(NOTI-RIO) En el marco de una profunda reestructuración del Estado, el Gobierno nacional dispuso, a través del Decreto 70/2025, la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. La decisión responde a la voluntad de reducir la intervención del Estado Nacional en la gestión habitacional y delegar la responsabilidad en las provincias, municipios y el sector privado.
Con esta medida, el Ejecutivo busca descentralizar la administración de los programas de vivienda, argumentando que el esquema anterior no solo generaba una burocracia excesiva, sino que también evidenciaba ineficiencias en la asignación de recursos y escasos resultados concretos.
Disolución de fondos fiduciarios y transferencia de funciones
Uno de los puntos centrales de esta reestructuración es la disolución de tres fondos fiduciarios que eran administrados por la ex Secretaría de Vivienda. Estos mecanismos habían sido señalados por organismos de control por falta de transparencia, clientelismo y deficiencias en su implementación.
En primer lugar, el Decreto 1018/2024 dispuso el cierre del Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), tras detectarse demoras en la entrega de viviendas y fallas en la habitabilidad de las unidades construidas. En la misma línea, el Decreto 6/2025 eliminó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, aludiendo a su uso con fines políticos y la presencia de irregularidades en su gestión.
Asimismo, avanza la liquidación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), mientras que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura serán transferidas a la Secretaría de Obras Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El proceso de cierre de la Secretaría se realizará de forma progresiva mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de garantizar una transición ordenada de las responsabilidades.
Impacto en las provincias: beneficios y perjuicios
La transferencia de la política de vivienda a las provincias y municipios genera un impacto dispar en los distritos. Entre los aspectos positivos, esta medida podría permitir una gestión más cercana a las problemáticas locales, con mayor capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada región. Además, se espera que la descentralización reduzca la burocracia y agilice los procesos de construcción y entrega de viviendas.
No obstante, también surgen preocupaciones respecto a la capacidad de las provincias para asumir estas funciones sin el respaldo financiero del Estado Nacional. Muchas jurisdicciones dependen en gran medida de fondos federales para el desarrollo de infraestructura habitacional y podrían enfrentar dificultades para sostener los programas sin una fuente de financiamiento estable.
Asimismo, en provincias con menor capacidad de gestión, el traspaso de responsabilidades podría derivar en una ejecución ineficiente o en la discontinuidad de proyectos habitacionales en marcha. Por otro lado, el sector privado tendrá un rol más activo en la construcción de viviendas, lo que podría derivar en un aumento de costos y en una menor cobertura para los sectores más vulnerables.
En este nuevo escenario, las provincias y municipios deberán articular estrategias propias para garantizar el acceso a la vivienda, mientras que el Gobierno Nacional busca redefinir su rol en el desarrollo urbano, limitándose a una función de supervisión y coordinación.
