(NOTI-RIO) El Fiscal General de Río Negro, Fabricio Brogna López, emitió la Resolución Nº 15 para designar a cuatro representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) con el objetivo de investigar la emisión de certificados médicos presuntamente apócrifos otorgados a empleados públicos de la provincia. La medida responde a una denuncia presentada en 2023 por el gobernador Alberto Weretilneck.
La investigación involucra a una pediatra y un psiquiatra, quienes habrían expedido certificados falsos para justificar licencias injustificadas. El equipo designado por el MPF está conformado por Juan Pedro Peralta (Fiscal Jefe), Mariana Giammona (Fiscal Titular Nº 8), Francisco Marano (Adjunto de la Fiscalía Nº 8) y Candelaria Molineux (Adjunta de la Fiscalía Nº 7). La decisión se fundamenta en la complejidad y magnitud del caso, lo que motivó la conformación de un equipo de fiscales bajo la dirección de Peralta.
Detalles de la investigación
El 23 de mayo, Weretilneck y el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, formalizaron la denuncia, ampliándola el 31 de mayo. La causa apunta a una médica de General Roca y un psiquiatra de Villa Regina, acusados de haber emitido certificados fraudulentos con diagnósticos falsos para que empleados estatales obtuvieran licencias injustificadas.
Durante 2024, la Policía de Río Negro realizó allanamientos en los domicilios de los involucrados, incautando computadoras y teléfonos celulares para pericias forenses. Fuentes judiciales indicaron que uno de los médicos tenía un mensaje en su estado de WhatsApp en el que anunciaba el costo de los certificados falsos, lo que refuerza la hipótesis de una posible red dedicada a esta práctica fraudulenta.
Además, la pesquisa reveló que estos profesionales habrían emitido 472 certificados entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, justificando un total de 6.602 días de ausencias para empleados de Salud, Policía y Educación, lo que generó un perjuicio estimado en 400 millones de pesos al Estado.
Los acusados y el avance del proceso
Los profesionales implicados en la investigación son Norberto Altamirano, psiquiatra de Villa Regina, y Claudia Elisandro, pediatra del hospital Francisco López Lima de General Roca. Las autoridades judiciales han solicitado información a distintos organismos para corroborar las irregularidades detectadas y definir si hay más personas involucradas.
El Fiscal General subrayó que la creación del equipo especial busca optimizar la investigación de un caso de alta relevancia social y perjuicio para la administración pública. Sin embargo, aclaró que la asignación de fiscales no exime de responsabilidad a los funcionarios ya intervinientes en la causa.
Fuentes judiciales advirtieron que la investigación será un proceso largo y complejo, calificándolo como un “trabajo de hormiga” que requiere un análisis minucioso de la documentación y testimonios.
Con esta acción, el Gobierno de Río Negro busca dar un paso firme en la lucha contra el uso indebido de licencias médicas fraudulentas en el sector público, una práctica que ha generado un impacto económico significativo en las arcas estatales.
