(NOTI-RIO) En una dura y fundamentada intervención durante la sexta audiencia pública, la defensora Adriana Santagati desarmó los argumentos de la distribuidora eléctrica. Advirtió que el aumento del 45,9% esconde ineficiencias operativas, un desproporcionado incremento de personal y una maniobra técnica para cobrar costos millonarios sin importar si hay cortes de luz.
La pretensión de la distribuidora eléctrica Edersa de aplicar un aumento del 45,9% en la tarifa media general chocó de frente contra un dictamen lapidario de la Defensoría del Pueblo de Río Negro.
Durante la sexta audiencia pública por la revisión tarifaria, la titular del organismo, Adriana Santagati, expuso un contundente rechazo técnico y político.
Acusó a la empresa de intentar transferir todo el riesgo de su negocio a los usuarios para garantizarse una rentabilidad sin control ni exigencias de eficiencia.+1
“La propuesta de la empresa muestra señales importantes de transferencia de riesgos del negocio hacia el usuario sin justificación objetiva”, disparó la defensora, dejando en claro que el pedido de Edersa va mucho más allá de una simple actualización.
El análisis de la Defensoría desnudó que el incremento no tiene correlación alguna con la evolución de la economía familiar: mientras la distribuidora pide casi un 46% de aumento , los salarios a diciembre de 2025 variaron apenas un 38,2% y las jubilaciones un 31,5%.+2
LA TRAMPA DEL “VAD DESENERGIZADO”: PAGAR AUNQUE NO HAYA LUZ
Uno de los puntos más polémicos y peligrosos para el usuario es el modelo de “VAD desenergizado” que busca implementar Edersa. La empresa pretende que el 100% del Valor Agregado de Distribución (los costos de mantener la red, invertir y comercializar) se cobre exclusivamente a través del Cargo Fijo, independientemente de si el usuario consume poca o mucha energía.+1
- El fin del ahorro y la equidad: Con este esquema, se rompe el principio de “quien más usa, más paga”. Un hogar que cuide su consumo o sea de bajos recursos (T1R1) pagará prácticamente lo mismo de infraestructura que uno de alto consumo, volviendo a la tarifa un impuesto regresivo.+2
- Ganancia asegurada con apagones: En el esquema actual, si hay cortes de luz, Edersa no factura energía y pierde recaudación. Con el nuevo modelo, la empresa se asegura cobrar casi la totalidad de su ingreso mensual aunque el usuario esté a oscuras. Para la Defensoría, esto es lisa y llanamente un “blindaje financiero” para la distribuidora.+2
Ineficiencia premiada y un festival de gastos
Lejos de mostrar una mejora en su servicio, la auditoría expuesta por la Defensoría reveló datos alarmantes sobre el manejo interno de la compañía. Según los propios informes técnicos de la empresa, las denominadas “pérdidas no técnicas” (que incluyen hurtos, conexiones clandestinas o errores de facturación y control) saltaron de un 4,81% en el quinquenio anterior a un escandaloso 11,99% en 2024. En la práctica, esto significa que la empresa pretende que los rionegrinos paguen en sus boletas por su ineficiencia comercial.+3
El contraste se vuelve más irritante al analizar los costos operativos. Pese a que la demanda de energía está virtualmente estancada -con una proyección de crecimiento pírrica del 0,77%-, Edersa proyecta aumentar su plantilla de personal en un 22%.
En el área de administración, el costo crece un 16%. Es un contrasentido absoluto en plena era de la digitalización y las “oficinas virtuales”. Santagati fue tajante: la tarifa debe reflejar un costo decreciente y eficiente, no ser una caja para financiar burocracia injustificada.+4
EL GOLPE DE GRACIA A LAS PYMES RIONEGRINAS
El impacto en el sector productivo regional podría ser devastador. Para los grandes usuarios (categoría T2), que engloba a industrias, galpones de empaque y grandes comercios, Edersa propone un “Costo por Gestión Comercial” fijo de $902.885,23 mensuales por cada cliente.
La Defensoría exigió que la empresa demuestre fehacientemente en qué gasta casi un millón de pesos todos los meses solo para “atender” a un usuario. Al no existir auditoría de este monto, el organismo advierte que podría tratarse de un “cargo recaudatorio” encubierto.+1
Además, el esquema obliga a estos emprendimientos a declarar una potencia anual rígida sin flexibilidad: si una PyME entra en crisis o achica su producción, Edersa le prohíbe reducir la potencia contratada hasta que termine el año, obligándola a pagar fortunas por una red que ya no utiliza. Un contrato abusivo que deja al productor sin derecho a defensa.+2
Rentabilidad millonaria, indexación automática y prepotencia normativa
Como si el cuadro no fuera lo suficientemente gravoso, Edersa exige una tasa de rentabilidad real (WACC) del 13,39%, un porcentaje de doble dígito “extremadamente elevado e injustificable” frente al empeoramiento de su eficiencia. Además, pretende cobrarle a los usuarios el valor de redes antiguas e infraestructura obsoleta (VNR), cuando la normativa le exige basar sus costos en la tecnología más moderna y eficiente disponible (Modelo de Empresa Ideal).+1
La frutilla del postre institucional es la pretensión de aplicar una fórmula de actualización mensual y automática de sus ingresos tarifarios. Esto eliminaría cualquier riesgo inflacionario para la empresa, trasladando los aumentos directa e instantáneamente al bolsillo de los ciudadanos. Más grave aún, Edersa incluyó en su propuesta que los nuevos cuadros tarifarios podrían aplicarse “sin necesidad de mediar la previa aprobación del EPRE” , un gesto de autonomía e ilegalidad que la Defensoría exigió sancionar de inmediato.+4
Rechazo rotundo en defensa de la Constitución
Tras el pormenorizado desglose técnico, la conclusión del organismo de control fue inapelable: la propuesta debe ser rechazada tal y como fue efectuada.
“La distribuidora busca garantizar la previsibilidad de caja desvinculando su rentabilidad de la eficiencia real en la prestación del servicio y el riesgo propio del negocio”, sentenció Santagati. Advirtió, además, que avalar este modelo dejaría en “absoluta desprotección” los derechos económicos de los usuarios, consagrados en el Artículo 42 de la Constitución Nacional. La pelota está ahora en el terreno del EPRE y del poder político provincial, que deberán definir si le ponen un freno a la empresa o convalidan este avance sobre el bolsillo de los rionegrinos.
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