El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó un anteproyecto de ley destinado a prevenir y sancionar los discursos de odio expresados desde cargos estatales. La iniciativa coloca a la provincia en un camino de avanzada en materia de derechos humanos, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Pesatti argumentó que la palabra de un funcionario tiene un peso institucional que la diferencia de la de cualquier ciudadano: “Cada declaración se convierte en un acto de gobierno. Por eso debemos establecer límites claros frente a expresiones que degraden o inciten a la violencia”.
La propuesta define como discurso de odio toda manifestación que promueva, justifique o incentive la discriminación, la hostilidad o la violencia contra individuos o grupos, en función de su origen étnico, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social, opinión política u otras características protegidas por la Constitución y los tratados internacionales.
El texto también recuerda que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a los Estados a prohibir por ley cualquier apología del odio que pueda derivar en discriminación o violencia.
En cuanto a sanciones, el anteproyecto contempla desde apercibimientos y suspensiones hasta la cesantía o exoneración en casos graves. Asimismo, incorpora medidas de reparación simbólica, como la retractación pública o la participación en programas de capacitación y servicio comunitario.
Particular atención merecen los funcionarios electivos: de acuerdo con el vicegobernador, las conductas encuadradas en esta normativa podrían constituir causal de mal desempeño y habilitar un proceso de juicio político. “El discurso público degradante no es un error menor, sino un incumplimiento grave de los deberes de un funcionario”, enfatizó.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial será la encargada de recibir denuncias, elaborar dictámenes y coordinar un plan de formación obligatoria para todos los trabajadores del Estado.
Pesatti cerró su intervención con una reflexión contundente: “La violencia verbal es la antesala de la violencia física. Intervenir a tiempo sobre los mensajes oficiales que estigmatizan es clave para preservar la convivencia democrática”.
El proyecto ya fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que tendrá a su cargo el análisis de su viabilidad antes del debate legislativo.
Puntos clave del proyecto contra los discursos de odio en Río Negro
- Objeto de la ley: prevenir, prohibir y sancionar discursos de odio emitidos desde la función pública.
- Definición de discurso de odio: toda expresión que incite, promueva o justifique discriminación, hostilidad o violencia por razones de:
- etnia
- religión
- género
- orientación sexual
- discapacidad
- condición social
- opinión política
- otras características protegidas por la Constitución y tratados internacionales.
- Ámbito de aplicación:
- Funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- Ministerios Públicos.
- Empresas, sociedades y entes con participación estatal provincial.
- Organismos de control y entes interjurisdiccionales con presencia de la provincia.
- Fundamentos jurídicos: se apoya en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Sanciones previstas:
- Apercibimiento.
- Suspensión.
- Cesantía o exoneración en casos graves.
- Reparación simbólica: retractación pública, capacitaciones o servicios comunitarios.
- Funcionarios electivos: las conductas comprendidas podrán considerarse causal de mal desempeño, con posibilidad de juicio político y separación del cargo.
- Autoridad de aplicación: Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.
- Recibir denuncias.
- Elaborar dictámenes técnicos.
- Implementar programas de capacitación obligatoria para personal del Estado.
- Estado del trámite: el proyecto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su análisis previo al debate legislativo.
