El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los pilares del desarrollo rural, científico y productivo de la Argentina, enfrenta una de las crisis institucionales más profundas de su historia. Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei amenazan con reducir drásticamente su funcionamiento, dejando a numerosas regiones del país —entre ellas, Río Negro y Neuquén— sin cobertura técnica ni asistencia en territorio.
En declaraciones a medios regionales, Cecilia Gittins, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de la Patagonia, advirtió que de concretarse los recortes, el impacto sería devastador: “En Neuquén se cerrarían las cinco agencias y el IPAF. En Río Negro, 11 agencias están también en riesgo. Eso significa directamente la desaparición del INTA en ambas provincias”.
Una estructura nacional en jaque
El INTA es un organismo público descentralizado con una red federal que abarca centros regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión rural. Su gobernanza, hasta hoy, se ha sostenido sobre un esquema participativo con fuerte presencia de entidades agropecuarias, universidades y sólo tres representantes del gobierno nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo se propone modificar esta estructura mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El nuevo esquema pasaría a tener ocho miembros, con paridad entre el gobierno y las entidades del agro, pero con voto definitorio del presidente del organismo, elegido por el Ejecutivo. “Esto elimina nuestra autonomía. Seríamos una oficina más del gobierno de turno”, subrayó Gittins.
Un actor clave en la producción regional
En Río Negro, el INTA ha desempeñado un rol insustituible en el desarrollo de la agricultura familiar, la innovación tecnológica, el manejo de recursos hídricos y el fortalecimiento de capacidades locales. Desde Bariloche hasta la Línea Sur, sus técnicos y extensionistas llegan a productores a menudo olvidados por el mercado o el Estado, brindando apoyo técnico gratuito y promoviendo modelos de producción sustentable.
En el Alto Valle, por ejemplo, ha sido fundamental en la modernización de la fruticultura, mientras que en zonas rurales aisladas ha trabajado en proyectos de acceso al agua, producción de alimentos sanos y capacitación bromatológica para feriantes y microemprendedores.
Desmantelamiento en curso: impacto humano y productivo
El plan de ajuste incluye la eliminación de programas clave como ProHuerta —que por años promovió huertas familiares y distribuyó semillas en todo el país—, la paralización de más de 400 becas doctorales y el despido potencial de unos 840 trabajadores contratados, lo que representa entre el 14% y el 16% del personal.
La intención oficial de transferir funciones a las provincias sin recursos ni estructuras para asumirlas, sumada a la posible venta de tierras del organismo y la reducción de 15 a solo 5 macroregiones, dibuja un escenario de vaciamiento sin precedentes.
“Las provincias no están en condiciones de reemplazar el trabajo que hace el INTA. Se trata de décadas de construcción territorial, de presencia constante en la ruralidad, incluso en contextos adversos”, enfatizó Gittins.
El respaldo político empieza a consolidarse
Frente al avance de estas políticas, trabajadores del INTA en todo el país comenzaron a organizarse en defensa del organismo. En Río Negro, esta semana, personal de la sede del Valle Inferior fue recibido en la Legislatura provincial. Germán Cariac, director local del INTA, explicó ante los legisladores los riesgos concretos que implicaría para la producción regional la pérdida del acompañamiento técnico.
La legisladora Lorena Matzen (UCR) expresó su apoyo y se comprometió a trasladar el reclamo a instancias nacionales. Además, se acordó la redacción de un comunicado conjunto por parte de todos los bloques parlamentarios, exigiendo al Gobierno Nacional la revisión de estas medidas.
Lo que está en juego
La eventual desaparición del INTA no solo amenaza empleos y líneas de investigación, sino que pone en riesgo un modelo de producción inclusivo y federal. Dejar sin asistencia a pequeños y medianos productores equivale a cortar el vínculo entre el conocimiento técnico y la producción local. “Si el INTA se va del territorio, se rompe una red construida durante generaciones”, resumió Gittins.
En un país donde más del 60% del sector agrícola familiar depende de este acompañamiento, y donde aún persisten enormes brechas entre regiones, el ajuste sobre el INTA es visto por muchos no como un ahorro, sino como una renuncia a una política de Estado que supo llegar donde otros no.
