(NOTI-RIO) Las sociedades rurales de la Patagonia han decidido actuar con firmeza ante la reciente Resolución N°180 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita el ingreso de carne con hueso desde el norte del país hacia la región patagónica. Consideran que la medida pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado tras décadas de esfuerzo, y ya han diseñado una estrategia legal destinada a impedir su implementación.
Durante una extensa reunión celebrada esta semana, convocada por la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén, los ganaderos definieron una doble vía de acción: una presentación administrativa ante el SENASA y múltiples demandas judiciales en juzgados federales de la región. El objetivo central es “congelar” la resolución mediante medidas cautelares que frenen su aplicación, manteniendo vigente la actual prohibición de ingreso de carne con hueso a la Patagonia.
Presentaciones en marcha
La ofensiva se desplegará en los próximos días. Por un lado, la Federación de Sociedades Rurales llevará a cabo una impugnación administrativa contra la Resolución N°180. En paralelo, varias sociedades rurales —como las de Maquinchao, Bariloche, General Roca, Viedma y Río Colorado— interpondrán recursos de amparo y medidas cautelares en los juzgados federales correspondientes a su jurisdicción.
Según los impulsores de esta estrategia, el fundamento legal de su postura se apoya en normas vigentes del propio SENASA y en modificaciones recientes introducidas por la Ley Bases, promovida por el gobierno nacional. Los productores consideran que no se respetaron los procedimientos obligatorios de consulta pública, tanto interna como internacional, exigidos por la Resolución 756/2024 del SENASA y por el nuevo artículo 8º bis de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549).
Argumentos sanitarios y jurídicos
El frente técnico de la demanda está respaldado por un informe veterinario provincial que refuta los argumentos del SENASA. En particular, cuestiona la afirmación de que el riesgo de propagación de fiebre aftosa es “ínfimo”. “Si el riesgo fuera tan bajo, el resto del país ya habría suspendido la vacunación”, señalan.
Desde el punto de vista jurídico, los asesores argumentan que la resolución del SENASA contradice principios de jerarquía normativa. “Una resolución no puede invalidar una ley nacional”, sostiene el abogado y productor Javier Perrote, quien forma parte de la Sociedad Rural de Guardia Mitre y está redactando una de las presentaciones judiciales.
Perrote recalca que el sur del río Colorado constituye un “territorio ganado” en términos sanitarios, libre de fiebre aftosa sin vacunación, y que cualquier modificación en ese estatus requiere procedimientos transparentes y consensuados, especialmente con los actores de la cadena productiva y los socios comerciales internacionales.
Una estrategia que busca el tiempo
Aunque el recurso de amparo apunta a una derogación definitiva de la Resolución N°180, en lo inmediato se pretende obtener una suspensión judicial que frene su aplicación. La interpretación legal de los ruralistas sostiene que cualquier resolución objetada judicialmente debe quedar inactiva hasta que haya una sentencia firme.
En este sentido, los ganaderos reconocen que el camino podría ser extenso. “Llegar hasta la Corte Suprema puede llevar años, pero durante todo ese tiempo la medida no tendría vigencia”, explican.
Costos y mercado: una visión patagónica
Perrote también cuestiona la idea de que la barrera sanitaria es la causa de la diferencia de precios de la carne en la región. “El encarecimiento se debe principalmente a la logística y a los intermediarios”, afirma. Producción en la Patagonia —añade— implica mayores costes operativos debido a las condiciones geográficas y de pastura. Por ejemplo, en lugares como Guardia Mitre se requieren diez hectáreas para mantener una sola vaca, mientras que en otras zonas del país se pueden criar diez vacas en la misma superficie.
En conclusión
La decisión de avanzar por la vía legal refleja la firme oposición de los ganaderos patagónicos a cualquier intento de flexibilizar la barrera sanitaria sin el debido proceso. Para ellos, no se trata solo de un asunto económico o comercial, sino de preservar una condición sanitaria lograda con décadas de trabajo.
Ahora, con presentaciones en manos de abogados y veterinarios, y con respaldo de una base legal sólida, se preparan para una batalla prolongada que, según estiman, podría mantener suspendida la resolución durante varios años.
