El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos médicos del hospital de Río Colorado por un hecho ocurrido en junio de 2025. La causa investiga la atención brindada a una mujer durante la inducción de un parto programado de un embarazo de 41 semanas y considerado de alto riesgo para el bebé.
De acuerdo con la teoría fiscal expuesta por Matías Alvarez Reynolds durante la audiencia concretada hoy, “la paciente fue atendida inicialmente por el obstetra, quien pese a conocer los riesgos y la solicitud expresa de la mujer para realizar una cesárea, la obligó a un parto por vía vaginal. Tras colocarle una vía periférica y un comprimido intravaginal, la paciente comenzó con dolores intensos y, al alcanzar la dilatación completa, el médico ordenó su traslado a la sala de partos. Allí rompió artificialmente la membrana y la obligó a pujar de manera hostil durante veinte minutos sin que el bebé descendiera”.
“Ante la falta de avance, el obstetra convocó a la ginecóloga de guardia. Sin embargo, incumpliendo los protocolos y normativas vigentes sobre violencia obstétrica, se aplicaron maniobras de compresión uterina externa. Por su parte, la doctora convocada se limitó a sugerir que se esperara o se evaluara una cesárea, retirándose de la sala sin asumir la conducción del parto ni supervisar el riesgo”, detalló la fiscalía.
“Como consecuencia directa de estas prácticas, se produjo el nacimiento sin vida del bebé, cuyo deceso se debió a un traumatismo craneoencefálico agudo con hemorragia subaracnoidea ocasionado por la maniobra de Kristeller”, explicó el representante fiscal.
Asimismo, la fiscalía advirtió que ambos profesionales omitieron registrar de manera adecuada el seguimiento continuo, los controles fetales y la información sobre la placenta tanto en el partograma como en la historia clínica.
El extenso plexo probatorio reunido para sostener la acusación incluye actas de denuncia y secuestro de la historia clínica, informes del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, pericias psicológicas e histopatológicas, registros de guardias, notas del hospital e informes del Gabinete de Criminalística, además de numerosas declaraciones testimoniales de familiares, personal médico y técnico.
Sobre la base de estos elementos, la fiscalía encuadró provisoriamente la conducta de ambos médicos como autores del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica”, en concordancia con la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y la normativa estatutaria provincial aplicable.
Las defensas particulares se opusieron a la re formulación de cargos, insistiendo en la inocencia de sus asistidos.
Finalmente, el juez de Garantías Roberto Gaviña – teniendo presente lo manifestado por la querella – tuvo por fornulados los cargos en los mismos términos que fueron enunciados por la fiscalía.
Además declaró abierta la etapa de la investigación penal preparatoria por el término de dos meses, rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa y homologó las pautas de conducta: ambos imputados deben informar sus domicilios antes de cambiarlos y hacer lo mismo en caso de ausentarse por tiempo prolongado o salir del país.
