La Unidad Fiscal del Ministerio Público, a cargo de los pampeanos José Nebbia y Miguel Palazzani, solicitó el jueves 2 de mayo al juez federal Santiago Martínez que detenga, indague y prohíba la salida del país al empresario Vicente Gonzalo Massot, propietario y director del matutino La Nueva Provincia de Bahía Blanca, así como la de un ex secretario de redacción, Mario Gabrielli, informó la agencia Télam.
A ambos se los acusa de haber formado parte del plan criminal que posibilitó el genocidio de la última dictadura cívico militar, lo que representa un nuevo caso de posible complicidad de miembros de la sociedad civil y de las empresas comerciales e industriales con la dictadura militar.
Para los fiscales, La Nueva Provincia tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. “El compromiso” con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”, explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la “eficacia” militar, datos sobre militancias “extremistas”, todo ilustrado con fotos robadas por los militares.
“A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia”, apuntaron Nebbia y Palazzani.
Por su parte
El secretario de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, afirmó hoy que “las pruebas están escritas, está el rol del diario en donde no se puede adjudicar a una cuestión de libertad de expresión sino que está enmarcado en un plan de acción psicológica”.
“Esto forma parte del mismo cuerpo de investigación de Lesa Humanidad de los cuales nosotros trabajamos desde 1986 y hoy se da la historia jurídica a partir de lo que resolviera el Tribunal Oral en el juicio que conluyó el 12 de septiembre pasado y lo investigado por los fiscales”, agregó Hidalgo.
El año pasado y en el marco del primer juicio por delitos de Lesa Humanidad cometidos en Bahía Blanca, el Tribunal a cargo de los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti ordenó que se investigue “la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia durante la última dictadura militar”.
Durante el fallo en el que fueron condenadas 17 personas, el Tribunal dictaminó “extraer constancias documentales respecto de la publicaciones que daba cuenta el diario y remitirlas al juzgado federal”.
Hidalgo recordó que previamente el entonces fiscal Abel Darío Córdoba “había pedido el allanamiento del Diario La Nueva Provincia lo cual el ex juez Eduardo Tentoni se había negado con una conducta cobarde”.
“Ahora vamos sobre la misma situación ya que son acusaciones concretas que surgen del propio medio”, dijo Hidalgo.
Para el titular de la APDH “en este caso las pruebas están escritas, el rol del diario en todo el diario, no se puede adjudicar loque dice el diario a una cuestión de libertad de expresión y del medio porque está enmarcado en todo lo que tiene que ver el plan de acción psicológica”.
“Ahora como el juez no realizó la investigación y derivó el testimonio de parte del Tribunal a la Fiscalía para que investigara, dá como resultado ésto por lo que se los fiscales solicitan la indagatoria y detención”, agregó Hidalgo.
En ese contexto y sobre el juez Federal Martínez, el titular de APDH sostuvo que “vamos a ver qué medidas toma y esperemos que sean las que corresponda”.
“Esta es una primera etapa, no empieza y termina acá, es el primer paso de la etapa más profunda de la investigación, se sigue investigando ya que tiene otros cuerpos y trabajos que no se han incorporado en la medida que avance ésto”, puntualizó.