La Corte Suprema de Justicia de la Nación será la responsable de resolver un amparo presentado por la provincia de Río Negro contra el Estado Nacional, debido a la suspensión de fondos destinados al sistema educativo provincial. Este reclamo surge después de que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificara la decisión del Juzgado Federal de Viedma, que se declaró incompetente para abordar la causa, remitiendo el caso al máximo tribunal del país.
El conflicto se originó cuando la provincia de Río Negro denunció la interrupción del envío de recursos financieros para el sistema educativo, desde enero de 2024, por parte del gobierno nacional. En su presentación, la provincia sostiene que la suspensión de estos fondos viola el derecho a la educación, establecido en la Constitución Nacional. Además, se apoya en legislaciones como la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075) y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que regulan la distribución de los recursos educativos en el país.
La Cámara de Apelaciones de General Roca, respaldando la postura de la fiscal general interina María Claudia Frezzini, determinó que la cuestión debe ser tratada por la Corte Suprema, al considerar que el litigio involucra a una provincia y al Estado Nacional, lo que lo convierte en una disputa de competencia federal que debe ser resuelta en instancia originaria por el máximo tribunal.
Por su parte, el Estado Nacional argumentó que las normativas citadas por la provincia de Río Negro dejaron de tener vigencia en diciembre de 2023. Además, señaló que la provincia no cumplió con ciertos requisitos establecidos en la normativa, razón por la cual se interrumpió el financiamiento. También se mencionó que otras provincias, como Chubut, La Rioja y La Pampa, enfrentan problemas similares en cuanto al envío de fondos educativos, presentando también reclamos ante la Justicia.
Este caso pone de relieve la importancia de garantizar el financiamiento de la educación en el marco de las leyes nacionales, y la decisión final de la Corte Suprema será clave para determinar si los fondos deben ser restituidos a la provincia de Río Negro.
