(NOTI-RIO) Las negociaciones paritarias en Río Negro exponen una vez más la compleja relación entre el gobierno provincial y los gremios estatales en un escenario económico restrictivo.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, intentó fijar una posición clara del Ejecutivo al defender una propuesta de actualización salarial trimestral atada al Índice de Precios al Consumidor de Viedma, mientras cuestionó con dureza el reclamo del gremio docente UNTER, que exige un salario inicial de dos millones de pesos para los docentes ingresantes.
Desde la óptica oficial, la estrategia apunta a ofrecer previsibilidad y evitar esquemas de aumentos discrecionales basados en bonos o sumas fijas.
Lastra sostiene que este mecanismo responde a un pedido histórico de los sindicatos y permite al Estado planificar el gasto sin comprometer el equilibrio fiscal.
En ese marco, destacó que el diálogo con ATE y UPCN se desarrolla en un clima constructivo, con coincidencias en la necesidad de un esquema claro de actualización, aunque persisten reclamos por la pérdida del poder adquisitivo del último trimestre del año pasado.
El conflicto más delicado se concentra en el sector educativo. La conducción de UNTER considera que los salarios actuales no alcanzan para cubrir el costo de vida y que la propuesta oficial no recompone el deterioro acumulado. El gobierno, en cambio, argumenta que Río Negro se encuentra entre las provincias que mejor pagan a sus docentes y que avanzar hacia una cifra como la solicitada por el gremio resulta incompatible con los ingresos reales de la provincia. Para el Ejecutivo, no se trata solo de una negociación salarial, sino de una discusión sobre los límites del Estado en un contexto de alta demanda social y recursos finitos.
Lastra alineó su discurso con el del gobernador Alberto Weretilneck al remarcar que el presupuesto provincial no se destina únicamente a salarios, sino también al sostenimiento de escuelas, hospitales, seguridad y obra pública.
En ese sentido, la cautela fiscal aparece como el eje central del mensaje político del oficialismo, que busca diferenciarse de gestiones anteriores marcadas por desequilibrios financieros.
Con las paritarias en cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero, el gobierno se comprometió a analizar el pedido de los gremios de resarcir la pérdida salarial de los últimos meses del año pasado.
Del otro lado, UNTER avanza en instancias internas para definir posibles medidas de fuerza, en un calendario que se acerca peligrosamente al inicio del ciclo lectivo.
La disputa salarial, más allá de los números, se convierte así en un escenario de pulseada política. El gobierno intenta consolidar una narrativa de responsabilidad y previsibilidad, mientras los sindicatos buscan capitalizar el malestar de los trabajadores frente a la inflación.
El desenlace de esta negociación no solo tendrá impacto en los bolsillos estatales, sino también en el clima social y político de la provincia en los próximos meses.
