(NOTI-RIO) El bolsillo de los vecinos de La Adela quedó envuelto en una feroz disputa política y legal. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad y a paso firme la Ordenanza 028/2026 —promulgada de inmediato por la Resolución 099/2026 del intendente Federico Moro— que prohíbe de manera expresa a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Adela (CEOSPLA) trasladar a las facturas del servicio eléctrico el cobro de la tasa por ocupación del espacio aéreo y público.
Sin embargo, lo que el Municipio presentó como un “blindaje” en favor de las familias y comercios locales derivó de inmediato en un contrapunto de alto voltaje. Desde el Consejo de Administración de CEOSPLA respondieron con dureza: aseguran contar con el respaldo de una resolución de la Administración Provincial de Energía (APE) para aplicar el cargo y no descartan recurrir a la Justicia.
La ofensiva municipal: “La tasa la paga quien ocupa el espacio”
La mecha se encendió el pasado 28 de octubre, cuando CEOSPLA notificó formalmente a sus asociados que comenzaría a descargar en los recibos de luz el costo municipal por el tendido de cables y postes. La reacción política del Ejecutivo y del Deliberante fue fulminante.
«Los vecinos no ocupan el espacio público con postes y cables; hacerles pagar esos derechos implica trasladarles un costo que no les corresponde, y menos sobre un servicio esencial en un contexto económico complejo», remarcaron desde el Municipio.
La nueva norma no solo prohíbe y declara nulo cualquier cobro adicional en la boleta eléctrica, sino que impone medidas de fiscalización severas:
- Declaración Jurada obligatoria: CEOSPLA deberá presentar un reporte mensual con el detalle exacto de postes y metros de cableado para auditar la tasa real.
- Canal directo de denuncias: El Ejecutivo habilitó la Mesa de Entradas municipal (vía WhatsApp y presencial) para registrar reclamos sobre conceptos indebidos, con la obligación de remitir informes trimestrales al Concejo.
- Instancias elevadas: La comuna ya notificó a la cooperativa y giró copia de la prohibición a la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa.
La réplica de CEOSPLA: $12,5 millones mensuales y una deuda ahogante
En la vereda opuesta, la voz de la cooperativa dejó al descubierto un trasfondo económico asfixiante. Marta Herrera, integrante del Consejo de Administración de CEOSPLA, manifestó su sorpresa ante la celeridad de la ordenanza y denunció la falta de instancias de diálogo previo.
Herrera advirtió sobre la delicada situación financiera de la entidad: la boleta municipal por canon de espacio aéreo supera los $12,5 millones de pesos mensuales (más un adicional anual en enero por posteo), una cifra que consideran desproporcionada en comparación con otras localidades.
«Si debiéramos absorber este costo sin trasladarlo, el impacto en las finanzas de la cooperativa sería demoledor. Un traslado proyectado en base al consumo implicaría cerca de $42 por kilowatt, equivalentes a unos $4.200 extra en una boleta promedio de 100 kW», detalló la dirigente.
A este frente se le suma una pesada mochila: CEOSPLA arrastra una deuda superior a los $500 millones con la APE, a la que le hace frente mediante pagos mensuales y planes de regularización. Para la conducción cooperativa, poder percibir el concepto de espacio aéreo resultaba una pieza clave para sanear sus cuentas y mantener operativo el alumbrado público —servicio del cual debieron hacerse cargo tras el traspaso municipal en 2025—.
Radiografía del conflicto en La Adela
| Eje del conflicto | Postura Municipal (Gobierno de Federico Moro) | Postura Cooperativa (CEOSPLA) |
| Puntapié inicial | Aprobación rápida de la Ordenanza 028/2026. | Sorpresa y reclamo por la falta de mesa de diálogo. |
| Regulación del cobro | Prohibición absoluta de volcar la tasa en la boleta de luz. | Se amparan en una resolución de la APE que habilita el traslado. |
| Argumento principal | Proteger el bolsillo de los vecinos ante un costo de la prestadora. | La tasa de $12,5 millones/mes resulta impagable sin financiamiento. |
| Próxima instancia | Inspección vía DDJJ y canal de denuncias a vecinos. | Evaluación del Consejo y asesores legales para accionar judicialmente. |
Choque de resoluciones: ¿Quién tiene la última palabra?
Con el Municipio manteniéndose firme en que “el vecino no debe pagar ni un peso” y la cooperativa estudiando una presentación ante la Justicia amparada en la normativa de APE, el escenario en La Adela ingresa en una zona de seria incertidumbre institucional. En el centro de la escena vuelven a quedar las familias locales, atrapadas entre el choque normativo de las autoridades y la fragilidad del servicio eléctrico.
