La Legislatura de Río Negro aprobó hoy en primera vuelta, en general, el proyecto que establece un nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Río Negro. La iniciativa fue avalada por la mayoría de los legisladores, con la excepción de Ricardo Ledo, del bloque Unidos por Río Negro. La Cámara aprobó también la vuelta de la iniciativa a Comisiones, para su análisis en particular, proceso que se completará en el mes de marzo.
La legisladora Tania Lastra informó la iniciativa elaborada por Labor Parlamentaria. Luego de describir “el camino de la reforma”, exponiendo antecedentes y aportes realizados al proyecto, expuso los “ejes fundamentales” del Código propuesto. Entre ellos mencionó “una persecución penal más racional y eficaz, una identificación de los conflictos que mayor daño producen a la sociedad y un sistema de garantías fuerte que impida el avasallamiento de los derechos constitucionales durante el proceso penal, todo basado en un sistema de audiencias públicas y orales como mecanismo para la toma de decisiones que dinamicen el proceso y fortalezcan la publicidad de los actos”.
El nuevo proceso, agregó, reserva la función de juzgar para los jueces y tribunales de juzgados populares, y la función de investigar, para el Ministerio Público Fiscal, además de destacar la oralidad y la publicidad en todas las etapas del proceso. “A partir de ahora la víctima tendrá”, además, “el derecho a un trato más digno y respetuoso, reduciéndose de esta forma la tortuosidad de su participación”, afirmó Lastra.
Por el bloque Eva Perón, los legisladores Ana Piccinini y Ariel Rivero manifestaron su aval, en general, a la iniciativa. Piccinini habló de “lo importante y trascendente” de la sanción de un nuevo Código para la Provincia, hizo referencia a la “urgencia” de la reforma, consideró que era una “asignatura pendiente” y calificó su aprobación como un “puntapié inicial”. No coincidió con la incorporación del juicio por jurados, consideró que “no es el momento”. También sostuvo que es imposible esta reforma sin un presupuesto y una infraestructura adecuada.
Por su parte, Facundo López resaltó que el cambio más importante será el cultural y destacó que “esta fecha será recordada como un día clave en la historia provincial”. Dijo que “se trata de un código renovado, dinámico, con principios constitucionales y de tinte acusatorio”.
Ricardo Ledo (UPRN) adelantó su negativa al proyecto, al fundamentar que se acelera el tratamiento de políticas de Estado muy importantes que no traen la mayoría de los consensos. Si bien expresó su acuerdo con una reforma de estas características, consideró “que hay temas que no se pueden dejar al azar” y que, en muchos puntos del nuevo Código, todavía no se ha expedido el Ministerio Fiscal.
El legislador Alejandro Betelu, miembro informante del bloque Alianza Concertación para el Desarrollo, adhirió a las distintas fundamentaciones, ya que “hubo tiempo suficiente para el debate” y porque “traerán ventajas que si bien por sí mismo no resolverán los problemas de seguridad, en conjunto llevarán hacia el esquema buscado”.
Por su parte, el legislador Jorge Ocampos (CC-ARI) anticipó que propondrá modificaciones cuando se trate el proyecto en particular, como la ampliación de los presupuestos de prisión preventiva en el domicilio, ya que “contribuirá a solucionar en parte la sobre población que existe en el sistema penitenciario”.
El presidente del bloque ACD, Bautista Mendioroz, coincidió en el espíritu y acordó con la necesidad de una reforma, de pasar a un sistema acusatorio, con la eliminación del expediente, la participación de las victimas y la incorporación de la policía científica, entre otras cuestiones. Con respecto a los juicios por jurados, aseguró que “el bloque no tiene una postura tomada y debería dejarse para una instancia posterior en donde se defina cómo, cuándo, quiénes y en qué momento hacerlo”.