(NOTI-RIO) Con un escenario económico limitado y escaso margen de maniobra, el Gobierno de Río Negro avanza en la elaboración del presupuesto 2026, que deberá ser presentado ante la Legislatura antes del 30 de noviembre. El Ministerio de Hacienda, a cargo de Gabriel Sánchez, ya trabaja en los topes para cada organismo estatal, tomando como base la ejecución presupuestaria de 2025 y una estimación inflacionaria del 10,1%, según el proyecto nacional.
En este esquema, más del 80% de los fondos estarán absorbidos nuevamente por tres conceptos rígidos: salarios, coparticipación a municipios y pago de deudas. Este fuerte condicionamiento deja un espacio reducido —apenas el 21,5% del total— para políticas públicas, obras, compras y servicios.
Un reparto condicionado y dispar
El método de cálculo presupuestario implica una presión directa sobre las áreas con baja ejecución en 2025: a menor uso de partidas, menor asignación para el nuevo ejercicio. No obstante, el gobernador Alberto Weretilneck podría intervenir políticamente para ajustar esos montos, considerando criterios estratégicos o urgencias institucionales.
Mientras tanto, los Poderes Judicial y Legislativo preparan sus propias proyecciones, que luego deberán ser evaluadas por el Ejecutivo.
Salarios y deuda, el mayor peso del gasto
Hacienda proyecta que el gasto en Personal para 2025 cerrará en torno a los 1,7 billones de pesos, lo que representa un 27,5% más que lo originalmente presupuestado. A su vez, se estima que el presupuesto global para 2026 podría crecer en un 14%, si se ajusta a los cálculos de inflación manejados por técnicos nacionales.
Entre enero y septiembre de este año, el Estado rionegrino ya desembolsó 1,663 billones de pesos. De ese total:
- 214 mil millones fueron transferidos a municipios por coparticipación tributaria
- 161 mil millones se destinaron al pago de deudas, principalmente el bono Castello
- El resto, 1,288 billones, quedó para el funcionamiento general, de los cuales 1,012 billones fueron utilizados en haberes, es decir, el 78,5%
Obra pública y políticas, con fondos acotados
Solo el 21,5% del presupuesto restante queda disponible para ejecutar políticas públicas, realizar obras, adquirir bienes y prestar servicios. En ese reparto, se evidencia una disparidad en la ejecución según ministerios: mientras algunas carteras comprometieron hasta el 90% de sus partidas, otras no llegaron al 50%.
Estas diferencias reflejan tanto dificultades en la gestión interna, como también el impacto de las prioridades asignadas por Hacienda en la autorización del uso de fondos disponibles.
Un 2026 sin margen
El nuevo presupuesto confirmará, una vez más, la transitoriedad y fragilidad de las finanzas provinciales, donde los gastos inflexibles y la volatilidad económica nacional imponen límites claros a la capacidad de acción del Gobierno.
Con el foco puesto en garantizar servicios esenciales y compromisos financieros, la administración de Weretilneck deberá reorganizar sus estrategias, priorizar recursos y afrontar un nuevo ejercicio donde las inversiones y respuestas a demandas emergentes seguirán condicionadas por una estructura presupuestaria con poco margen para la improvisación.
