La investigación sobre la polémica licitación de Salto Andersen conforma uno de los expedientes al que se abocará inicialmente el fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone.
Ese trámite comprende la asignación de esa obra a la española Isolux Corsan por 42 millones. La Fiscalía ya solicitó aportes a técnicos de la Universidad Nacional de Río Negro.
Además, Ponzone expresó la prioridad en otras tres denuncias en trámite: el de los “sobresueldos”, las obras no construidas pero cobradas en Comisiones de Fomento, y una publicidad contratada a un medio de comunicación nacional.
La revisión de Salto Andersen, que totaliza 42 cuerpos, se concentra en el procedimiento que concluyó con un contrato de 42 millones en favor de Isolux cuando la licitación se abrió por 21,8 millones, con dos empresas que desertaron por ese precio base. Aún así, el DPA contrató al grupo español.
En diálogo con “Río Negro”, Ponzone reconoció que “la complejidad” del trámite exigió la solicitud de la “colaboración pericial” a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
En referencia a los sobresueldos, el fiscal aludió a cierta “demora porque los expedientes o la documentación original se encuentran en Tribunales”. Manifestó haber enviado una nota al Poder Judicial para que se cumplan normativas destinadas a informar sobre cada expediente en el que se investigan delitos vinculados contra la administración pública. “Esa obligación no se estaba cumpliendo”, afirmó.
En relación al número de expedientes en trámite, el flamante funcionario dijo no tener una cifra exacta aunque manifestó que verifica si “son correctas las decisiones” en las causas archivadas. Dijo haber encontrado causas demoradas -unos tres o cuatro años sin movimientos- de menor cuantía como la pérdida de armas en el área de la Policía o pérdida de computadoras.
Entre sus objetivos, el titular de ese órgano de control consignó la búsqueda de “respuestas lo más rápidas posibles para la reparación del perjuicio al Estado rionegrino o reposición de aquellas sumas defraudadas por todas las formas posibles”. Consideró que “pareciera que cuando se perjudica a la Provincia no se perjudica nadie, y (en realidad) somos todos”.
Insistió en mecanismos “medidas cautelares, apuntando a trabar embargos o inhibición (de bienes) sobre los agentes o funcionarios públicos involucrados”. Sería “se podrá garantizar que, concluida la investigación, y más allá de obtener una condena, cuando se la tenga, no sea ilusoria”.
Críticas “malintencionadas”
El fiscal Ponzone desestimó y calificó como “malintencionadas” las críticas sobre su proceder frente al personal. Argumentó que poco pudo hacer, pues asumió el 4 de abril y que sólo no renovó un contrato.
No obstante, dijo haber encontrado “personal ocioso” y otros que “no tenían asignadas sus tareas de acuerdo a su capacidad. Había gente preparada para confeccionar instrucciones sumariales y estaba simplemente foliando expedientes. Se le otorgó otras tareas, con mayor interés para su desarrollo humano”.
Prometió llamados a concursos para cubrir “secretarías letradas y auditorías contables”. Precisó que “en gestiones anteriores han estado meses con personal a cargo de la secretaría sin hacer llamado a concursos pertinentes”.
El organismo funciona en un edificio en Alsina, entre 25 de Mayo y Moreno. El fiscal entiende que el inmueble “no se ajusta al despliegue necesario”, falta espacio, ni al funcionamiento porque originalmente fue diseñado para una clínica médica.
Existe un llamado a licitación para otro edificio, que deberá tener -como mínimo- 550 metros cuadrados. El contrato propuesto será a 36 meses por un costo total de 611 mil pesos, es decir, casi 17 mil pesos mensuales de alquiler.(FUENTE RIO NEGRO)