En Río Negro, alrededor de un tercio del personal de Salud ve reducido su salario por las retenciones del Impuesto a las Ganancias. Este impacto recae principalmente sobre los profesionales, alcanzando a casi el 60% de ese grupo.
Ante esta situación, el gobernador Alberto Weretilneck anunció una modificación en la forma de liquidar guardias y horas extras, con el objetivo de excluir esos ingresos del alcance del tributo. Según datos oficiales, aproximadamente 2.600 de los 7.117 trabajadores del sistema sanitario provincial se ven afectados actualmente por esta carga impositiva.
La decisión genera un nuevo debate con el gobierno nacional, ya que la provincia actúa como agente de retención de la Nación. Este tipo de exención ya cuenta con antecedentes en Río Negro, incluso dentro del ámbito sanitario, aunque en su momento fue revertida por presiones del ente recaudador nacional, hoy denominado ARCA (ex AFIP).
En Maquinchao, el mandatario anticipó que desde abril se separarán los pagos por guardias y horas extras de los sueldos, evitando así que queden gravados. Una propuesta similar había sido mencionada días antes en Cipolletti por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, a raíz de la preocupación por la pérdida de profesionales en áreas críticas, debido a los descuentos fiscales.
El encuadre legal para esta exención aún no está claro. Hasta 2024, existía una normativa nacional que exceptuaba del impuesto al sector sanitario, pero esa protección fue eliminada con la última reforma impositiva a comienzos de 2025.
Weretilneck cuenta con antecedentes en esta materia. En 2013 firmó el decreto N° 681, que establecía que las guardias de profesionales con dedicación exclusiva no debían tributar Ganancias. Posteriormente, la medida se amplió a más agentes del sistema de Salud. En aquel entonces, figuras similares ya se aplicaban a otros sectores estatales mediante el concepto de “Dedicación Funcional”.
Sin embargo, la AFIP objetó esta política y obligó a la provincia a desistir. Años después, una normativa nacional volvió a eximir al personal sanitario, aunque esa excepción caducó el año pasado.
El impacto del impuesto también reapareció en el ámbito docente tras la caída de una cautelar lograda por la CTERA, que había suspendido temporalmente las retenciones. En enero, la Unter denunció ante el Ministerio de Educación el incumplimiento de esa medida, aunque luego se confirmó que la misma ya había expirado. Actualmente, los docentes con cargos jerárquicos y más de 15 años de antigüedad son los más afectados.
La reforma más reciente suprimió además el diferencial patagónico, aplicando el tributo a quienes perciben más de 2,3 millones de pesos brutos si son solteros, o 3 millones en el caso de casados con dos hijos.
En un movimiento judicial, la agrupación Asspur presentó una demanda por inconstitucionalidad contra el impuesto. El fiscal Marcos Escandell derivó la causa a la Justicia Federal. El escrito, firmado por la secretaria general Cesira Mulally, sostiene que el tributo vulnera derechos constitucionales y que su restablecimiento en la llamada “cuarta categoría” afecta a un amplio universo de trabajadores y jubilados.
Asspur advierte que la aplicación del impuesto sobre las guardias en zonas desfavorables pone en riesgo la cobertura sanitaria y perjudica el derecho a la salud de la población. Según el gremio, los mínimos no imponibles actuales son “ridículos e insostenibles”, afectando gravemente la economía de los trabajadores del sistema de salud.
En paralelo, Río Negro observa con atención lo hecho por Neuquén, donde una ley vigente desde 2008 y reformulada en 2023 establece un mecanismo de compensación que evita retenciones impositivas sobre ciertos conceptos, amparados judicialmente hasta hoy.