(NOTI-RIO) La respuesta oficial de la Comisaría 11 sobre la exposición policial que involucra al concejal Ángel Calvete no fue incluida en el orden del día de la última sesión del Concejo Deliberante. Este hecho, que fue interpretado por el bloque del PJ como un intento de ocultamiento institucional, desató una fuerte discusión entre los bloques y dejó en evidencia el quiebre total del diálogo político en el cuerpo.
La última sesión del Concejo Deliberante de Río Colorado confirmó lo que desde hace semanas, de la supuesta “buena convivencia” institucional se rompió por completo. La grieta entre los bloques es evidente, los enfrentamientos ya no se disimulan y el recinto se ha transformado en el escenario de una lucha abierta por el control político, donde la legitimidad de los actores comienza a ser puesta en duda.
El detonante fue la situación vivida por el concejal Ángel Calvete (PJ) en la Escuela Nº 256, donde, según consta en una exposición policial realizada por la directora del establecimiento, el edil se presentó alterado para retirar a su hijo, protagonizando un episodio que fue interpretado por las docentes como intimidatorio.
La exposición que lo cambió todo
Aunque se trató de una exposición y no de una denuncia penal, la existencia del documento fue confirmada oficialmente por la Comisaría 11. Sin embargo, desde el bloque justicialista se intentó relativizar el hecho, afirmando que “no hay denuncia”, y por tanto no correspondía ni el repudio público ni su apartamiento del cargo, tal como se había pedido en una sesión extraordinaria anterior, cuyo documento incluso fue firmado por la propia concejala Paula Mele (PJ).
Pero el núcleo del conflicto no se limita al episodio en la escuela, sino al manejo político e institucional que se hizo del mismo. En la última sesión, la edil Paula Mele (PJ) acusó directamente a la presidenta del Concejo, Zonia Gallegos (JSRN), de “cajonear” y “esconder” documentación clave, al no haber incluido en el orden del día el pedido de informe presentado por la UCR ni la respuesta oficial de la comisaría.
Además, fue más allá: acusó abiertamente a los bloques de Juntos Somos Río Negro y la Unión Cívica Radical de actuar en complicidad para encubrir al edil involucrado y bloquear el debate institucional.
Paula Mele (PJ):
“Ustedes decidieron que esto no se lea. Lo ocultaron. Decidieron por todo el Concejo sin consultarnos. Hay un pacto de silencio entre la presidencia y los bloques de JSRN y la UCR. Lo que pasó con Calvete lo quieren tapar entre todos.”
El PJ insiste en el tecnicismo.
Desde el oficialismo y la oposición se defendieron señalando que la nota había sido enviada como un pedido particular del bloque radical, y no como solicitud del cuerpo legislativo, motivo por el cual no se trató en sesión. Pero más allá del procedimiento, la existencia del hecho está confirmada.
La estrategia del PJ fue clara: insistir en que se trata de una exposición, no una denuncia, para debilitar la gravedad institucional del hecho y quitarle validez al pedido de apartamiento del concejal. Sin embargo, desde los demás bloques advirtieron que una exposición policial también es un acto formal, y su sola existencia demuestra que la situación ocurrió, fue vivida como violenta y generó preocupación dentro de una institución educativa pública.
Vanesa Picabea (UCR):
“Si hay una exposición es porque algo pasó. Las directoras de escuela no van a la comisaría por capricho.”
Este conflicto no es un hecho aislado. En la sesión anterior, se había producido otro cruce fuerte vinculado a denuncias públicas contra otro edil del PJ, lo que sumó tensión a un clima ya espeso y fragmentado. Lo que debería ser un espacio de deliberación democrática se ha transformado en un campo de batalla política, con reglas difusas, desconfianza total y acuerdos que ya nadie respeta.
Desde el justicialismo se vislumbra que se podría recurrir a la justicia ordinaria, denunciando una “violación del procedimiento institucional y del derecho a la defensa política”. Las acusaciones apuntan directamente contra Gallegos, pero también contra los bloques de JSRN y UCR.
Sin embargo, la situación podría volverse aún más grave. Sectores opositores estarían preparando presentaciones contra el otro concejal del PJ por presunta doble percepción de haberes públicos, es decir, cobrar un salario del Concejo y otro de un organismo estatal, algo expresamente prohibido por la Carta Orgánica Municipal. De confirmarse, el caso podría escalar a la justicia y derivar en una posible suspensión o destitución.
La política de los silencios y el juego de las formas
Más allá del fondo, la discusión también expuso el uso político de las formas. Mientras el PJ insistía en que el expediente debía ser leído para “defender” a Calvete, los demás bloques sostenían que ya había existido una manifestación pública institucional y que el intento de relativizar lo ocurrido no hacía más que alimentar la desconfianza.
La presidenta Gallegos, por su parte, negó haber ocultado la información y defendió el accionar del cuerpo:
Zonia Gallegos (JSRN):
“La documentación no fue escondida. Está a disposición en Secretaría. Ustedes pidieron que no se trate públicamente. Nosotros respetamos eso.”
Pero el cruce ya era inevitable. La sesión finalizó con un bloque justicialista en tono desafiante, afirmando que el tema “se terminaba ahí”, mientras desde la UCR y JSRN reclamaban que el caso se tratara en comisión especial para dar un cierre institucional al conflicto.
Nada de eso ocurrió.
