(NOTI-RIO) Las recientes revelaciones publicadas por el diario La Nación exponen un giro estratégico en la gestión de la infraestructura vial de Argentina. El escenario actual combina una marcada subejecución de fondos específicos, el uso de recursos viales para el equilibrio fiscal, el avance hacia la privatización y suba de peajes, y la delegación de corredores a las provincias.
1. Fondos subejecutados y desvío hacia títulos financieros
Un relevamiento sobre el manejo de las cuentas públicas reveló que el Gobierno nacional recaudó aproximadamente $1,5 billones destinados por ley al mantenimiento y la obra vial (a través de tributos específicos como el Sistema Vial – SisVial). Sin embargo:
- Baja ejecución: Se ejecutó apenas una cuarta parte de lo recaudado.
- Inversiones en el mercado: Más de $1 billón de los recursos no utilizados fueron colocados en plazos fijos, LECAPs y títulos públicos del Tesoro para generar rendimientos o sostener la liquidez del Estado.
- Admisión oficial: Ante estos datos, voceros del Ejecutivo reconocieron abiertamente que parte de los fondos con asignación específica para rutas se retuvieron o reorientaron con el fin primordial de “garantizar el equilibrio fiscal” y sanear las cuentas públicas.
2. El nuevo esquema de concesiones: más peajes, pocas obras estructurales
En paralelo a la parálisis de las obras con financiamiento directo del Tesoro, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía avanzan con la Red Federal de Concesiones:
- Multiplicación de cabinas: Las nuevas licitaciones autorizan llevar las estaciones de peaje en rutas nacionales de 39 actuales a cerca de 89 (sumando unos 50 nuevos puntos de cobro en distintos corredores productivos y turísticos).
- Tarifas de referencia: Se proyecta un costo cercano a los $3.500 por cada 100 kilómetros recorridos, ajustable según las fórmulas previstas en los pliegos.
- Alcance y plazos: Concesiones privadas por 30 años que abarcan más de 2.500 kilómetros iniciales (incluyendo tramos clave en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa y corredores mesopotámicos).
- Exigencias de obras: Analistas y sectores del transporte advierten que, si bien el costo para el usuario aumenta significativamente, los pliegos de bases y condiciones ponen énfasis prioritario en tareas de conservación básica (bacheo, señalización y corte de pasto) y exigen muy pocas obras de infraestructura pesada (como la construcción de nuevos carriles, autovías o terceros carriles de sobrepaso).
3. Delegación de tramos nacionales a las provincias (Decreto 253/2026)
Como parte de la estrategia para desligar al Estado nacional de los costos de mantenimiento, se promulgó el Decreto 253/2026:
- Transferencia operativa: Se habilitó a nueve provincias (Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén) a concesionar por su cuenta tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios bajo el sistema de obra pública por peaje.
- Condiciones legales:
- El Estado nacional mantiene la titularidad y la jurisdicción federal sobre los caminos.
- La delegación es revocable y caduca si las provincias no convocan a licitación en el plazo de un año.
- Lo recaudado por peajes en esos tramos debe aplicarse exclusivamente a ese corredor y no puede desviarse a otros fines.
Resumen del impacto y claves para la cobertura
- Costo logístico: El incremento en la cantidad de peajes impactará de lleno en los costos del transporte de carga, la producción agropecuaria e industrial y los pasajes de larga distancia.
- Dilema del financiamiento: Mientras los usuarios pagarán peajes más costosos para circular por rutas que requieren mejoras urgentes, los impuestos sobre los combustibles pagados en el surtidor fueron utilizados temporalmente como resguardo financiero del Tesoro nacional.
- Rol provincial: Las provincias asumen la responsabilidad técnica de buscar oferentes privados para mantener corredores vitales en sus regiones, en un escenario donde la obra pública nacional con fondos directos del Presupuesto se mantiene bajo un estricto filtro de austeridad.
El antecedente de Cristóbal López y las demandas cruzadas por peajes
La discusión sobre los fondos viales reaviva además el complejo frente judicial acumulado en los últimos años en torno al empresario Cristóbal López y el grupo Indalo a través de la concesionaria Autopistas del Sol / CPC. Tras las denuncias por el presunto no pago de los cánones de concesión y las deudas millonarias en el impuesto a los combustibles (recursos que por ley debían destinarse a la infraestructura vial), la rescisión de contratos por parte del Estado derivó en prolongadas batallas en los tribunales federales. Mientras que los organismos públicos reclaman la restitución de sumas multimillonarias por el incumplimiento de obras acordadas y la retención tributaria, la empresa demandó formalmente al Estado exigiendo indemnizaciones por la readecuación de tarifas, convirtiendo a este corredor en uno de los emblemas de la litigiosidad y la falta de transparencia en la administración de la red pública.
