(NOTI-RIO) Un informe de la Secretaría de la Función Pública, al que accedió Literal, detalla que desde septiembre de 2024 el sistema de fiscalización tercerizado recortó cerca de 354.000 de los más de 805.000 días solicitados por los empleados públicos. Educación, Salud y Policía concentran el 92% del ahorro. La secretaria Tania Lastra defendió el mecanismo y equiparó la cifra con el costo de obras de infraestructura clave para la provincia.
El sistema de control de ausentismo que el gobierno de Río Negro puso en marcha en septiembre de 2024 acumula, a casi dos años de su implementación, un ahorro estimado en 27.270 millones de pesos para las arcas provinciales. Así lo indica un informe elaborado por la Secretaría de la Función Pública, al que tuvo acceso Literal, que precisa que las auditorías médicas recortaron un 44% de los días de licencia solicitados originalmente por los agentes estatales.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, los empleados públicos rionegrinos pidieron más de 805.000 días de licencia. De ese total, las auditorías redujeron alrededor de 354.000 jornadas, lo que equivale al 56% de los días finalmente autorizados sobre el total requerido.
Según el documento oficial, ese ajuste se aplicó porque muchas de las solicitudes presentaban inconsistencias o no cumplían con los criterios médicos establecidos para otorgar el reposo. De todos modos, el Gobierno remarcó que la intervención de los auditores no implica, en la mayoría de los casos, el rechazo total de la licencia, sino una adecuación de los plazos «a estándares médicos para evitar excesos».
«Cada peso del Estado es un recurso de los rionegrinos. Nuestro objetivo con las auditorías médicas no es cuestionar a quien realmente necesita una licencia, sino poner orden y desarticular a quienes abusaban del sistema», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Educación, Salud y Policía, los sectores con mayor impacto
El informe permitió identificar en qué reparticiones se concentran las principales distorsiones. Según los datos oficiales, el mayor volumen de ahorro se dio en Educación, con más de 12.300 millones de pesos no erogados desde la puesta en marcha del sistema. Con más de 25.000 agentes, los docentes representan la porción más grande de la planta estatal rionegrina, lo que explica el peso de esa cartera en el total ahorrado.
Sin embargo, el dato más sensible surge al cruzar el gasto con la cantidad de personal de cada organismo. Bajo esa mirada, el sector más comprometido es Salud, en particular los profesionales médicos. El informe indica que las licencias injustificadas tienen un costo promedio de 85.000 pesos diarios por agente, cifra que trepa a 120.000 pesos en el caso de los profesionales de la salud, a 119.000 pesos en el personal policial y a 116.000 pesos en el Servicio Penitenciario.
En conjunto, Educación, Salud y Policía concentraron el 92% del ahorro total, por encima de los 25.000 millones de pesos.
Ese diagnóstico explica, según el propio Gobierno, el énfasis puesto en los últimos meses en el control de la asistencia dentro de hospitales y centros de salud, con la incorporación de dispositivos que permiten conocer en tiempo real la presencia de cada profesional. La medida fue resistida por sectores gremiales, aunque ya se concretó con la instalación de equipos en distintos centros de salud pública.
La causa penal por certificados apócrifos
El informe de Función Pública vincula el endurecimiento de los controles con una investigación judicial en curso. Según se detalló, meses antes del inicio del nuevo sistema de auditorías se habían detectado circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias médicas de manera indiscriminada, con casos de hasta 2.000 días prescriptos por un solo médico.
Esa situación derivó en sumarios administrativos y en una denuncia penal contra profesionales de la salud del Alto Valle, en su mayoría vinculados a licencias de policías y penitenciarios. La causa, que ya está en etapa de imputación de cargos, se convirtió en una megacausa en la que más de 100 personas irán a juicio.
Del 38% al 12% de ausentismo
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que, antes de tercerizar el control de los certificados médicos, el nivel de ausentismo en la administración pública alcanzaba el 38%. «Actualmente, la efectividad de los controles permitió reducir ese índice a menos de la mitad, registrando una tasa del 12% durante el último mes de junio», indicaron desde Función Pública.
El informe también destaca un cambio de comportamiento en el mes que históricamente concentra la mayor cantidad de pedidos de licencia. Mientras en octubre de 2024 se solicitaron 61.565 días, en octubre de 2025 la cifra bajó a 47.534, una reducción de 14.031 jornadas.
