En Río Negro los hombres ocupan el mayor porcentaje (84,3%) de las denuncias por violencia doméstica. No obstante, también hay mujeres (15,7%) objeto de este tipo de presentaciones judiciales. Las exparejas son quienes protagonizan estos hechos que requieren de la intervención judicial (45,23%); en menor medida los concubinos (19,61%) y en menor cantidad los cónyuges (9,54%).
Así lo revelan datos estadísticos del Poder Judicial reunidos entre el primero de mayo de 2013 y el 30 de abril de este año en los distintos juzgados de Familia de Río Negro.
En total fueron tramitados en la provincia 2.631 casos distribuidos de la siguiente manera en las distintas circunscripciones: 1.019 (Roca), 817 (Bariloche), 467 (Cipolletti) y 328 (Viedma).
En base a esos números, la circunscripción judicial de Roca tramitó el 38,7% de las causas judiciales recibidas en la Justicia rionegrina.
En cantidad le siguieron la tercera con sede en Bariloche con el 31,1%; la cuarta de Cipolletti con el 17,7% y por último la primera con 12,5%.
Es válido recordar que la mayor concentración de denuncias coincide con las regiones de mayor densidad poblacional de la provincia, teniendo en cuenta que cada una de las cuatro circunscripciones judiciales abarcan varias localidades.
La Primera, por ejemplo, incluye el departamento Adolfo Alsina (Viedma, Conesa, Guardia Mitre, San Javier, San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta) y localidades de la Línea Sur no incluidas en la Segunda circunscripción; esta última abarca el departamento Avellaneda (localidades del Valle Medio), Río Colorado, Roca, parte de El Cuy, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao. La Tercera comprende Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquinco y las localidades del Departamento 25 de Mayo no incluidas en la Segunda Circunscripción Judicial, mientras que la Cuarta tiene jurisdicción en Cipolletti, Balsa las Perlas, Fernández Oro, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Campo Grande y Catriel.
Estos datos se enmarcan en el Sistema Intermedio para la recolección de datos sociodemográficos de violencia doméstica puesto en marcha por la Corte Suprema con el apoyo de Unicef.
Desde el Poder Judicial se destacó que este trabajo se rige en el marco de la normativa provincial y nacional vigente, así como en el cumplimiento de las convenciones internacionales y en los requerimientos de la ley nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la adhesión de su par provincial, ley 4650, que dispone que “el Superior Tribunal de Justicia tiene a su cargo los registros sociodemográficos de las denuncias con los alcances dispuestos por el artículo 37 y siguientes de la ley nacional”.