(NOTI-RIO) Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de las comisarías de Cipolletti terminó por explotar este viernes en un operativo judicial sin precedentes.
La Fiscalía de Río Negro ordenó el allanamiento simultáneo de las viviendas de dos figuras de alto perfil: la Comisaria Mayor a cargo de la Jefatura de Tránsito de la Policía de Río Negro y su pareja, un alto directivo de la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA).
La causa, liderada por el Ministerio Público Fiscal, investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la venta de autopartes de vehículos que se encontraban bajo custodia policial.
Se trata de unidades secuestradas en operativos viales o por causas judiciales que, en lugar de ser resguardadas, habrían sido sistemáticamente “vaciadas” para alimentar el mercado negro.
Los procedimientos se realizaron bajo un fuerte hermetismo en los domicilios particulares de los involucrados en Cipolletti. Según fuentes cercanas a la investigación, se secuestraron:
- Dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.
- Documentación relacionada con el registro de vehículos secuestrados.
- Elementos que no pudieron ser justificados y que coincidirían con los faltantes denunciados en los playones judiciales.
Ascensos polémicos y sospechas
El dato que genera mayor indignación en la fuerza es que la Jefa de Tránsito involucrada había sido ascendida recientemente a su cargo provincial, a pesar de que ya existían versiones que la vinculaban con irregularidades en el manejo de los depósitos de vehículos.
Por su parte, el rol del jefe de ARSA está bajo la lupa: los investigadores buscan determinar si se utilizaba logística o estructuras de la empresa estatal para el traslado de las piezas o si su participación se limitaba al blanqueo de los ingresos provenientes del desguace.
Hasta el momento, ni la Jefatura de Policía ni el Gobierno Provincial han emitido un comunicado oficial sobre el desplazamiento de los cargos, aunque se descuenta que ambos funcionarios serán apartados preventivamente mientras avanza la formulación de cargos.
“Estamos ante un escándalo de proporciones sistémicas. No es solo un robo; es el uso del Estado para beneficio propio”, confió una fuente judicial a este medio.
