(NOTI-RIO) Las diferencias en el control operativo, la falta de plazos para rescindir contratos vigentes y el anuncio paralelo de concesiones privadas trabaron la firma del convenio inicial. La Provincia busca acelerar un crédito de 60 millones de dólares mientras la negociación vuelve a foja cero.
El viaje del gobernador Alberto Weretilneck a Buenos Aires terminó sin foto ni firma. Aunque la Casa Rosada y la provincia de Río Negro ratificaron la intención de transferir la gestión de las rutas nacionales 22 y 151, la negociación técnica y jurídica encalló en puntos clave de autonomía, plazos y responsabilidades financieras.
En el centro del conflicto se cruzan dos visiones administrativas opuestas. Mientras Río Negro pretende un único acuerdo con compromisos delimitados y cronogramas estrictos, la propuesta enviada por el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, dividió el traspaso en dos convenios, sin garantías sobre la liberación de los contratos pendientes ni fechas de ejecución.
Los cuatro nudos de la discordia
- Autonomía y aprobaciones previas: Nación pretende reservarse el derecho de aprobar o rechazar cualquier obra o intervención provincial sobre las trazas transferidas. En el Ejecutivo rionegrino consideran que la exigencia maniatan las decisiones locales, aun cuando la titularidad del dominio siga en manos del Estado nacional.
- Contratos vigentes e incertidumbre financiera: De los 518 kilómetros que abarcan ambos corredores, unos 213 continúan condicionados por contratos previos con empresas constructoras. Vialidad Nacional ofreció gestionar la liberación de esos compromisos, pero rehusó fijar plazos. Río Negro necesita certidumbre inmediata: gestiona un financiamiento de 60 millones de dólares ante el Fonplata para encarar reparaciones urgentes y el organismo crediticio exige cronogramas concretos.
- Poder de policía y balanzas: El borrador nacional condiciona el acuerdo a que la Provincia retire las demandas judiciales presentadas por el deterioro de las rutas. A la vez, busca restringir la potestad provincial para instalar balanzas de control de carga y sancionar infracciones.
- La vía de las concesiones privadas: En medio de las tratativas técnicas —donde intervienen el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün—, irrumpió una señal cruzada desde el propio oficialismo nacional. El senador Enzo Fullone anunció gestiones con Campoy para licitar insumos de bacheo y avanzar en un esquema de concesión privada de ambas rutas, una alternativa que colisiona de lleno con el traspaso a la órbita provincial.
A pesar del silencio oficial tras el frustrado encuentro de esta semana, las mesas técnicas prevén retomar los contactos en los próximos días. La delegación rionegrina mantendrá el reclamo de delimitar responsabilidades antes de asumir el costo operativo de las trazas.
Por su parte, Weretilneck mantiene en agenda un viaje a Washington para gestionar financiamiento con el BID, mientras la definición sobre el futuro de las dos arterias más neurálgicas del norte patagónico entra en una semana decisiva.