En medio del debate, el propio concejal Ángel Calvete tomó la palabra para exigir disculpas públicas a sus colegas, a quienes acusó de haberlo difamado mediáticamente al hablar de una supuesta denuncia penal que, según él, “nunca existió”. Con un tono desafiante, insistió en que lo ocurrido fue solo una exposición, sin consecuencias legales, y que por tanto no correspondía ni su apartamiento ni el repudio que recibió por parte del cuerpo en sesiones anteriores. “Se expresaron públicamente diciendo que había una denuncia. Eso es falso. Me deben una disculpa. El reglamento es claro: para que un concejal deje sus funciones debe existir una condena firme, y acá no hay ni denuncia”, manifestó visiblemente molesto.
Una grieta ya institucionalizada
Lo que quedó al descubierto en esta sesión no es solo una diferencia de criterios, sino una ruptura institucional de fondo. No hay diálogo real entre bloques. Las decisiones se toman por fuera del recinto, los acuerdos se rompen en voz alta y la disputa política ya desbordó el ámbito deliberativo para entrar en terreno judicial y mediático.
El Concejo atraviesa una crisis de legitimidad. Las exposiciones públicas, las acusaciones de encubrimiento, el manejo parcial de la información y el uso estratégico del reglamento interno como herramienta política han erosionado el funcionamiento institucional.
En este contexto, el bloque justicialista aparece a la defensiva, reaccionando ante hechos ya consumados y priorizando la defensa corporativa, mientras los demás bloques avanzan en la construcción de una narrativa que los posiciona como “garantes de la transparencia”.
Un cierre que no cierra
La última sesión no resolvió nada. Al contrario: confirmó que las posiciones están completamente enfrentadas. Lo que debería haberse resuelto como un conflicto político interno, hoy amenaza con convertirse en una escalada judicial con consecuencias institucionales imprevisibles.
Los bloques ya no buscan consenso. Buscan imponerse.
Y en el medio, la ciudadanía asiste a un espectáculo que combina irresponsabilidad, negación, manejo opaco de la información y el uso de las instituciones para defender intereses de bloque, más que principios democráticos.
ANÁLISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Los hechos desencadenantes
El concejal Ángel Calvete (PJ) se presentó en la Escuela Nº 256 de Río Colorado para retirar a su hijo, en un estado de alteración emocional que generó una situación de amedrentamiento hacia el personal docente. Esto motivó una exposición policial realizada por la directora del establecimiento educativo.
Exposición vs. denuncia: la disputa semántica y legal
El núcleo del conflicto se sitúa en la naturaleza jurídica del documento presentado en la Comisaría. Mientras desde JSRN y la UCR se sostiene que la existencia de la exposición valida que el hecho ocurrió y amerita tratamiento institucional, el concejal Calvete (PJ) insiste con que “no hay denuncia”, y por tanto no hay motivos legales ni reglamentarios para exigir su apartamiento.
Este planteo tensiona el valor institucional de una exposición policial, que sin tener carácter judicial, es un acto formal que documenta hechos considerados relevantes por quien la realiza, y por tanto, no puede ser minimizado en el ámbito público.
El rol de la presidencia del Concejo
La presidenta Zonia Gallegos (JSRN) fue duramente cuestionada por miembros del PJ, especialmente por la concejala Paula Mele, por no haber incluido en el orden del día ni el pedido de informe ni la respuesta de la comisaría, a pesar de que ambos documentos habían ingresado formalmente.
La defensa institucional fue que se trataba de una cuestión “particular”, que debía ser tratada puertas adentro, algo que fue discutido y cuestionado fuertemente, en tanto el hecho ya había sido tratado públicamente e incluso había motivado una sesión extraordinaria.
Sesiones anteriores y acusaciones cruzadas
El debate se enrarece con reproches personales, incumplimiento de reuniones previas, contradicciones sobre los acuerdos tomados y señalamientos entre bloques sobre la manipulación de los procedimientos internos. El PJ denuncia una intencionalidad política detrás del manejo del expediente, mientras que JSRN y la UCR sostienen que se actuó con cautela y respeto institucional.
¿Se confirma el hecho?
Sí. La respuesta oficial de la Comisaría 11 confirma que la directora de la escuela hizo una exposición formal indicando que el concejal Calvete se presentó alterado. Aunque no hay denuncia penal, el hecho existió, y fue percibido como amedrentamiento por las docentes.
“…se hizo presente en esta unidad policial la ciudadana Riva Zulma, en representación de la Escuela Nº 256, quien realizó una exposición policial poniendo en conocimiento una situación vivida con el ciudadano Calvete Ángel. Los menores del hecho fueron que el masculino se había presentado en el establecimiento educativo en estado alterado…”
El accionar de Calvete, más allá de sus justificaciones personales, resulta institucionalmente preocupante por tres razones:
- Se produjo en un espacio público (una escuela), frente a funcionarios públicos (docentes).
- Implica una conducta alterada e intimidatoria, incompatible con la investidura de un edil.
- Su defensa se basa en tecnicismos legales, sin mostrar empatía hacia el personal afectado.
El hecho de que no haya denuncia no exime del deber ético de los representantes electos de mantener una conducta ejemplar. La exposición policial, si bien no penaliza, sí pone en duda la aptitud del concejal para el ejercicio pleno de sus funciones, especialmente si su actitud afecta la convivencia institucional.
