El vocal gubernamental de la obra social IPROSS, Julián Fernández, dialogó con Lo Principal acerca de la denuncia contra la obra social de un servicio de telefonía celular, cuya prestación no pudo ser certificada, y del sistema de compras de la misma.
En cuanto a la contratación del servicio de la empresa Claro por parte de IPROSS, Fernández expresó: “veíamos un debito de una plata por mes que no era siempre la misma, pero rondaba los 15.000 pesos. No sabíamos a que se debía porque no había una justificación cierta”. En la investigación del caso notaron que era un debito de una empresa.
En el avance de la misma lograron hacerse un expediente que intentaba justificar los periodos 2008- 2009 y que daba los parámetros a lo que se debía este debito. “Cuando vimos que esto no estaba justificado con los procedimientos normales que tiene la administración para contratar, sumado a que el servicio no se había contratado, solo hubo simples referencias al principio, no había nada en concreto que nos hiciera entender que ese servicio fue prestado. Por eso no nos quedo otro camino que hacer una denuncia penal”, explicó.
“No está claro que un primer periodo entre dos o tres meses, y fue pagado por cuatros años aunque se haya prestado por dos o tres meses igualmente no hay ningún expediente que lo acredite, es anecdótico casi. Se pagó cerca de 550.000 pesos en un servicio que no existió”, dijo el vocal.
En este marco Julián Fernández contó que ni bien se enteraron de la irregularidad presentaron una carta de documento y se devolvieron los periodos que se debitaron. “Cuando ingresó un nuevo periodo nos comunicamos con el Banco Patagonia que nos informó que la empresa Claro volvió a solicitar los débitos”.
Así se comunicaron con la empresa quien se comprometió a solucionar la situación pero no lo hicieron a pesar de los contactos telefónicos. Al ver la falta de compromiso, decidieron presentar la medida cautelar conjunto con la denuncia.
Según comentó, esta confirmado que el servicio pertenece a la empresa Claro porque son los que solicitan el debito al Banco Patagonia. Para que la provincia pueda accionar en contra de la empresa por no prestar el servicio, se deberá ver más adelante. “Yo creo que dentro la causa penal se va a divisar quienes son los responsables y los motivos, una vez que se averigüe se va a poder ver porque se dio la cuenta del IPROSS para que se debite un contrato personal”.
En este sentido remarcó que se trata de un contrato personal porque “no hay un procesamiento administrativo dentro del Estado que exprese la voluntad del Estado como corresponde. Simplemente hay una firma de un funcionario que en ese momento se le ocurrió contratar un servicio telefónico, Alcides Pinazo”. Así recalcó que lo que se sabe son por investigaciones porque no se cuenta con ningún expediente y la factura telefónica dice Alcides Pinazo no IPROSS.
Se trata de un montón de teléfonos, donde las intenciones habrían sido tener un corporativo para la obra social, que “no se logro porque no se hicieron las cosas como debían hacerse, si esto se hacia por un procesos licitatorio, por un concurso de precios donde se averigüe técnicamente si corresponde, esto no habría pasado”.
Por otra parte en cuanto al proceso licitatorio, Fernández expresó: “Lo que notamos es que el sistema de comparas es obsoleto, burocrático lento y torpe que le provoca muchos daños al IPROSS. Porque llegamos tarde porque pagamos mal. Yo entiendo que el doctor Pinazo tuvo que haber encarado con tiempo procesos de comprar por licitaciones donde uno anticipa los gastos va a tener y convocar a proveedores en base a una licitación abierta.
Así hacer pedidos con precios ya fijados y comparados anticipados por cantidades”.
Y agregó: “Si conoce su obra social uno sabe y uno hace una compra con una base de datos mínima. Así uno sabe más o menos lo que gasta y licitar anticipadamente la comprar de determinada cantidad de insumos para proveerse en el periodo que determine. Al finalizar ese periodo uno compensa con el proveedor lo que excedió o lo que entregó de menos. Y la entrega es en tiempo y forma, el precio es el mismo para todos los productos iguales y no se necesita hacer este concurso de precios por cada uno de los productos”.
“Creo que ese es el camino y es lo que estamos iniciando, lo que pasa que tomamos una obra social sin ningún tipo de estadísticas, sin ningún tipo de base informática no información. Esta realidad no es una casualidad, es lo que permite lo que sucedió. Si una sabe todos los datos es muy difícil que pase todo esto”, sostuvo Fernández.
Con esto se refirió a que la mayoría de las compras no se han hecho a través de licitaciones. “Es lo que estamos tratando de apuntar, a tomar una base de datos suficiente para poder hacer esa compra anticipada”.
En respuesta a Pinazo dijo que “no está tan desacuerdo con lo que decimos, de hecho dice que no recuerda como fue la contratación porque no hay una contratación como corresponde. Y el servicio pudo hacer sido que en un primer periodo se haya intentado expresar pero el problema es que siguieron debitando hasta el 2011. Quizá en una primera etapa funcionó mal y debían haberlo cortado así el daño hubiera sido menor”.
Por otra parte respecto a la cuestión administrativa Fernandez expresó: “me gustaría que me cite el expediente donde se hizo la contratación que no puedo encontrar”.
En cuanto a la otra denuncia sobre la compra de una prótesis que no se había realizado de una prótesis que se pagó y no se entregó, Fernández dijo que se trata de una prótesis de un valor importante de una afiliada. La afiliada con justa razón planteo que venia esperando la prótesis hace dos años. Se trata de una prótesis de un valor de aproximadamente 80 mil pesos.
Asimismo volvió a reiterar: “Estamos avanzando en las licitaciones abiertas, ese el horizonte que nos vamos planteando en cada una de las compras. Anticipar el gasto y comprar para lo que uno necesita”.
Con respecto a los proveedores del Estado que ya no confían que el mismo le pague, Julián Fernández, respondió que es necesaria la confianza del proveedor de que se inicia una nueva etapa donde se va cumplir con los pagos en tiempo y forma. Quizás se pague menos de lo que pretenden pero en tiempo y forma, de este modo lograr que vuelvan los proveedores que se fueron.
Rescató en este sentido que se chequean todo los valores de los insumos, prótesis y todos lo que se está comparando independientemente del concurso que se hace. Se busca un valor razonable acorde al valor del mercado.
