federico Moro se presentó en persona ante el Concejo Deliberante de La Adela, en el marco de la Sesión Ordinaria y entregó una nota formal dirigida a los concejales del bloque FreJuPa, Carlos Pereyra y Erminda Birge, exigiéndoles aclaraciones por las manifestaciones públicas vertidas el 8 de mayo en el medio digital provincial Planbnoticias.
El documento, firmado por el propio jefe comunal y recibido con sello oficial este miércoles, no deja margen para la ambigüedad: o los concejales aclaran y se retractan en un plazo de 72 horas hábiles administrativas, o Moro iniciará acciones judiciales civiles y penales por calumnias, injurias y falsas acusaciones de conductas delictivas.
Todo empezó cinco días atrás. Pereyra y Birge difundieron un comunicado que fue reproducido textualmente por un medio de La Pampa. En ese texto, los legisladores locales tildaron al intendente de comportarse como un “patrón de estancia” y no como un funcionario público, lo acusaron de realizar despidos por “persecución ideológica”, de favorecer a personas políticamente afines en las contrataciones, y de causar perjuicios administrativos al municipio.
Para Moro, la gravedad no pasa solo por el tono: afirma que acusar a un funcionario público de incumplir sus deberes no es análisis político, sino una denuncia penal encubierta.
Y si eso es así, sostiene, los propios concejales están obligados por ley a hacer las denuncias formales correspondientes, no a ventilarlo en un comunicado de prensa.
“Sus dichos van mucho más allá de un análisis político sobre mi gestión, que respeto y entiendo por los lugares que ocupa cada uno en la democracia. Me acusan falazmente de cometer hechos discriminatorios, de actos administrativos irregulares, de causar perjuicios al municipio, de ser irresponsable en la administración”, señaló Moro en la nota presentada ante el Concejo.
Contexto: una confrontación que viene de lejos
El cruce de este miércoles no surge de la nada. Desde que Moro asumió la intendencia, el bloque del FreJuPa ha sido su oposición más activa y más incómoda. Le cuestionaron la emergencia administrativa, los sueldos pagados en cuotas, el traspaso del servicio de agua y cloacas a la cooperativa CEOSPLA, y la ausencia municipal durante la fecha del Motocross Pampeano realizado en La Adela los días 2 y 3 de mayo.
Sin embargo, Moro ha ido construyendo un relato de gestión que tiene sustento en datos concretos: heredó un municipio que había incorporado 50 empleados a planta permanente en los últimos 20 días del gobierno anterior, una maniobra que la Justicia terminó anulando a favor del actual Ejecutivo y arrancó con un presupuesto equivalente al apenas 10% de lo que manejaba la administración de su predecesor.
Gobernar en esas condiciones, y aun así sostener servicios y avanzar en infraestructura, es el argumento central que el intendente esgrime cuando la oposición aprieta.
El otro flanco que Moro ha sabido instalar con eficacia es el de la paradoja: el concejal Pereyra acumula 36 años ininterrumpidos en el mismo cargo legislativo. Para sus defensores, eso representa memoria institucional. Para el intendente, es la definición más acabada de casta. “Eso sí que es casta, a mí me daría vergüenza”, disparó Moro públicamente en días previos. El argumento, por ahora, la oposición no lo ha podido refutar con la misma contundencia.
La jornada en el Concejo había arrancado con el tono habitual de una sesión de rutina. Pero una vez agotado el orden del día, Moro se hizo presente en el recinto. No era una visita protocolar. El intendente traía papeles y un mensaje claro: las acusaciones sin fundamento tienen consecuencias.
La judicialización como señal política
El intendente le puso un plazo al conflicto. Si en 72 horas hábiles no llega la aclaración o la retractación, la respuesta será judicial. No es solo una advertencia personal: es también una señal hacia el conjunto de la dirigencia opositora de la región. “Se terminó la época en que difamar era gratis”, había sentenciado Moro días atrás en declaraciones radiales.
La apuesta es de alto riesgo político, pero también de alta rentabilidad simbólica si prospera. Un intendente que gana en la Justicia contra legisladores que lo acusaron sin pruebas consolida su imagen de gestor que pone límites al operativismo partidario. Y hay un dato que a esta altura resulta imposible ignorar: toda la documentación sobre vencimientos de contratos laborales y las razones de su no renovación, encuadradas en la Ley 643, está a disposición de los concejales. Moro se la ofreció. Lo que los legisladores eligieron, en cambio, fue el comunicado de prensa.
La pelota está ahora del lado de Pereyra y Birge. Tienen 72 horas para decidir si responden con argumentos o con silencio. Y en política local, el silencio también dice cosas.