Cómo funciona el sistema de auditorías
El procedimiento se activa cuando un agente solicita una licencia por enfermedad de corto tratamiento. Tras informar la inasistencia a través de la plataforma Mi Legajo, el empleado debe completar el formulario de auditoría y adjuntar el certificado médico antes de las 23.59 del mismo día. Luego, un médico auditor evalúa si el período de reposo solicitado es compatible con el diagnóstico presentado.
El Gobierno insiste en que la revisión no cuestiona la enfermedad del trabajador, sino la duración del reposo en relación con su capacidad laboral, y asegura que todas las auditorías están a cargo de médicos, sin intervención de sistemas automatizados. El esquema cuenta con consultorios presenciales en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, complementados con telemedicina para el resto del territorio provincial. En licencias superiores a los 30 días interviene la Junta Médica Provincial.
El contrato con Dienst Consulting
El sistema es administrado por la consultora Dienst Consulting, cuyo contrato con la provincia se conoció públicamente en mayo de 2025, luego de un pedido de informes del bloque Vamos con Todos, que había cuestionado la falta de transparencia en la firma del convenio.
Según informó en su momento el Ministerio de Hacienda, el servicio tenía un costo inicial de 292 millones de pesos mensuales, calculado sobre valores de septiembre de 2024. El acuerdo, firmado por 36 meses para controlar el ausentismo de una planta de unos 52.000 empleados públicos, prevé actualizaciones semestrales por IPC. Con la inflación acumulada hasta mayo de 2026 (68,61%), ese monto rondaría hoy los 492 millones de pesos mensuales. El informe al que accedió este medio no precisa si el ahorro de 27.270 millones de pesos contempla el costo de contratación del propio servicio de auditorías.
Nota de la Redacción: este dato debería verificarse directamente con Función Pública antes de publicar, ya que podría matizar el ahorro neto real del sistema.
Lastra: «Es un flaco favor a los trabajadores»
En diálogo con Literal Radio, Lastra puso en perspectiva el ahorro acumulado comparándolo con el costo de obras públicas en ejecución. Según explicó, tras consultar al Ministerio de Obras Públicas, los 27.000 millones de pesos alcanzan para financiar el Plan Director de Agua Potable que se ejecuta en San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este, o la nueva toma de agua de Lago Gutiérrez en Bariloche, que abastecerá a unos 30 barrios de esa ciudad. También lo equiparó con siete masas salariales completas de la Municipalidad de Roca.
La funcionaria afirmó además que el sistema generó un cambio de comportamiento dentro del propio Estado: según indicó, la Junta de Disciplina recibe cada vez más denuncias de empleados que advierten sobre presuntos abusos de licencias por parte de compañeros. «Muchos compañeros de trabajo se cansaron: ellos cumplen, van a trabajar y son responsables, mientras otros presentan certificados o abusan del sistema», sostuvo.
Consultada por el rechazo de gremios como Asspur al registro biométrico que se empezó a instalar en hospitales, y que anticiparon que podrían negarse a suministrar esos datos, Lastra fue tajante: «Le hacen un flaco favor a los trabajadores». Argumentó que el control del presentismo es una facultad del empleador y advirtió que quien no registre su asistencia no tendrá acreditada la prestación laboral al momento de liquidar los salarios. Sobre el tratamiento de los datos biométricos, aclaró que el sistema no almacena fotografías de los empleados sino un código numérico generado a partir de puntos del rostro, similar al que utilizan bancos y aplicaciones digitales.
Las dudas de los gremios
El mecanismo generó fuertes cuestionamientos en sectores gremiales, que pusieron en duda los criterios utilizados para reducir los días de reposo y advirtieron sobre el impacto que esas decisiones podrían tener en la recuperación de los trabajadores y en el pago de sus haberes. La resistencia se repitió también frente al esquema de control biométrico en hospitales, que algunos gremios consideran una intromisión adicional sobre las condiciones laborales del personal de salud.
Mapeo sanitario del Estado
Función Pública destacó además que la implementación del sistema permitió, por primera vez, sistematizar la información sanitaria de la planta estatal. Según el relevamiento anual de diagnósticos, las principales causas de licencia fueron las afecciones respiratorias —faringitis aguda y gripe— y la gastroenteritis viral, mientras que las lumbalgias, aunque con menor cantidad de pedidos, demandaron más días de reposo por caso.
