(NOTI-RIO) La distribuidora estatal santacruceña Distrigas recomendó adjudicar un contrato de transporte de GLP a P. Tortoriello y Cía., firma del grupo familiar del legislador rionegrino, que cotizó más de 550 millones de pesos por encima de competidores válidos. El caso suma presión sobre un diputado que ya encabeza la lista de imputados en la megacausa Techo Digno.
Una nueva polémica sacude al diputado nacional rionegrino Aníbal Tortoriello. Esta vez, el escándalo no proviene de los tribunales de Cipolletti sino de las oficinas de una empresa pública en la Patagonia sur.
La Licitación Pública N° 0030/DGSA/2025 de Distrigas S.A., destinada a contratar el transporte de Gas Licuado de Petróleo hacia cuatro localidades del interior santacruceño, quedó en el centro de la controversia luego de que trascendiera la intención de la empresa estatal de avanzar con la preadjudicación a la firma P. Tortoriello y Cía S.A., cuya oferta supera en más de 550 millones de pesos a otra propuesta considerada válida dentro del mismo expediente.
Los números del proceso son elocuentes. De acuerdo con la documentación licitaria, Roligas S.A. cotizó $6.225.727.738; Transporte J.C. Morrison presentó una oferta de $6.239.433.123; mientras que P. Tortoriello y Cía S.A., con sede en Cipolletti, Río Negro, encabezó la tabla con $6.790.152.597,52.
En términos simples: la empresa familiar del legislador ofreció el precio más caro, y aun así fue recomendada para quedarse con el contrato.
Denuncia y expediente abierto
La denuncia fue impulsada por la firma Trans Eccleston ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, que se vio obligado a abrir un expediente de revisión. Como primeros pasos técnicos, el organismo solicitó a la presidencia de Distrigas el envío de los pliegos, las actas de apertura y el dictamen de la comisión evaluadora.
Sin embargo, se estima que el organismo no emitiría un dictamen antes de que se concrete la adjudicación cuestionada.
Este punto es central: la denuncia podría llegar tarde.
Las irregularidades no se limitan al precio. La presentación señala inconsistencias graves en las planillas de cotización de la empresa favorecida y cuestiona que P. Tortoriello no contaría con la infraestructura necesaria -camiones, empleados o base operativa- dentro de la provincia de Santa Cruz para garantizar la eficiencia del servicio.
Este último punto es clave, ya que el incumplimiento de las disposiciones locales de prioridad de contratación podría contravenir la Ley de Contabilidad, otorgando una base técnica sólida para una eventual sanción.
Además, al ser Distrigas una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sus directores podrían responder con su propio patrimonio en caso de demostrarse una administración negligente de los fondos públicos.
El peso de la causa Techo Digno
Este episodio santacruceño se superpone con el proceso judicial que amenaza la carrera política de Tortoriello en Río Negro.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó al diputado los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, en el marco de la megacausa Techo Digno.
La causa se remonta a la operatoria realizada entre 2015 y 2016 para la construcción de 404 viviendas en Cipolletti. De acuerdo con pericias del IPPV, se detectaron facturaciones y pagos por certificaciones de obra que superaban lo efectivamente construido, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.
La defensa intentó cerrar el caso por prescripción, pero fracasó. El juez Marcelo Gómez desestimó las impugnaciones planteadas por los defensores, sosteniendo que la justicia debe priorizar el estudio de las conductas y los hechos por encima de las discusiones técnicas sobre calificaciones legales.
El argumento que mantiene vivo el expediente es, paradójicamente, la propia trayectoria del imputado: mientras que su coimputado Baratti dejó la función pública en 2015, Tortoriello encadenó cargos como intendente, candidato a gobernador y diputado nacional, con reelección en 2025, lo que para la Justicia rionegrina constituye un obstáculo que suspende los plazos de prescripción.
Proyección política bajo presión
El horizonte electoral complica aún más el cuadro. La causa Techo Digno volvió al centro de la escena en Río Negro, calentando un año clave para definir candidaturas de cara a 2027, dado que Tortoriello es señalado como el principal retador del gobernador Alberto Weretilneck.
Si es condenado, la candidatura quedaría vedada por la vigencia de la ley de Ficha Limpia, aprobada por la legislatura rionegrina en 2024.
El propio Tortoriello salió a defenderse públicamente: calificó su situación judicial como “falsedad y manipulación de la Justicia para ensuciar su figura” y denunció que se utiliza el Poder Judicial “para evitar competir con alguien que evidentemente les resulta una amenaza”.
Por ahora, dos frentes abiertos -uno en Santa Cruz, otro en Río Negro- configuran el escenario más complicado que ha enfrentado el legislador desde que ingresó a la política nacional.
