(NOTI-RIO) El Municipio de Cipolletti ha cesado de sus funciones a una empleada por presentar un certificado médico falso, marcando así el tercer caso desde que comenzó una auditoría interna para verificar la validez de estos documentos. Esta medida responde a denuncias recibidas por parte de familiares de un médico fallecido, quienes alertaron sobre la circulación de certificados que contenían la firma y sello apócrifos del profesional.
El intendente Rodrigo Buteler fue categórico al referirse al despido de la empleada y reafirmó el compromiso de mantener una estricta política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de inconducta. “Hoy despedimos a una empleada que intentaba justificar faltas con un certificado médico trucho. En nuestro Municipio no hay lugar para las estafas, no toleramos el fraude hacia los vecinos ni a aquellos que intentan ensuciar a los trabajadores que sí valoran y honran su trabajo municipal cada día”, expresó a través de sus redes sociales. Si bien el despido aún no ha sido oficializado en el Boletín Oficial, fuentes del Ejecutivo local confirmaron que la resolución ya fue comunicada a la extrabajadora.
La auditoría interna, que se implementó para verificar las licencias y certificados médicos del personal municipal, ha generado hasta el momento tres despidos. Este sistema de control se estableció tras recibir denuncias sobre el uso indebido del sello de un médico fallecido, lo cual motivó la creación de un acuerdo con la Junta Médica del Consejo de la Función Pública para auditar todas las licencias médicas.
El trasfondo de los despidos y la controversia judicial
El endurecimiento de las políticas internas no se ha limitado a la presentación de certificados falsos. Otro grupo de exempleados municipales que fue despedido previamente por presuntamente vender material ferroso robado reclama ahora una millonaria indemnización. Los cesanteados, que transportaron el material en un vehículo oficial, sostienen que no hay pruebas concluyentes que demuestren que el material en cuestión correspondía a cables robados.
El abogado de los exempleados cuestionó el accionar del Municipio y acusó a la Junta de Disciplina de no haber podido comprobar fehacientemente las acusaciones. “El Municipio hizo todo mal, desde acusar a mis clientes de robar cables hasta despedirlos”, afirmó el representante legal, quien busca una compensación por un monto cercano a los 72 millones de pesos, dado que uno de los despedidos contaba con 39 años de antigüedad en el Municipio. El conflicto se encuentra aún en vías administrativas, aunque no se descarta que derive en un juicio en caso de no alcanzarse un acuerdo.
La situación plantea un panorama complejo para el Municipio de Cipolletti, que busca mantener un estricto control sobre la integridad de sus trabajadores y servicios, al tiempo que se enfrenta a posibles disputas legales por sus decisiones.
